Un juez federal determinó otorgar a la Fiscalía General de la República (FGR) la orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita. El juez puede estar incurriendo en delito si el Ejecutivo tamaulipeco tiene fuero.
Todavía en medio de la polémica sobre el alcance del fuero que protegería al mandatario tamaulipeco fue anunciada la decisión del juez federal. El periodista Carlos Loret de Mola lo adelantó, y posteriormente el senador Ricardo Monreal Ávila prácticamente lo ratificó en Twitter cuando acusó al Congreso de Tamaulipas y se pronuncia por la intervención del Senado de la República.
“Insólito: orden de aprehensión al gobernador de Tamaulipas que el Congreso local decidió mantener indebidamente en el cargo, cuando tuvo que haber nombrado sustituto. Ante la crisis constitucional del Ejecutivo local en funciones fugado, se precisan acuerdos y que el Senado actúe”, tuiteó Monreal Ávila.
Por la misma vía, el senador de Morena especuló que García Cabeza de Vaca ya puede estar fuera del país, buscar declararse “perseguido político” y mantener el control del gobierno del estado.
Casi al mismo tiempo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, informó que ha congelado las cuentas de García Cabeza de Vaca por el cargo de presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y anunció que seguirán las investigaciones para determinar si con recursos del gobernador o del gobierno de Tamaulipas fueron financiadas ilegalmente campañas electorales.
Nieto Castillo anunció: “Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables”. No le importó en absoluto la presunción de inocencia.
Cabe señalar que el pasado 30 de abril la Cámara de Diputados concedió el desafuero del gobernador de Tamaulipas por el delito de defraudación fiscal; de los otros consideró que no había los elementos suficientes.
Por 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones los diputados federales aprobaron el desafuero del mandatario tamaulipeco.
Ese mismo día el Congreso de Tamaulipas, por 26 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones, rechazó homologar el desafuero del gobernador, por lo que este podría seguir en funciones.
Además, el Congreso del estado presentó una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que fue resuelta por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que la desechó “de plano, por notoria y manifiesta improcedencia”. Esto significa que la no homologación del desafuero por el Poder Legislativo de Tamaulipas es válida y vigente, y que la decisión de la Cámara de Diputados no afecta sus facultades.
El ministro aclaró que su determinación no prejuzga acerca de la culpabilidad o no sobre el ilícito, y explicó que “existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya en su cargo”. Ello quiere decir que García Cabeza de Vaca mantiene el fuero, pero que, tras abandonar la gubernatura, deberá enfrentar el proceso por los delitos que se le imputan.
En ese marco, la FGR impugnó la determinación del ministro González Alcántara Carrancá el pasado lunes 17 de mayo, lo que querría decir que reconoce que existe el fuero. Sin que exista una resolución al respecto, este miércoles un juez federal otorgó la orden de aprehensión contra el gobernador García Cabeza de Vaca.
Sin embargo, el juez que emitió la orden de aprehensión puede estar incurriendo en un delito al iniciar un proceso contra un servidor público con fuero. En efecto, la fracción XIX del artículo 225 del Código Penal Federal se establece que es un delito contra la administración de justicia “abrir procedimiento penal contra un servidor público, con fuero, sin habérsele retirado éste previamente, conforme a lo dispuesto por la ley”.
