Dos rudos asuntos golpearon agudamente a final del año y en los primeros días del 22.
Nos referimos a la pandemia, en su fase Ómicron, y a la violencia en diferentes comunidades del país. Ante ambos asuntos no se ha consolidado una política pública que permita enfrentarlos a sabiendas de que difícilmente dejarán de estar en la vida cotidiana.
Con Ómicron queda la impresión que de nuevo el gobierno se mueve bajo una especie de montaña rusa. Por momentos es claro y contundente, pero a menudo le gana una especie de soberbia que no sirve para enfrentar el tamaño del problema.
El multicitado vocero aseguró inopinadamente hace algunos días que existía una “sobrevaloración” sobre Ómicron, en tiempos en que en Europa, Canadá y EU están en focos rojos debido a la forma en que está permeando. Buena parte del mundo está en alerta, porque si bien las vacunas atemperan las secuelas, hay mucho todavía por conocer respecto a los efectos de la variante.
En el caso de nuestro país hay que redoblar los cuidados por los altos niveles de cormobilidades que padece la población. Los contagios con todo y las vacunas pueden traer secuelas, hacer pruebas es uno de los elementos más importantes para atender a la población.
Está claro que los efectos de Ómicron son distintos de los de Delta; sin embargo, el nivel de contagios crece de manera desmesurada por el tipo de variante.
A esto sumemos el proceso de vacunación no ha terminado por amarrar. Según estudios recientes estamos arriba del 50% de personas vacunadas con las dos dosis lo que coloca a una parte de la población bajo alto riesgo, porque si bien una sola dosis puede apuntalar una defensa ante Ómicron también, a decir de los especialistas, no termina por cerrar el ciclo para enfrentar del todo a la variante y las que se presumen están por venir.
No da la impresión de que se haya reflexionado profundamente sobre el regreso a clases. Habría que contemplar la posibilidad de que, en ciertas regiones del país, que no en todo el país, se volviera a las clases virtuales durante un breve periodo de tiempo.
Es lo que se está haciendo en algunas naciones de Europa y EU. No se trata de cerrar, como se tuvo que hacer hace menos de dos años, más bien las condiciones obligan a pensar de manera regional y no como un todo homogéneo.
El otro tema que se nos vino encima hacia fin de año y principios de éste fue la exacerbación de la violencia. No podemos seguir bajo la idea, la cual a menudo suena a justificación, de que los enfrentamientos en muchas comunidades tienen que ver con la lucha por los territorios entre la delincuencia organizada.
Verlo así es una forma de no asumir las responsabilidades como Estado y gobierno. La afectación de estos hechos repercute severamente, se ha ido rompiendo brutalmente el tejido social.
Estamos entrando en terrenos en donde por más que se le pida a la población que no se arme y que no cree las llamadas “policías comunitarias” no hay manera de evitarlas. Muchas carreteras del país van siendo testigo de ello, cuando no están tomadas por organizaciones sociales a las que hay que pagarles una “cuota voluntaria”, están tomadas por “policías comunitarias” fuertemente armadas.
Más allá de los rumbos de Barra Vieja, a las afueras de Acapulco, encontramos este tipo de organizaciones a las cuales les preguntábamos sobre si no ayudaba el gobierno, el Ejército o la Guardia Nacional y nos aseguraron que “hasta acá no llegan”. Sea cierto o no, se la pasan todo el día haciendo rondines.
Dos temas fundamentales que no van a dejar de estar entre nosotros. La clave sigue estando en la inteligencia, sensibilidad y disposición para enfrentarlos y entenderlos, lo cual a veces nomás no se ve por ningún lado.
RESQUICIOS
46 mil 834 mdd fueron las remesas entre enero y noviembre del año pasado, lo cual las coloca más allá del petróleo y el turismo; si los paisanos son “héroes” habría que tratarlos como tales.
Este artículo fue publicado en La Razón el 04 de enero de 2022. Agradecemos a Javier Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
