“Que nunca se permita el amiguismo, el influyentismo y el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. MORENA debe ser faro de moralidad”, escribió Andrés Manuel López Obrador en 2015, cuando el partido de color sangre estaba recién registrado y estrenado. En forma reiterada y flamígera, mitin tras mitin, tuitazo tras tuitazo, señaló que el principal problema nacional era la corrupción. Siete años después, incluidos los cuatro en que ha exacerbado el presidencialismo y se ha pasado por el arco del triunfo la división de poderes, el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo y otras lacras campean en su gobierno. La corrupción va al alza, tanto como la inflación.
AMLO se ha empeñado en cultivar su imagen como la de una persona de ingresos modestos (“No tengo cuentas bancarias, no tengo tarjetas de crédito, nunca he tenido… Tengo mis ahorritos y manejo mi efectivo”, repitió el 14 de octubre). Pero, como gobernante, carece de una política anticorrupción. O, en todo caso, su política anticorrupción se limita a una frase demagógica y a un sketch: aquello de que las escaleras se barren de arriba para abajo (pretendida metáfora que repite cada vez menos) y el numerito del pañuelo blanco, que ha escenificado una veintena de veces en su show mañanero.
Nada de Sistema Nacional Anticorrupción, instrumento que se borró del mapa de la 4T desde inicios del sexenio. Una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que lleva casi cuatro años de pernocta, con un récord de judicialización de menos del 8% de las denuncias que recibe y que ha conseguido la fabulosa cantidad de… CERO sentencias. La conducta omisa de esta fiscalía se corresponde con la de un gobierno que dio paso libre a la impunidad de los servidores públicos corruptos.
La Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del ITAM estima, en su Informe 2021, que la corrupción cuesta al país 347 mil millones de pesos al año (entre el 5 y el 10% del PIB), monto que considera el descalabro a las finanzas públicas, las oportunidades de desarrollo perdidas por la ausencia de una administración honesta de los recursos y lo que pagan los particulares por concepto de mordidas. Quien presume su honestidad, autoridad moral y prometió erradicar la corrupción imperante en sexenios anteriores, no ha hecho otra cosa que profundizar el problema.
Los datos duros de la realidad suelen demostrarlo. El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional califica con 31 puntos a México (en una escala de cero a 100, donde 100 sería la mejor calificación posible). Nuestro país quedó ubicado en la posición 124 de los 180 países evaluados por ese organismo no gubernamental. México es el país más corrupto de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Un panorama similar ilustra el INEGI en su Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021, cuyo informe se dio a conocer en mayo de este año. Según los resultados de esta encuesta, el 86.3% de la población consideró frecuentes los actos de corrupción en las instituciones de gobierno. La tasa de incidencia fue de 25 mil 995 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes. Los actos de corrupción se presentaron en mayor medida al tener contacto con las autoridades de seguridad pública y al hacer trámites ante el Ministerio Público. A nivel nacional, se estima por el INEGI en 9 mil 500 millones de pesos el costo de los cohechos que deben cubrir los particulares debido a actos de corrupción, lo que equivale a 3,044 pesos en promedio por persona.
Se debe reconocer que asiste la razón al presidente cuando neciamente sale con la muletilla de que “No somos iguales”. No son iguales, son peores.
Cincelada: Es creíble que López Obrador no utilice cheques ni tarjetas bancarias. Es más probable que maneje solo el cash que sus cercanos le allegan en sobres amarillos.
