“Los medios de acción que la mayoría del gabinete juzga indispensables para que el gobierno satisfaga las actuales exigencias de la nación, son diferentes de los que ha propuesto el excelentísimo señor ministro de Guerra.”
Benito Juárez, 21 de octubre de 1855.
Ya en otra entrega se han comentado los “Quince días como ministro” de Melchor Ocampo, donde se narran los eventos acaecidos durante la formación del gobierno de Juan Álvarez en el año de 1855, tras la victoria de la revolución de Ayutla. El primer gabinete del general Álvarez lo conformaron Melchor Ocampo, Benito Juárez, Guillermo Prieto e Ignacio Comonfort.
Desde las discusiones para formar este gabinete se dieron fricciones y discrepancias entre sus miembros, empero, no se perdió nunca de vista la necesidad de promulgar las leyes y reglamentos necesarios para hacer transitar a este gobierno. En ese contexto, Melchor Ocampo y Benito Juárez consiguieron dos triunfos sustantivos al darle cauce a la convocatoria al congreso extraordinario constituyente y la Ley sobre la Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, Distritos y Territorios, mejor conocida como Ley Juárez.
Entre las características de esta ley, la que se considera la primera Ley de Reforma, se destacan las que siguen: 1) La Suprema Corte integrada por nueve ministros numerarios y cinco supernumerarios; 2) un Tribunal Superior para el Distrito, integrado por cinco magistrados titulares, que funcionará a la vez como tribunal de circuito; 3) se restablecen los tribunales de circuito y los juzgados de distrito; 4) permanecen únicamente los juzgados de lo civil y de lo criminal; 5) se autoriza al gobierno a nombrar a los magistrados, fiscales, jueces y empleados del ramo judicial, incluyendo al presidente y vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia. El proyecto de esta Ley la entregó el ministro Benito Juárez el 23 de noviembre de 1855 al presidente Álvarez y sería revisada cinco meses después.
Durante los propios debates del Congreso Extraordinario Constituyentes se señaló y enfatizó que los fueros —el eclesiástico y militar en materia civil— eran contrarios a la igualdad, por lo cual no podían restablecerse, aún y cuando la constitución de 1824 los contempló. La ley se votó y aprobó por 82 votos contra 1.
En el marco del 217 aniversario del natalicio de don Benito Pablo Juárez García, se valoró como importante el recordar esta proeza política y jurídica en virtud del asedio que sufre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la persona de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández.
Se juzga irrisorio que el actual presidente de México, quien se confiesa como el mayor admirador de la figura de Benito Juárez hoy atente contra el legado del entonces ministro de justicia e instrucción pública oaxaqueño.
Mientras el primero reestableció el sistema de justicia bajo el modelo federalista, el segundo busca destruirlo sin más justificación que la de regresar a México a una época que sólo existe en su imaginación y en el imaginario de sus adeptos.
La impronta de Juárez es eterna; la impronta del tirano una ilusión, los demagogia no hace historia.
Bismarck Izquierdo Rodríguez
Secretario de Cultura del CEN del PRI
Twitter: @CulturaCENPRI/bismarck_ir
Facebook: @culturacenpri
Autor
Es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde también concluyó estudios de lenguas extranjeras. El grado de maestría lo recibió con mención honorífica por la tesis: “Legislación y Política Cultural Mexicana: un acercamiento jurídico a la Secretaría de Cultura de México.” En la función pública, destaca su paso como secretario técnico de la Secretaría de Cultura de Michoacán, así como su responsabilidad como Subdirector Ejecutivo del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble del INBA. En el ámbito partidista, fungió como Secretario de Cultura del Comité Directivo Estatal del PRI en Michoacán. Actualmente, es secretario de cultura del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, En 2021 recibió un reconocimiento por parte de la Institución Nacional para la Celebración del Día del Abogado, en la rama de Administración Pública, en el marco del 60 aniversario de la conmemoración de esta fecha.
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