El lunes pasado, con sorprendente y sospechosa prisa, el presidente López Obrador remitió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica. La propuesta, que deberá resolverse con carácter preferente, propone básicamente una reversión de la reforma energética de 2013, para privilegiar la energía producida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por encima de toda aquélla que sea generada por particulares. En la exposición de motivos de la iniciativa, el presidente sostiene retóricamente y sin soporte alguno, que la reforma de 2013 “se tradujo en negocios lucrativos para empresas particulares y políticos corruptos”, y que la CFE “quedó fracturada, casi en ruinas, endeudada, obligada a otorgar toda clase de subsidios a sus supuestos competidores”, en medio de un penoso desfile de argumentos ad populum, intencionalmente dirigidos a exaltar las emociones patrióticas del pueblo y distraerlo de la carencia total de razonamientos lógicos y jurídicos en la iniciativa.
Y es que el presidente acude de nuevo a su lugar seguro, la permanente evasión de responsabilidad, el refugio que incondicionalmente le abre las puertas cuando no puede explicar las ineficiencias de su gobierno y, en especial, de sus empresas públicas. Desde luego, la culpa no podría ser de las ineficiencias de CFE sino de la agresiva entrada de competidores del sector privado.
Para López Obrador, las subastas de contratos de cobertura eléctrica “son una perversa maquinación ideada con el único propósito de garantizar la rentabilidad de las inversiones de los generadores privados en detrimento de CFE”. Increíblemente, el presidente considera que los negocios lucrativos para empresas particulares fueron el resultado indeseable de la reforma energética, y que la rentabilidad de los inversionistas es consecuencia de una perversa maquinación. Eso lo explica todo. Parece que no ha entendido que el lucro y la rentabilidad no sólo son fines legítimos de un negocio, sino que son nada más y nada menos que su razón de ser, y también deberían serlo para CFE en su carácter de empresa “productiva” del Estado. Es urgente que la administración actual aprenda esta lección, porque es el pilar sobre el cual se sostiene el T-MEC y todos los tratados en materia de comercio e inversión.
La rentabilidad y los fines de lucro de los negocios de inversionistas extranjeros se encuentran protegidos, por ejemplo, por el artículo 22.4 del T-MEC, de conformidad con el cual, México no puede darles un trato discriminatorio frente a las empresas estatales, como abiertamente lo propone la nueva iniciativa. Mientras el gobierno no entienda esto, va a continuar tomando medidas violatorias de los compromisos internacionales que México ha adquirido, provocando una grave incertidumbre para los inversionistas.
La llamada “soberanía energética” en la que se ha escudado una y otra vez nuestra administración para favorecer a CFE, ha sido malentendida por el Ejecutivo Federal. En palabras de Luigi Ferrajoli (Trotta, 2004), la soberanía es la “ausencia de límites y de reglas”, es decir, el poder o control ilimitado y desregulado sobre algo o alguien. El control sobre nuestros recursos e industria eléctrica no tiene justificación ni reporta beneficio alguno, si se mantiene sin una razón ulterior, más que el control mismo. De nada nos sirve controlar a una CFE orgullosamente soberana y nacional pero que no alcanza las metas de eficiencia que un particular sí puede alcanzar. La soberanía no es enemiga de la inversión extranjera o de la participación privada, y los particulares que han invertido en el sector no deben ser vistos como un adversario perverso que hace de la CFE una víctima, sino como un detonante de la competencia que finalmente beneficiará tanto a los usuarios, como a la propia economía mexicana.
Este artículo fue publicado en El Economista el 03 de febrero de 2021. Agradecemos a Gerardo Soria su autorización para publicarlo en nuestra página.
