Durante los cinco años de gestión del ahora gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la mayoría de las dependencias estatales incumplieron con la obligación legal de transparentar sus auditorías.
Una revisión a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) realizada por El Universal reveló que secretarías clave no han publicado ninguna cédula de resultados de auditorías internas, ni externas.
En el reportaje de Pedro Villa y Caña se informa que secretarías y dependencias clave, como Seguridad, Finanzas, Bienestar, Salud, Gobierno y la Fiscalía General del Estado, ocultan esta información.
Indica que en la PNT aparecen de manera reiterada leyendas justificatorias para la ausencia de esta información, como “en el presente periodo no se realizaron auditorías internas ni externas al sujeto obligado. Por esta razón, los espacios comprendidos (…) se encuentran sin información”.
Incluso, algunas secretarías han llegado a declarar formalmente que, durante el tiempo reportado, la institución simplemente “no generó información de interés público”.
Dice el texto que, por ejemplo, “el apartado de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa, además de no difundir públicamente copia de las auditorías en la PNT, tampoco ofrece informes de contratos por honorarios ni tampoco de gastos de publicidad oficial”.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa tampoco escapa al señalamiento, pues suma cinco años sin hacer pública ninguna auditoría. En su sección de la PNT, la institución alega que “la información sustantiva de los criterios quedan sin información en virtud que esta institución no tuvo resultados de auditorías en este periodo”.
Además, la fiscalía ha mostrado una transparencia mínima en sus operaciones financieras, limitándose a reportar el año pasado un único contrato de servicios de limpieza por 486 mil pesos.
Esta falta de rendición de cuentas ocurre en un contexto de crisis institucional, luego de que el gobierno de Estados Unidos solicitara recientemente la extradición de Rocha Moya y otros nueve funcionarios por presuntos nexos con el narcotráfico.
Entre los señalados figuran los exsecretarios de Seguridad y Finanzas, Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega, cuyas dependencias precisamente omitieron difundir copias de sus auditorías, contratos de obras, bienes, servicios o gastos de publicidad oficial durante el último año.
La revisión técnica arroja que solo las secretarías de Turismo, Obras y Agricultura cumplieron parcialmente con la carga de resultados de auditorías realizadas el año pasado.
El resto de la administración estatal se mantiene en un vacío informativo que ignora el artículo 19 de la ley en la materia, el cual obliga a los gobiernos a “publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia” en la plataforma nacional, un mandato ignorado por el gabinete de Rocha Moya.
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