El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, no ha incurrido en conflicto de interés ni ha faltado a la veracidad en sus declaraciones patrimoniales. Así lo dijo hoy en conferencia de prensa la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, al presentar los resultados de tres meses de investigaciones.
La denuncia de conflicto de interés no procedió, explicó Sandoval, porque la temporalidad denunciada no corresponde a la del tiempo que ha estado al frente de la CFE; es decir, Bartlett sólo puede ser investigado por las actividades que ha realizado desde el 1 de diciembre del año pasado, cuando pasó a ocupar su actual cargo público.
Sobre el segundo punto, el veterano funcionario no tenía la obligación de reportar los bienes de su familia, dijo Sandoval. Los bienes denunciados pertenecen a sus hijos, ya mayores de edad, y a Julia Elena Abdala Lemus, la mujer con quien tiene una relación sentimental.
Explicó que con ninguno de los propietarios de las propiedades y bienes denunciados mantiene relación de matrimonio, concubinato o dependencia económica, puesto que cada uno de ellos tiene ingresos propios.
Además, Bartlett Díaz y Abdala Lemus son pareja pero no viven juntos, por lo que no se puede hablar de concubinato. El director de la CFE manifestó ser soltero y no tener concubina.
Agregó que Bartlett Díaz y Abadala Lemus sostienen una relación pero o están legalmente unidos y cada uno vive en diferentes domicilios, además de que ella no depende económicamente de él. Ese tipo de relación no está en la ley, por lo que Bartlett no tenía que reportar los bienes de ella.
Sin embargo, comentó Sandoval, a partir del próximo año los funcionarios deberán declarar el patrimonio de las personas cercanas, incluso afectivamente. “La señora Julia no tenía la obligación legal de hacer declaraciones, pero esto va a cambiar a partir del próximo año, cuando la esposa, pareja o concubina de los servidores públicos tengan que hacer públicas sus propiedades”, advirtió.
Negó que en este caso haya habido exoneración, “sino una aplicación rigurosa y pulcra de la Ley General de Responsabilidades actual”.
Además, señaló que los ingresos de Bartlett y sus posesiones son absolutamente congruentes.
Dijo que en este caso la SFP recibió 33 denuncias ciudadanas, 14 de ellas anónimas, además de 10 alertas ciudadanas. Entre los personajes que presentaron denuncias estaban las senadoras panistas Xóchitl Gálvez y Martha Cecilia Márquez, así como Fernando Belaunzarán, dirigente del PRD.
Las denuncias presentadas sólo contenían información de dos investigaciones periodísticas, así como la declaración patrimonial y de intereses de Bartlett.
La funcionaria también negó que la secretaría a su cargo proteja o blinde a persona alguna, ya que siempre y en todos los casos ha actuado conforme al marco normativo aplicable, como se hará hasta que finalice al actual gobierno. Además, dijo, la SFP no actúa por consigna sino con autonomía e independencia.
AMLO rinde su bandera
Como se recordará, esta investigación fue originada por el reportaje periodístico de Arelí Quintero “Bartlett Bienes Raíces”, así como de un artículo de Carlos Loret de Mola. La reportera iniciaba su texto con una declaración contundente: “El titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, declaró que tiene una fortuna de 51 millones de pesos e ingresos anuales por 11 millones.
“En realidad, su fortuna es 16 veces más grande… solo en propiedades”.
Y añadió que “a través de familiares, empresas y presuntos prestanombres se ha hecho de un imperio inmobiliario de 25 propiedades (23 casas y dos terrenos) con un valor aproximado de más de 800 millones de pesos”.
En un texto publicado apenas conocida la resolución de la SFP, Loret de Mola anota que la exoneración de Bartlett “derrumba el discurso anticorrupción de Andrés Manuel López Obrador. A un año de gobierno, el presidente ha decidido rendir su principal bandera”.
Y añade que desde que se ventiló el asunto, “el presidente adelantó en una conferencia mañanera lo que ocurriría: su Secretaría de la Función Pública iba a investigar y lo iba a exonerar por falta de pruebas”.
