Por decisión unánime, el Tribunal Constitucional de España anuló la declaración de independencia que aprobó el Parlamento de Cataluña, el pasado 9 de noviembre, arguyendo que dicha facultad va más allá de sus atribuciones y que vulnera la Constitución española.
“El Parlamento no tienen la legitimidad que se atribuye para desvincularse unilateralmente de España y constituir un Estado. La Cámara autonómica no puede erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política, hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propiedad”, se lee en parte de la sentencia difundida este miércoles por El País.
Esto quiere decir que los poderes que se adjudicó el propio Poder Legislativo catalán para separarse de España vulnera la propia Constitución de la que pretende deslindarse.
A pesar del fallo, el Junts pel Sí y la CUP (quienes aprobaron la propuesta independentista) señalaron que la resolución era sólo “una aspiración o deseo” y que no tenía validez jurídica, no obstante que los magistrados que analizaron el dictamen sí consideraron esta acción como “el acto fundacional” de una nueva nación.
De acuerdo al reporte de El País, la decisión de revocar el mandato catalán se tomó en tan sólo tres semanas, cuando el máximo poder judicial español tiene discusiones pendientes desde hace cinco años, como es el caso de ley del aborto.
Aunado a ello, se han señalado algunos detalles que orientan la premura a las próximas elecciones generales, cuyas campañas inician este viernes.
Por ejemplo, en ninguna de las 33 páginas de la sentencia se especifica a qué autoridad hay que notificar la resolución, ni hace mención de la ley orgánica del Constitucional que le da la facultad de suspender los cargos públicos que incumplan con los fallos de la corte.
mahy
