Para todos los que están enfrentando la adversidad en la tormenta
Siempre que se habla en la agenda nacional de las concesiones de radio y televisión escuchamos argumentos que se repiten, entre ellos, que el espectro es propiedad de la nación y que, precisamente por eso, se otorga como concesión a agentes privados.
Según algunos eso explica por qué los concesionarios de televisión —y en menor medida los permisionarios de radiodifusión pública— pagan al Estado dos impuestos: por su actividad económica, en la forma de impuestos; y en los tiempos que ceden al Estado. Ambos son ineludibles.
Luego, los congresistas en la reforma en telecomunicaciones decidieron colocar a la radiodifusión como un servicio público de interés general en la Constitución, es decir, de interés de todos, no exclusivo de los concesionarios o permisionarios, de sus audiencias o sus anunciantes.
Por eso —y no hay que engañarse— el apagón analógico no es un asunto entre particulares, o entre particulares y el Estado. Es entre particulares, el Estado y los mexicanos. Es un asunto público. Las audiencias, las decenas de millones de personas que tienen acceso a televisión, son y deben ser parte de la discusión, pero más aún el centro de las decisiones.
Hace pocos días se bajó el interruptor de la señal análoga en Monterrey y el resultado quedó lejos de ser el ideal. Aunque se han presentado datos que aseguran que 9 de cada 10 hogares logró transitar a la televisión digital, hay cifras que indican que 46 por ciento de las televisiones no estaban listas porque no eran una TV digital, carecían de decodificador para la señal o no contaban con antena. Pero además, los excluidos son, precisamente, los que más aprovechan la televisión abierta y gratuita.
Y eso que Monterrey es una zona urbana donde la proporción de hogares de estratos sociales bajos es pequeña, comparada con la media nacional e inmensamente menor a la de estados como Guerrero, Oaxaca o Chiapas.
Si en la capital de Nuevo León fue de esa complejidad impedir la falta de teles preparadas, ¿qué podemos esperar de regiones enteras donde la población en pobreza representa la mayoría de la población? Y no hay que escudarse en los padrones de Sedesol nada más, también en realidades geográficas.
Quienes más se rezagan en los cambios tecnológicos suelen ser aquellos que tenían ya un tramo más largo por recorrer. De continuar con el calendario del apagón analógico para el último minuto de este año, la brecha digital se ahondaría, porque lo que es un hecho es que quienes se quedarán fuera serán, irremediablemente los marginados.
Y volvemos al argumento: si la televisión es un servicio público de interés general, los mexicanos tienen derecho a ver lo que se transmite en ella, y en la actual circunstancia, como está definido en la Constitución, muchos verían ese derecho afectado, el primer minuto del 2016.
Nadie niega que la televisión digital terrestre sea el horizonte hacia el que hay que dirigirse, pero se debe perder el miedo a redefinir y a corregir su llegada, como si la fecha estuviese grabada en piedra. En los países más desarrollados —que ya transitaron a lo digital— las fechas se pospusieron ante las complicaciones que evidenció la realidad. Y no pasó nada.
De eso se trata la decisión que hoy tienen los legisladores, resolver un entuerto en el que, primero convirtieron la televisión en un derecho, y luego, pusieron una fecha que hace imposible su acceso.
Abatir la brecha digital es también asegurar que no sean los mismos de siempre, los más pobres, quienes se rezaguen otra vez.
Este artículo fue publicado en La Razón el 26 de Octubre de 2015, agradecemos a Luciano Pascoe su autorización para publicarlo en nuestra página
