Lamentablemente para el panorama que enfrenta la economía mexicana, la nota que predominó en el escenario económico-mediático de México fue, sin lugar a dudas, la relativa al resultado de la consulta que se tuvo lugar en Mexicali, Baja California, en torno a la planta de la empresa Constellation Brands, productora de una diversa gama de cervezas. Tal como ha ocurrido en todas las “consultas” que la 4T ha impulsado, ganó la posición que se opone al proyecto o que es consistente con la postura de la actual administración, en este caso, eso significa que ganó el NO.
No pretendo entrar en los méritos de la necesidad de revisar la autorización o autorizaciones que las autoridades le otorgaron a esta empresa para proceder con su proyecto, en este caso, de manera específica, la otorgada por la Conagua. Porque como cualquier instrumento habilitante otorgado por alguna autoridad mexicana, puede haber vicios en el procedimiento por el que se otorgó, o bien, errores de análisis que en su momento deberían haber motivado que la decisión de la autorización fuera en sentido distinto al otorgado. Eso puede ocurrir. Y para ello, el gobierno mexicano cuenta con mecanismos legales para obligar a un inversionista a aceptar que se revise la decisión en cuestión, pero ello debe ocurrir dentro de los plazos legales que el marco jurídico mexicano prevé y con la debida fundamentación. Cualquier otro mecanismo, simplemente se traduce en un acto caprichoso que además de terminar afectando directamente el proyecto cuestionado, envía un mensaje claro a los inversionistas en cualquier otra rama de la actividad económica: cuando me sienta presionado políticamente, optaré por una consulta irregular, a la que te será políticamente incorrecto combatir.
Esto simplemente se convierte en un factor adicional de incertidumbre para quienes arriesgan recursos económicos en proyectos que requieren, entre otras cuestiones, de condiciones que le brinden cierto grado de certeza de que el gobierno o la autoridad, será respetuoso de los derechos de propiedad y del marco legal. La consulta de Mexicali se suma a las diversas decisiones que ya ha tomado este gobierno o que ha impulsado, que se inscriben en la categoría de decisiones caprichosas, que lejos de haberse apoyado en disposiciones jurídicas sólidas, han estado motivadas por pronunciamientos o promesas de índole político, que podrán satisfacer a determinada población objetivo, porque piensa o tiene la expectativa de que revertir una decisión se traducirá en un beneficio directo e inmediato para dicho grupo, pero que en los hechos, son decisiones que consolidan la idea de que en México no hay certeza para comprometer una importante cantidad de recursos en un proyecto y pensar en que ello puede generar una rentabilidad razonable.
Ese marco, el de la incertidumbre, es el que ha provocado que en los 15 meses que han transcurrido desde que inició la actual administración haya caído de manera significativa la inversión fija bruta, es el que ha provocado, en gran medida, que la economía mexicana haya tenido un mal desempeño hasta ahora. Es imperativo que revisen esa forma de inquietar a los inversionistas, sobre todo en el contexto de la crisis económica mundial que ya desencadenó el brote del coronavirus, de no hacerlo, que no se extrañen que la economía lejos de crecer, retroceda.
Por cierto, el peso mexicano es la moneda que más se ha depreciado frente al dólar en este 2020, casi 30 por ciento.
Este artículo fue publicado en El Economista el 24 de marzo de 2020, agradecemos a Gerardo Flores Ramírez su autorización para publicarlo en nuestra página.
