Rosario Ibarra de Piedra organizaba huelgas de hambre para hacer visible su lucha, el esfuerzo por encontrar a su hijo desaparecido. Uno de los más importantes ayunos lo realizó, junto con otras madres agraviadas, en la entrada de la Catedral de la Ciudad de México.
Sus exigencias llegaron a Los Pinos y los mandatarios actuaron con pragmatismo, y con cuidado, ya que las familias de los desaparecidos estaban presentes en una agenda que tarde o temprano tendría que ser discutida.
Así fue como se aprobó la Ley de Amnistía en 1978, la que permitió que cientos de personas, que habían cometido delitos por motivaciones políticas, salieran de prisión.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se creó para atender lo que ya era un problema estructural por los excesos que cometían las policías y los ministerios públicos, por la práctica recurrente de la tortura y por los casi 500 desaparecidos, la mayoría en los años setenta, durante la guerra sucia.
A Rosario Ibarra nunca le convenció la CNDH y no quiso consultar el expediente que, sobre su hijo, elaboraron los visitadores adjuntos y por ello nunca fue público.
La CNDH se ocupó de resolver un agravio del pasado, pero también de estructurar una institución que sirviera a los mejores intereses, como en realidad lo hizo durante décadas y de ello hay múltiples testimonios.
Desde las primeras recomendaciones puso contra las cuerdas a gobernadores, procuradores y agentes policiacos, y quedó claro que la defensa de los derechos humanos era una prioridad, la que con el tiempo adquirió el carácter constitucional con el que ahora, todavía, cuenta.
El primer ombudsman, Jorge Carpizo, estableció coordinación de búsqueda de personas desaparecidas e hizo hallazgos importantes, sobre todo en lo que se refiere a la mecánica represiva que se utilizó contra las guerrillas urbana y rural luego de 1968.
Se demostró que desde el Estado se violó la ley utilizando la cuartada de protegerla, en el absurdo de cometer delitos para en teoría castigar los delitos.
Pero le tocó a José Luis Soberanes el presentar todo un informe que narra las atrocidades de la guerra sucia e inclusive se le entregó al presidente Vicente Fox un listado de probables responsables de la violación a los derechos humanos durante aquellas décadas oscuras.
La Fiscalía del Pasado, radicada en la PGR, tuvo a su disposición los documentos y análisis y ello, sumado a otras evidencias, permitió consignar a un expresidente de la República.
Por eso, me parece, lo que tendría que hacer la CNDH en la actualidad es atender la emergencia que vive el país, con sus miles de muertos y desaparecidos. 2019 tuvo el nada edificante privilegio de ser uno de los años más mortíferos de nuestra historia.
No se trata de olvidar lo que ocurrió hace 50 años, porque eso ya lo sabemos, sino evitar que se mantengan esquemas criminales que, desde el poder, atentan contra los derechos fundamentales en la actualidad.
El trabajo de la CNDH, desde Carpizo hasta Luis Raúl González Pérez, resultó sólido y como ejemplo están las Recomendaciones Generales, cuyo propósito es el de mostrar la gravedad de algunos de los problemas más urgentes.
Muchos de sus expedientes son un retrato de lo que nunca debió ser, como Aguas Blancas, pero también una oportunidad para la no repetición.
Por desgracia, y escuchando el discurso de la titular de la CNDH, no parecen existir motivos de optimismo sino lo contrario. El error del Senado en la designación de Rosario Piedra es más que evidente, pero tampoco harán nada por repararlo.
Y no lo harán porque ese era el propósito, debilitar a la CNDH para despojarla de su prestigio y hacerla inoperante.
Este artículo fue publicado en La Crónica de Hoy el 29 de enero de 2020, agradecemos a Julián Andrade su autorización para publicarlo en nuestra página.
