La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) decidió no ejercer acción penal en contra de Adriana Pérez Romo, esposa del periodista Joaquín López-Dóriga, quien fue acusada de extorsión por la inmobiliaria Abilia, propiedad de la empresaria María Asunción Aramburuzabala.
De acuerdo con el reporte de Reforma, el pasado 8 de julio la PGJCDMX informó a ambas partes que no ejercería acción penal en contra de Pérez Romo, quien presuntamente intentó extorsionar a Aramburuzabala con cinco millones de pesos por la construcción de un edificio en Rubén Darío 225, en Polanco.
Según la averiguación previa FMH/MH-5/T3/517/15-08, el pasado 2 de marzo la Procuraduría sugirió el no ejercicio de la acción penal por los delitos referidos.
La defensa de Asunción Aramburuzabala tramitó un amparo ante el juez Segundo de Distrito en Amparo, José Díaz de León, quien el 3 de junio determinó que la propuesta de la Procuraduría era violatoria de la ley.
En respuesta, la PGJCDMX tramitó una queja el 15 de junio ante el Octavo Tribunal Colegiado Penal para desechar el resolutivo del juez De León, y aunque determinó que la dependencia incurrió en desacato, no fijó alguna sanción.
Los recursos legales de la empresaria fueron tramitados desde finales del año pasado. El 23 de diciembre inició uno para que la Procuraduría entrevistara a los condóminos del edificio de Rubén Darío, mismo que no fue aceptado.
Tras ser rechazado el amparo, Aramburuzabala tramitó un recurso de revisión para conocer las razones de desechamiento y aunque obtuvo una suspensión definitiva, el Ministerio Público nunca entrevistó a los condóminos.
Por esta razón, se tramitó un nuevo amparo en el que se pide la declaración ya no sólo de los condóminos sino incluso de López-Dóriga, quien presuntamente habría amenazado a la empresaria con atacarla mediáticamente si no cedía ante la extorsión de su esposa.
mahy
