* En un acto de abierto desafío y suicidio político, la mafia universitaria anuncia que demandará penalmente a la ombudsperson y, lejos de acatar la recomendación donde se les solita emitir una disculpa pública a la comunidad de la UAEH, asume una actitud intolerante. En tanto, al interior de su propia comunidad se suman cada vez más casos de violencia y acosos sexuales contra las indefensas alumnas a las que se obliga a convivir con sus agresores, pues los Sosa Castelán impiden que sus denuncias sean anónimas, burlando a las leyes que pugnan por un ambiente libre de violencia para las mujeres del país y que han sido apoyadas por la hoy presidente electa, Claudia Sheinbaum
Arrinconada por la recomendación emitida el pasado 18 de agosto por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), la mafia universitaria ha reaccionado de manera beligerante contra la titular del organismo, Ana Karen Parra Bonilla, a la que demandó penalmente. Lejos de disculparse públicamente, como lo instruyó la citada comisión, el rector Octavio Castillo, títere de la familia Sosa Castelán, se apresta a sumar una pifia más a la agresión cometida el 19 de septiembre del pasado año contra estudiantes del Instituto de Artes de la Máxima Casa de Estudios de la entidad.
Buscando asirse de un recoveco jurídico, la “Sosa Nostra” está cometiendo –por instrucciones del capo Gerardo Sosa– una de las peores sandeces de su historia, al enfrentarse frontalmente con la ombudsperson, tratando de pasar del banquillo de los acusados al estrado de los acusadores, pues sucede que los mafiosos salieron con el cuento de tener la piel muy sensible, al acusar a Ana Karen Parra de difundir información confidencial contenida en su recomendación, según externó a los medios el director general jurídico de la casa de estudios, Rafael Hernández Hernández.
Al decir del abogado de la UAEH, la titular de la CDHEH debió esperar diez días a recibir respuesta de las autoridades universitarias antes de dar a conocer el contenido de su decisión a la opinión pública del Estado. Por supuesto que Hernández Hernández no está cuestionando la veracidad del contenido porque sabe perfectamente que con la represión ejercida a los estudiantes del Instituto de Artes se violó de manera clara y contundente el derecho a su libertad de expresión, exhibiéndose además otras irregularidades como la violencia institucional y la falta de garantías para recibir una educación precisamente libre de violencia a toda la comunidad de la Máxima Casa de Estudios del Estado.
Lo suyo, como dice en el argot de los abogados, es chicanear el asunto para tratar de desvirtuar una realidad social contundente: la falta de un ambiente sano y libre de violencia en la UAEH que afecta a buena parte de su comunidad.
La titular de la Defensoría Universitaria, Esa Ángeles Vera, que en el contexto leguleyo llamó al diálogo a la UAEH y la CDHEH, sabe perfectamente que el asunto de violencia generalizada es un mal arraigado y consentido por la Sosa Nostra en la universidad pública.
Hace unas semanas, medios difundieron que, en los primeros seis meses del año, la defensoría universitaria de la UAEH integró 90 quejas por diversas denuncias, de las cuales 50 por ciento fueron presentadas por estudiantes, 40 por ciento por académicos, uno por ciento por administrativos, ocho por ciento por el funcionariado y uno por ciento por personal de honorarios.
La propia Elsa Ángeles dijo en tal sentido: “Muchas instancias nacionales e internacionales nos están pidiendo a las universidades estándares muy altos para atender esta violencia; nos están pidiendo cero tolerancia. Sí, pero si tú das de baja a un profesor de manera indebida y sin cumplir con lo que te dice la Ley Federal del Trabajo, generas una revictimización, porque él (docente) puede ganar mucho más fácil la demanda laboral”.
Y a confesión de parte, expuso: “Por lo tanto, la universidad, lo que estamos cuidando es el debido proceso y debida diligencia; es decir, no fallar en cómo hacemos las cosas para que la resolución sea lo más cercano a la justicia de afuera, y estamos evitando esa revictimización”.
Aceptó que las quejas más recurrentes fueron por ambiente tóxico, violencia de género, hostigamiento sexual, violación a derechos humanos, como la libertad de expresión, violencia docente, por acoso escolar y acoso laboral.
Pero uno de los asuntos más graves que se mantiene en abierta discordancia con la lucha contra la violencia de género y el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, una de las banderas del feminismo alentado por la hoy presidenta electa, es que las alumnas de la UAEH deben convivir con sus agresores, pues sus denuncias ya no son anónimas.
En el peor de los contrasentidos, se obliga, por la intolerancia de los capos de la Sosa Nostra, a que las chicas agredidas convivan en el mismo espacio con sus agresores, pues Ángeles Vera ha dicho que ahora las denuncias deben tener nombre y apellido, pues las anónimas ya no son aceptadas.
De ese tamaño el ambiente hostil en la comunidad de la UAEH, que confirma el porqué de la recomendación de la CDHEH.
El plazo para disculparse públicamente vence el próximo dos de septiembre y de no cumplir con la recomendación R-VG-0012-24, las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), deberán enfrentar las consecuencias legales, pero además, el actuar de otras instancias como el Congreso Local, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Senado de la República e, incluso, instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el pasado proceso electoral a los Sosa Castelán no les pintó nada bien su alianza con el Partido del Trabajo y su distanciamiento con Morena. Los antecedentes mediatos en cuanto a delitos del orden federal cometidos por Gerardo Sosa Castelán, su jefe político, sobre quien pesa un proceso por manejo irregular de más de 50 millones de dólares en bancos del extranjero, los colocan en una situación difícil que puede agravarse si el asunto de la recomendación de la CDHEH trasciende del ámbito estatal al nacional, donde es Morena el partido mayoritario que difícilmente sacará la cara por los mafiosos que han hecho de la UAEH su patrimonio personal y vía de enriquecimiento ilícito.
Además, como expuso en sus argumentos la CDHEH, ni Parra Bonilla ni el rector ni sus funcionarios aportaron en su momento la información solicitada por el organismo, a pesar de existir abundantes pruebas de la agresión a los alumnos del Instituto de Artes.
La recomendación consta de 14 puntos dirigidos al Honorable Consejo Universitario, donde es el rector Octavio Castillo la cabeza del mismo; el pasado año, una enardecida comunidad estudiantil exigió su renuncia, y ahora seguramente se reavivará con mayor fuerza esta exigencia si el funcionario se niega a disculparse públicamente por los vergonzosos hechos violentos del pasado año. Tal y como erróneamente le ha instruido su jefe político, Gerado Sosa, a cuyo clan la alianza con el PT les salió contraproducente perdiendo ahora una diputación local.
Principio del fin para la anquilosa mafia, dirán algunos, sobre todo porque ahora más que nunca están fuera de la protección política de Morena y empecinados en violar derechos de los estudiantes y violentar a las jóvenes mujeres.