Los propagandistas del régimen andan barnizando la contramarcha presidencial como un ejercicio de civismo voluntario nutrido de ciudadanos libres que apoyan a su señor licenciado presidente. Están machacando la idea de que el acarreo no tiene nada de malo, que es una forma legítima de hacer política y que los acarreados son igual de ciudadanos que quienes marcharon para defender al INE.
Incluso sin acarreados, ambos bandos no serían moralmente iguales. Uno marcha para destruir la democracia; el otro para defenderla. Equipararlos es igualar al autoritarismo y la resistencia, al agresor y al agredido, un ejercicio propio de esa zona gelatinosa que hemos convenido en llamar ‘Corea del Centro’, cuya ingenuidad perversa le hace de nuevo el juego al régimen a partir del supuesto de que ambas son expresiones igualmente democráticas.
Formalmente, los acarreados desde luego son ciudadanos: pueden tener un pasaporte y –qué ironía– hasta credencial del INE; pero no están siendo ciudadanos enteramente libres al ser acarreados. La práctica es tan nociva democráticamente que ese atentado contra la ciudadanía está tipificado como un delito durante las jornadas electorales. Un acarreado es un instrumento del poder a cambio de una prebenda financiada con recursos públicos. Es decir, no se trata de un mecenazgo de la sociedad civil independiente facilitando la participación a gente desfavorecida que quiere manifestar su punto de vista pero no puede por falta de recursos. Se trata del gobierno, utilizando el dinero de todos, para su causa: corrupción democrática.
Los acarreados no son todos ciudadanos libres eligiendo sus cadenas. La peor cara del acarreo es la coacción. La revista Proceso ya reportó que talleristas del programa Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) de la Ciudad de México denunciaron que están siendo obligados a acudir a la marcha del presidente y que, de no hacerlo, tendrían sanciones administrativas. Eso es coerción. Literalmente se está utilizando el aparato administrativo del gobierno para obligar a una persona a hacer algo que no quiere. La del domingo será una marcha de no pocos secuestrados.
Finalmente está la cultura política. El acarreo es uno de los peores trastornos del régimen corporativo priista que incorporaba a las multitudes a las arcas del Estado. El acarreado es más súbdito que ciudadano porque está sujeto a la autoridad política del líder que lo acarrea, mientras que el ciudadano es el titular indiscutible, único y libre de sus derechos políticos. La crítica al acarreado no viene del clasismo en términos materiales, como sostienen los normalizadores aduciendo un argumento tan desvergonzado que ni al PRI se le ocurrió en sus mejores épocas. La crítica es en términos cívicos: un acarreado no tiene el mismo valor cívico que un manifestante libre.
Valorar cada marcha en su justa dimensión cívica y democrática es la única manera de compararlas.