En Colombia se la han pasado debatiendo cuál debiera ser la mejor estrategia para enfrentar al narcotráfico. Una variante importante, en relación a México, es el nexo entre narco y guerrilla.
Desde donde se vea, ha quedado claro que si bien algunos capos de la droga juegan un papel trascendente, acabar con ellos sería algo así como entrar en los terrenos de “el rey ha muerto, viva el rey”, como se ha visto en infinidad de ocasiones.
La industria de la droga es importante y estratégica, pero por más influyente y poderoso que sea un capo, tarde que temprano será sustituido. La complejidad del escenario colombiano imposibilitó, y todavía imposibilita, la acción de los cuerpos de seguridad y particularmente de la justicia.
La persecución en contra de Pablo Escobar tenía que ver con un firme intento por frenar a uno de los cárteles más poderosos de las drogas, pero también estaba de por medio una dolorosa afrenta que tenían el Estado y la sociedad colombiana con el llamado “patrón”.
Se sabía que su detención o muerte se convertiría en un indicador en la gobernabilidad y quizá también el fin de una oprobiosa época, pero también estaba claro que detrás de Escobar vendría alguien a sustituirlo.
El general Oscar Naranjo, exvicepresidente de Colombia y factor clave en el fin de Pablo, nos decía en una aleccionadora conversación que la clave para enfrentar al narcotráfico requería de objetivos precisos: pensar sólo en detener a los capos, nos decía, es perder de vista a los ciudadanos, incluso en aquellos que eventualmente estén metidos en el negocio… lo que no debe pasar es que no haya coordinación, porque de inmediato aparece el factor sorpresa y ante ello los costos son muy altos.
Colombia y México viven realidades paralelas con variantes. En los dos países hay claridad de que para atemperar al menos la fuerza y peso del narcotráfico se requiere de atacar sus orígenes, las condiciones de país y seguir la ruta al dinero. Detener a un capo no deja de ser una apetitosa información para los medios y las redes, pero al final es claro que es entrar en los terrenos del “quítate tú para ponerme yo”.
Tiene razón López Obrador cuando habla de no agitar el avispero. Lo que plantea es que a pesar de la relevancia que adquiere detener a los capos, al final pudiera ser menos importante de lo que parece, en función de la seguridad, la descomposición social y el tráfico de drogas.
El proceso de reacomodo resulta particularmente complejo porque se da en medio de cruentas luchas intestinas. La pelea por la plaza llega a alcanzar a la seguridad de los propios ciudadanos, quienes ven afectada de manera severa su cotidianeidad, la cual de suyo ya lo está.
Esto no significa que no se deban atacar las altas estructuras de las organizaciones, pero lo que está probado es que mientras no se tengan estrategias integrales el futuro será igual que el presente, pero corregido y aumentado.
Algo pasó en Culiacán que escapó a todos, incluyendo al propio Presidente. Seguimos bajo muchos pendientes porque no se alcanza todavía a conocer una versión oficial de lo sucedido. Estamos entre opiniones, versiones, filtraciones, pero al final si algo queda en el imaginario colectivo, más allá de que la popularidad del Presidente se mantenga, es el hecho de que las cosas se hicieron mal y se terminó haciendo lo que López Obrador precisamente no quiere, o sea le pegaron en serio al avispero y todo indica que no sirvió de nada.
Queda claro que el narcotráfico es un problema multilateral, pero lo de Culiacán es un asunto estrictamente de nosotros.
Es una ruda lección, pero también un aprendizaje y paradójicamente una oportunidad.
RESQUICIOS.
Ahora sí viene la legislación sobre la cannabis. Hay que poner por delante la libertad y los derechos ciudadanos. Muchas cosas están probadas sobre los efectos medicinales, una reglamentación amplia, sensible, inteligente de la mano de los especialistas nos hará gratamente adultos a todos.
Este artículo fue publicado en La Razón el 25 de octubre de 2019, agradecemos a Javier Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
