En días pasados el Senado de la República y la Cámara de Diputados aprobaron una reforma al artículo 19 constitucional donde se incrementa la lista de delitos que obligatoriamente ameritan prisión preventiva.
La lista incluye crímenes diversos desde desaparición forzada, robo de transporte y delitos de robo de hidrocarburos hasta delitos electorales y por actos de corrupción.
A primera vista pareciera que es un avance en la lucha contra la delincuencia y muy razonable: ¿quién pudiera estar en contra de encarcelar delincuentes?, no obstante, la reforma se refiere a la prisión preventiva, es decir trata de la encarcelación obligatoria de personas que aún no han sido enjuiciadas, que no han tenido la oportunidad de defenderse y por lo tanto constituye una clara violación a los derechos humanos.
En los países democráticos y con respeto a los derechos humanos, la prisión preventiva solo se utiliza en casos excepcionales, cuando existe un evidente riesgo de fuga, cuando el procesado es reincidente o existe el peligro fundado que el imputado entorpezca o imposibilite la investigación. Esta detención tendrá siempre un limite temporal ya que de otro modo se violaría la garantía de debido proceso.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han manifestado su oposición a dicha reforma, ya que es claramente violatoria de las garantías individuales y de los derechos humanos, ya que echa por tierra el principio de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
El gobierno actual, en su prisa por demostrar su voluntad de cambio, envió la iniciativa y el partido mayoritario y sus aliados han aprobado la regresión al sistema inquisitorial que tantas décadas de lucha costó cambiar.
La reforma desconoce la presunción de inocencia y obliga a los jueces a encarcelar a las personas solo por el tipo de delito del que han sido acusados; esto es contrario a los estándares penales internacionales y convierte en regla lo que debería ser una excepción.
Existe el peligro de que, con una mera acusación de corrupción o delitos electorales, se encarcele a opositores del actual gobierno, la reforma es un arma muy poderosa que deja en estado de indefensión a los acusados, los que tendrían que enfrentar el proceso legal tras las rejas, impidiéndoles colaborar de manera efectiva en la defensa o siquiera de trabajar para pagar un abogado competente.
Por lo pronto el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldivar, ha manifestado su férrea oposición a la reforma, la que ahora esta en etapa de aprobación en los congresos estatales.
La oposición y la sociedad civil deben enfrentar rápida y eficazmente esta arremetida de un gobierno que en algunos aspectos tal pareciera es totalitario y que quiere pasar encima de los derechos humanos para obtener sus fines políticos.
El carácter regresivo de la reforma y el peligro que significa para los derechos elementales de todos lo mexicanos, nos debe llevar a manifestar nuestra oposición a que los congresos estatales la aprueben, de lo contrario todos sufriremos las consecuencias.
