La Procuraduría General de la República (PGR) investiga las 20 propiedades que tienen el exedil de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y que se presume fueron adquiridas con dinero proveniente de las actividades del cártel Guerreros Unidos.
De acuerdo a lo difundido por Milenio Diario con base en el expediente público del caso Ayotzinapa, Abarca cuenta con 17 propiedades en la zona de Guerrero, mientras que su cónyuge cuenta con tres.
Los 20 inmuebles son investigados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), luego de que el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Guerrero informara sobre su existencia.
Sin embargo, las autoridades también buscan propiedades en Tlaxcala y el Distrito Federal, las cuales se sospecha están a nombre de amigos del matrimonio. Entre ellos, un “político” cercano a la familia cuyo nombre está tachado en el expediente.
Entre las propiedades investigadas está la Galería Tamarindos, un popular centro comercial de Iguala, la cual le fue “heredada” al exalcalde, y el Centro Joyero de dicho municipio, del cual también es socio.
Además, Abarca tiene registrado a su nombre un edificio de cinco departamentos; un terreno de siete hectáreas donde construiría ferreterías y restaurantes, y la empresa Grupo Empresarial Abarpin S.A. de C.V., dedicada a la compra-venta de terrenos y a la comercialización de desarrollos comerciales y de casas-habitación.
Por otra parte, la SEIDO cree que las propiedades que adquirió Pineda Villa eran terrenos destinados para la producción de la droga que traficaba Guerreros Unidos.
Entre los elementos con los cuales las autoridades buscan sustentar esta hipótesis, está un testimonio del 3 de diciembre del 2014 que asegura le vendió un terreno a los sicarios del grupo criminal, quienes iban bajo encargo de Pineda Villa.
La supuesta compra se habría realizado en 2007 de manera forzada para construir “un pozo de agua artesanal”, transacción por la cual el testigo recibió dólares. No obstante, el vendedor se percató que los compradores llevaban botes con líquidos, además de que iban acompañados de personas fuertemente armadas.
Ante esta situación, el testimonio relata que notificó al Ejército, quien detuvo a los delincuentes. Posteriormente, asegura que fue amenazada por sicarios que iban en nombre del exalcalde de Iguala y su esposa.
“Fui amenazado por diversas personas, quienes me dijeron que pertenecían a Guerreros Unidos y que tenían instrucciones de María de los Ángeles Pineda y de José Luis Abarca de matarme a mí y a toda mi familia por haber denunciado”, se lee en el expediente.
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