Con la sustitución del magistrado José Luis Vargas en la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), este importante órgano de justicia ganó terreno en la autonomía y en la independencia, que se habían menoscabado por su permisibilidad con el partido encabezado por Andrés Manuel López Obrador y por el intervencionismo del gobierno federal en sus resoluciones.
Desde los preliminares de la campaña presidencial de 2018 comenzó a desarrollarse el desgaste del máximo tribunal electoral. Éste se hizo de la vista gorda ante los actos anticipados de campaña con los que López Obrador arrancó su tercera carrera presidencial en 2017. Aunque fue hasta el 14 de diciembre de 2017 cuando el candidato morenista hizo su primer acto de precampaña con la presentación de su “Proyecto de Nación 2018-2024”, desde meses antes había realizado una gira nacional como presidente de su partido, la que incluyó eventos masivos de campaña en cada estado de la República que fueron mal disimulados como “conferencias magistrales”. Pero el TEPJF desechó, una tras otra, las impugnaciones presentadas contra esta ilegal conducta y su oscuro financiamiento.
La actitud condescendiente del TEPJF tuvo un momento culminante con el “Fideicomiso Por los Demás”. Morena financió ilegalmente sus actividades con el pretexto de ayudar a los damnificados del sismo de septiembre de 2017. Una acuciosa investigación del Instituto Nacional Electoral demostró que ese partido recibió aportaciones de origen desconocido por más de 40 millones de pesos en efectivo y que hubo triangulación de recursos procedentes de empresas y particulares, por lo que impuso una multa de 197 millones de pesos. Pero en agosto de 2018, ya en el periodo de transición para el cambio de gobierno, el tribunal obsequió al gobierno entrante y a su partido con la revocación de la multa y el carpetazo a las investigaciones de esta gravísima infracción.
Ya entrado el actual sexenio, el TEPJF se convirtió en una especie de valladar para el gobierno federal, ante las denuncias por uso indebido de recursos públicos para fines electorales y propaganda personalizada de funcionarios. La única excepción fue el caso “Servidores de la Nación”, muy bien documentado en la queja presentada por el PRD. Ante la contundencia de las evidencias, la Sala Regional Especializada del TEPJF debió declarar fundada la queja a fines de 2019, pero pasó un año y medio para que la Sala Superior convalidara tal determinación.
De hecho, la sesión de la Sala Superior del TEPJF realizada el 31 de marzo de 2021 debe identificarse como el momento de viraje de la conducta obsequiosa y servil que ese tribunal había mantenido. En las sentencias dictadas en esa memorable sesión, que el magistrado Vargas intentó boicotear con maniobras ilegales, se ordenó revisar la responsabilidad presidencial en la violación a los artículos 41 y 134 de la Constitución por el caso mencionado. También se resolvió que los constantes informes presidenciales no son sino actos de propaganda gubernamental disfrazados y censuró el proselitismo electoral que López Obrador llevó a cabo en sus conferencias de finales del año 2020 y principios de 2021.
En una ocasión subsecuente, el Tribunal confirmó la cancelación de las candidaturas de Morena en Guerrero y Michoacán por no presentar informes de gastos de precampaña. En su fallida defensa, los sancionados dijeron que no habían hecho precampaña, sino actividades en carácter de “coordinador de organizacíón”, en un intento porque les validaran nuevamente la burla a la ley.
En todos estos casos, el exmagistrado presidente Vargas trató de impedir o de posponer las sesiones de la Sala y, cuando no pudo evitar su realización, quedó en minoría al votar en contra. “Manada”, espetó a sus pares en fecha reciente, en un arranque de impotencia. La mayoría lo destituyó el 4 de agosto.
Cincelada: dice López Obrador que “la política de bienestar es el distintivo de la cuarta transformación”. Entonces, la creciente pobreza es su naufragio porque ¿cuál bienestar?
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