El presidente Andrés Manuel López Obrador ha fallado con la soberanía alimentaria. Este, que fue uno de sus compromisos, está quedando al nivel de la recurrente retórica dirigida a sus fieles seguidores pues, en realidad, el país no ha avanzado ni un milímetro en la tan añorada autosuficiencia de productos agropecuarios de consumo. Por el contrario, uno de sus programas, Producción para el Bienestar, cuyo fin es alcanzar esa meta, al que le ha destinado 22 mil millones de pesos en dos años, fue evidenciado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por su manejo ineficiente, inepto y opaco.
En 2019 se presupuestaron 9 mil millones de pesos en el mencionado programa, que consiste en distribuir apoyos a los productores de granos (maíz, frijol, arroz y trigo), de café y caña de azúcar. Durante ese ejercicio fue dotado de 2 mil millones adicionales para alcanzar los 11 mil millones de pesos. Para 2020, el presupuesto fue de otro tanto, por lo que el total en los dos años alcanzó los 22 mil millones de pesos. Para el año entrante se acaba de aprobar un presupuesto incrementado de otros 13 mil 500 millones de pesos.
Aunque es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) la encargada formal del programa, en realidad el padrón de beneficiarios de Producción para el Bienestar y la entrega de los apoyos económicos están a cargo de los Servidores de la Nación, la burocracia dorada que es la estructura electoral de López Obrador. Carente de conocimientos y experiencia en la producción agrícola, esta estructura se especializa sólo en conseguir metas de votos cautivos, que es en lo que se ha gastado el dinero de este y de todos los programas que opera.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 el gobierno reconoció que México importa casi la mitad de los alimentos que requiere. En el periodo 2013-2018, México debió comprar en el exterior 43 por ciento de los granos básicos necesarios para el consumo de la población. Por ello el gobierno emprendió Producción para el Bienestar y otros programas, cuyo objetivo era incrementar la producción de granos, café y de caña de azúcar y contribuir a la autosuficiencia alimentaria nacional.
Sin embargo, la reciente revisión realizada por la ASF encontró que el gobierno “no acreditó contar con indicadores ni con información para medir el cumplimiento” de ese objetivo, lo que impidió que los recursos públicos invertidos “se administraran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y rendición de cuentas”.
Cuartoscuro
En 2019 se distribuyeron apoyos por 10 mil 908 millones de pesos, distribuidos a 2 millones 99 mil beneficiarios, y otros 11 mil millones se repartieron en el presente año. Pero desde el principio todo se hizo mal: la ASF encontró falta de diagnóstico, ocurrencias, improvisación. La Sader integró un padrón de beneficiarios (elaborado por los Servidores de la Nación) con solo 70 por ciento de la información requerida, lo que indebidamente fue validado por la Secretaría de Bienestar. La entrega de los apoyos a los beneficiarios quedó a cargo de la estructura electoral del gobierno (¡qué casualidad!), la que se encargó de entregar las órdenes de pago mientras el Banco Azteca generaba las respectivas tarjetas bancarias, todo lo cual no limitó “el riesgo de que se condicione (políticamente) a los beneficiarios del programa”, como lo afirma la ASF.
Entre 2013 y 2018, la producción de frijol, trigo, café y caña había decaído 7.6 por ciento, 12.3, 31.6 y 7.8, respectivamente. Sólo el maíz y el arroz mostraron incrementos en ese periodo. Dos años y 22 mil millones de pesos después, la tendencia decreciente prevalece, la producción de maíz y arroz se estancó y México sigue comprando en el exterior 43 por ciento o más de los granos básicos que consume su población.
Como política pública, Producción para el Bienestar no ha servido para nada. Pero para el gobierno sí representa un avance el enrolamiento electoral de 2 millones de productores agrícolas que reciben el subsidio. Eso explicaría el incremento presupuestal previsto en este programa para el año entrante. No prospera la soberanía alimentaria, pero sí avanza el clientelismo electoral.
Cincelada: no hay dinero para las vacunas contra la Covid-19 en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, pero sí para duplicar el que el gobierno dedica a sus programas clientelares.
