A nombre de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, la legisladora Jannet Téllez Infante, presentó una iniciativa para modificar los castigos impuestos a las mujeres que aborten, y en lugar de las penas carcelarias, se les impongan jornadas de trabajo comunitario y un tratamiento médico integral.
El proyecto no suprime la sanción de seis meses a un año de prisión establecida en el Artículo 322 del Código Penal federal para las mujeres que interrumpan su embarazo o permitan que otra persona la haga abortar; únicamente elimina tres condiciones que los jueces toman en cuenta a la hora de castigar esta acción. Éstas son: que no tenga “mala fama”, que haya logrado ocultar el embarazo o que éste sea producto de una unión “ilegítima”.
En la iniciativa, ya publicada en la Gaceta Parlamentaria, se argumenta que dichas condiciones ya no se ajustan a la realidad actual de las mujeres y en cambio, se fomenta que se les estigmatice y se les coloca en situaciones que pueden considerarse como denigrantes y atentatoria contra su dignidad.
“Esta propuesta no aumenta las penas de prisión ya existentes para el caso de que la mujer voluntariamente procure su aborto, pues anterior a la propuesta que sometemos en este momento a su consideración el Código Penal Federal, artículo 332 en vigor ya contempla sanciones corporales para la mujer que procure su aborto (seis meses a un año de prisión); en este sentido nuestra propuesta pretende precisamente evitar que la mujer, a su elección, evite la aplicación de una pena de prisión misma que ya se encuentra considerada en la legislación penal vigente”, se detalla en el proyecto.
Esta iniciativa del grupo mayoritario se contradice con la que formuló en septiembre de 2019, en donde se propusieron reformas a la Ley Federal de Salud para permitir que la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación tenga vigencia en todo el país.
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