En rechazo al proyecto de la magistrada Janine Otálora, la Sala Superior del TEPJF avaló la existencia del Frente Amplio Por México y el proceso para seleccionar a su “responsable” que es el eufemismo para designar al candidato presidencial.
En sesión general, los magistrados debatieron y votaron el proyecto que proponía suspender el proceso interno convocado por el Frente, las actividades de sus aspirantes y la existencia misma de esa figura.
El TEPJF determinó instruir al INE a emitir lineamientos para regular y fiscalizar las actividades de los doce aspirantes que perduran en el proceso, mismos que se encuentran realizando recorridos en el país para pedir “simpatías” que es como se le llama a las firmas electrónicas en favor de cada aspirante.
Esa instrucción fue válida también para los que aspiran a ser “coordinador” dentro del proceso de Morena.
Al defender su proyecto, Janine Otálora dijo que “el proceso de selección de la persona responsable de la construcción del Frente Amplio por México supone la exposición de las y los aspirantes ante militantes y simpatizantes de estos partidos políticos y ante la ciudadanía, a quienes incluso se les solicitará un apoyo expreso, además de que las personas aspirantes deberán plantear su visión sobre México”, lo cual tiene naturaleza electoral.
Así, dijo, “es dable advertir que dicho proceso tiene la naturaleza de una contienda interna en el ámbito electoral, en la que resultará ganadora la persona con más apoyo social y partidista; quien, con independencia de su denominación, será postulada como candidata en el proceso electoral federal a celebrarse el año entrante”.
Por lo anterior, pidió suspender del todo el proceso.
En su argumentación, Reyes Rodríguez aceptó que es totalmente posible que el proceso del FAM vulnere la equidad de la contienda, pero que suspender todo el proceso no es la única salida. Dijo que la solución planteada por Otálora es “una solución posible, correcta y ética” pero no la única posible, ni la única ética y correcta.
Y propuso una alternativa que, dijo, se corresponde con la primera vez que existe un Frente de esta naturaleza, por lo que habría que encontrar una solución “correcta ante esta realidad”.
Mi solución “coincide, desde mi perspectiva, en ser la solución correcta; correcta ante esta realidad, que por primera vez impone al Tribunal Electoral pronunciarse sobre, en este caso lo haremos sobre la construcción del Frente Amplio Progresista y el litigio respecto a la invalidez o validez de su convocatoria para elegir a la persona responsable de esa construcción”.
Así, manifestó que el INE “debe asumir la responsabilidad de emitir lineamientos generales que regulen y fiscalicen el proceso del Frente Amplio por México y de aquellos que tengan una finalidad similar para salvaguardar la equidad del proceso electoral 2023-2024; sobre todo, porque advierto que este no es el único proceso partidista de esta naturaleza que se encuentra en curso y que también podrían darse otros a nivel local”.
Reyes Rodríguez aseguró que las actividades de ambos grupos políticos se realizan en el ejercicio de su libertad intrapartidista. Aseguró que su propuesta no significa dar impunidad a los aspirantes.
Tras la votación y el rechazo de su proyecto, Otálora criticó la postura de sus pares, a quienes señaló de haber privilegiado “cuestiones fácticas”, por encima de las leyes.
Por medio de su cuenta de Twitter dijo que no está de acuerdo que “cuestiones fácticas y el comportamiento de los partidos conduzcan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a realizar interpretaciones que generan un sistema paralegal”.
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