Andrés Manuel López Obrador otorga un lugar muy especial en su discurso al Estado de derecho. Y no por casualidad; muchos de los males y vicios del país se deben a la ausencia de un genuino Estado de derecho. En cambio, dice AMLO, hemos tenido un “Estado de chueco” (como lo llamaba Gabriel Zaid), que se presta a la corrupción y la impunidad, falta de justicia, abusos varios, nepotismo y amiguismo. Por lo cual, el actual gobierno tendría que impulsar y fortalecer ese Estado de derecho. Pero no parece ser el caso.
Por ejemplo: el Estado de derecho podría avanzar significativamente con el caso de Emilio Lozoya, pues abre una gran cloaca en la que, presuntamente, están involucrados grandes peces gordos de varios partidos (PRI y PAN, en particular) y alcanzaría a algunos expresidentes. De hacerse la investigación de manera adecuada, y en su caso aplicar las sanciones penales correspondientes, se sentaría un gran precedente para avanzar en un Estado de derecho más eficaz. En cambio, si como hasta ahora parece, se utiliza esencialmente como arma política para desacreditar a los adversarios de López Obrador, y como instrumento de propaganda electoral para el 2021, seguiremos básicamente en el desorden jurídico de siempre.
Getty Images
En muchos de sus hechos y dichos, Andrés Manuel refleja en cambio un gran desprecio por la legalidad; y es que tiene una inspiración más bien revolucionaria que democrática, lo que hace una enorme diferencia. Los revolucionarios, por definición, están dispuestos a saltarse la legalidad vigente, destruirla, incluso incurriendo a la vía armada (que por definición es un desconocimiento de la legalidad vigente). Y eso lo ha dicho varias veces López Obrador; importa más la justicia que la ley, ha declarado. Justo el camino para la anarquía, la autocracia y la arbitrariedad. Y es que la noción de justicia puede variar de una persona a otra, de un grupo a otro. Cada quien tiende a ver su propia causa como justa, por lo que si para sacarla adelante requiere de pasar por encima de la ley, lo hará. Pero así podrían hacerlo todos, destruyendo cualquier viso de gobernabilidad y estabilidad.
La vía democrática, en cambio, exige cumplimiento y apego a la legalidad, justo para permitir la convivencia pacífica de grupos con distintas visiones e intereses. Sin dicha normatividad, todo terminará en caos y una guerra de todos contra todos, o bien en una dictadura. Pero los revolucionarios tienen poco respeto por la democracia y el Estado de derecho, pues estorba a sus proyectos y pretensiones. Y eso es justo lo que refleja el quehacer de López Obrador. En los escándalos de corrupción que van de una parte a otra lo ha reflejado; no importa el debido proceso, sino pegarle a la oposición políticamente. Y los dineros ilegales para las campañas, de lo que tanto se quejaron, son ahora una contribución para una gran causa, incluso revolucionaria, por lo que no importa, de nuevo, que se violente la ley.
Y otra señal de desprecio por la legalidad es la convocatoria a una consulta ciudadana para determinar si se procesa a expresidentes que pudieron haber incurrido en corrupción. En un Estado de derecho la ley se aplica, no se somete a la voluntad popular como si fuera Pilatos consultando si soltar a Jesús o a Barrabás. Pero AMLO está vislumbrando otro de sus trucos; que la consulta se haga en fecha cercana a la elección en 2021, de modo que la gente llegaría a la urna con la idea de castigar a la oposición a través de los expresidentes, lo que probablemente tendería a traducirse también en un voto por Morena. De nuevo, es una treta electoral revestida de legalidad.
