El 6 octubre de 1934 el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, declaró de modo unilateral, la independencia de Cataluña. La república española vivía momentos difíciles, que se complicarían en los años siguientes y se profundizarían con la guerra civil.
La jugada de Companys fue atrevida y poco meditada. Creyó, como lo hacen los hombres de buena fe, que la voluntad misma de su presidencia engarzaría deseos con realidades. Así no funciona la política. El presidente estaba sometido a enormes presiones, sobre todo por los sectores más catalanistas.
Companys terminó en prisión, arrestado por el general Domingo Batet, un militar comprometido con la legalidad y ajustado a todos sus rigores. El saldo de aquellas horas dejó 80 muertos, producto de enfrentamientos entre los Mossos d´Esquadra y los batallones militares.
Batet, por cierto, moriría fusilado, años después, al no alinearse con el general Francisco Franco.
Companys volvería al poder en 1936, con el triunfo del Frente Popular, pero ya en un contexto abierto de guerra civil. Partió al exilio a Francia, donde sería detenido por las autoridades y entregado al gobierno franquista. También en octubre, pero de 1939, moriría fusilado.
Lo que es la historia: ochenta y tres años después otro presidente catalán está bajo custodia de las autoridades, pero esta vez en Bélgica y producto de otra declaración de independencia, errónea también.
Pero las diferencias con Companys son notables y en primer lugar porque Cataluña, en la actualidad, ya gozaba de la autonomía más grande de su historia y bajo reglas democráticas. En el horizonte no hay riesgos autoritarios y mucho menos golpistas.
El saldo es triste. Cataluña es menos autónoma y los personajes más relevantes de su gobierno están tras las rejas.
Más allá del debate, sin duda pertinente, sobre la mesura o desmesura de las acciones judiciales, lo evidente es que se esboza con claridad el costo de la irresponsabilidad política, inclusive a costa de lo que se dice representar.
Por fortuna, la salida al problema tiene el horizonte de la elección del 21 de diciembre, en la que los catalanes, ahora sí en una contienda transparente, podrán decidir qué gobierno quieren para los próximos años.
Se tendrá que plantear, también, el modelo de relación de las autonomías, pero dentro del pacto y el horizonte constitucionales.
Al parecer, y según los primeras mediciones, las fuerzas independentistas estarán en condiciones de formar gobierno, aunque acotadas y ante expresiones que tendrán una mayor presencia y voz en el Poder Legislativo.
Nada será igual, eso es seguro, y quizá la mejor lección es la de entender que ahora España es una de las democracias más vigorosas de Europa y en un momento en que es necesario conjurar el populismo y todos sus peligros.
Este artículo fue publicado en La Razón el 6 de noviembre de 2017, agradecemos a Julián Andrade su autorización para publicarlo en nuestra página.
