Desbordado por el espíritu liberador del 68, Pablo Gómez tuiteó que el voto es legalmente obligatorio y que la pena por abstención es un año de suspensión de los derechos políticos. Esa norma nunca ha sido realidad en México, democracia o no. Ni “aquí y ahora” sería una disposición democrática. Gómez lo dice en defensa de la elección judicial de su partido, no de la verdadera democracia, y como velada amenaza a los ministros disidentes y salientes de la suprema corte. Pero, además, su afirmación representa otros problemas. La elección federal anterior fue –como jornada de votación- el 2 de junio de 2024, la elección judicial es el 1 de junio de 2025; en la elección anterior –todavía democrática, pero apenas- se abstuvieron alrededor de 40 millones de votantes posibles, así que según Gómez hoy habría 40 millones de mexicanos con derechos políticos suspendidos por ley como consecuencia de esa abstención. Es falso. Lo que es cierto es que gracias al partido de don Pablo iremos perdiendo derechos políticos, poco a poco, no por una fantasmal norma constitucional sino por el autoritarismo obradorista, con o sin Constitución. Vaya estupideces que dice el obradorista gourmet… Gómez tiene el descaro de presentarse como “crítico del Estado y la sociedad” cuando además de bon vivant gastronómico es el policía político-financiero del Estado neopriista en formación. Simulador.
Simuladora como Gómez, Mónica Soto salió a defender la participación en la nueva obra de teatro obradorista. No puede sorprender: la magistrada que preside el tribunal electoral federal es una oportunista que ha corrompido su labor jurisdiccional. Afirmó que llamar a no votar no es democrático. La señora no sólo se une al llamado oficialista, disfrazado como defensa del voto en democracia, sino que ignora cuáles son las condiciones de la democracia real. La abstención puede ser, a nivel individual y colectivo, una opción y una herramienta tanto en la democracia como en el autoritarismo. En ambos contextos se relaciona con la protesta como hecho y como derecho, pero dudo que Soto haya pensado al respecto. La democracia siempre incluye elecciones y el autoritarismo puede incluirlas, por lo que no todas las elecciones son democráticas y participar en ellas puede servir a la oposición pero no hacerlo también puede tener un sentido estratégico y prodemocrático. Depende de las condiciones particulares de cada caso. En el caso personal de Soto, sólo se trata de ayudar al obradorismo. Éste, bajo las circunstancias actuales y reales, necesita que la votación no sea tan escasa para elevar un poco la baja apariencia de legitimidad –o para lavarse un poco la cara.
En otras palabras, el obradorismo, sus aliados y cómplices –como Mónica Soto- buscan desesperadamente inflar la votación. Lo intentan con “argumentos” mediáticos chantajistas como los de la magistrada y con el acarreo. El acarreo conlleva otra ayuda para el acarreado, el “acordeón”. Sin esa guía no podrían votar correctamente los “movilizados”, no sabrían cómo ni por quién. Es un problema que vive en el corazón de esta elección autoritaria:
Los que voten siguiendo un “acordeón” no ejercerán un voto democrático: no será libre y secreto: el sentido o contenido de sus votos será conocido de antemano por quienes indujeron, prepararon u ordenaron esos votos.
Sí:
Como lo que se ha generalizado no es la buena información sobre los malos y pésimos candidatos sino la desinformación y la apatía y, entonces, el grado de una probable votación independiente no puede ser mayor al grado de la segura votación acarreada, el uso de los “acordeones” significa que en la mayoría de votos de la minoría votante el voto no será ni libre ni secreto. No es y no será una elección democrática. Punto.
Penosamente, muchos comentócratas de oposición no han comprendido que la reforma judicial fue también una reforma electoral autoritaria. Una reforma electoral en sentido estricto y en sentido contrario al de la transición democrática de finales del siglo pasado. El sistema electoral mexicano está ya cargado hacia el autoritarismo. Y, por lo mismo, ni siquiera anular tiene sentido esta vez. Ninguno. No tiene sentido democrático y no tendrá efecto democrático. La elección es autoritaria, de un partido, el oficial, aún de AMLO, que será el partido que elija al grueso de los próximos jueces. Así controlará al poder judicial. Y estará más cerca el cierre de la transición antidemocrática. Terminará cuando se haga otra reforma electoral que complete lo que se inició con el ataque de AMLO al INE, el deterioro del Instituto y la reforma judicial: la plena transformación autoritaria del sistema electoral. Hacia allá vamos. Con nuestros votos o sin ellos.
Por todo eso, esta ocasión, lo mejor es no participar de ninguna manera.
Extra: “Los antiguos defensores [en todos sus tipos] del poder judicial se convirtieron en sus críticos, en tanto que el Gobierno había cambiado de la crítica a la alabanza. Hoy en día, la crítica a los tribunales, incluso por los profesores en derecho, interesados en elevar las normas de la administración de la justicia, puede ser peligrosa”. Es una cita de un documento del Africa Bureau, Fact Sheet #24, de diciembre de 1972, sobre la situación del poder judicial en Sudáfrica bajo un régimen autoritario. De izquierda o derecha, en todos los regímenes autoritarios sucede lo mismo, en un momento u otro. Es la pérdida total o casi total de la independencia judicial. Los obradoristas empezarán a defender al nuevo poder judicial, pues lo controlarán, y nosotros empezaremos a criticarlo o lo criticaremos aún más.
