Efectivamente, el Presidente tiene un pecho que no es bodega. Su confrontación con los jueces no es nueva. Los considera parte medular de los problemas de justicia. Su famosa frase “al diablo con las instituciones” tiene mucho que ver con esto, si cuando la expresó se refería a “sus” o a “las” para el caso es lo mismo.
El cuestionamiento sistemático de elementos del orden establecido ha sido una constante en López Obrador. Lanza críticas y pullas a las instituciones como una estrategia para que en el imaginario colectivo se cree la imperiosa necesidad de cambiar y transformar lo que se ha hecho en las últimas décadas.
Muchas de las críticas contra el pasado no necesariamente pasan por el remedio y el trapito. De lo que se trata es de evidenciar y sumar críticas y desprecio por el pasado. Es manifiesto que el actual estado de las cosas —desigualdades sociales y económicas, entre otras—, tienen que ver con ese tiempo al que sistemáticamente condena sin siquiera conceder el análisis y reflexión de lo que, sin duda, tiene partes positivas.
La petición a la Corte de que se investigue al juez Juan Pablo Gómez Fierro por haber “concedido a un quejoso una suspensión por el amparo promovido en contra de esa nueva disposición (La Ley de la Industria Eléctrica), y lo hizo extensivo a otras personas físicas y morales”, va de la mano de su crítica a los aparatos de justicia heredados, pero también tiene que ver con un revés parcial a una de sus más controvertidas propuestas.
Quedó atrás su afirmación de que no se iba a tocar la industria eléctrica. Es probable que muy de la mano de la opinión del director de la CFE haya encontrado elementos que lo lleven a cambiar lo que originalmente pensaba o lo que había dicho.
Lo cierto es que cada vez que algo no le parece al Presidente arremete de inmediato contra quien lo propone o contra las instituciones que están de por medio.
No somos de la idea de que esto sea negativo. Por algo es el Presidente y está en sus atribuciones este tipo de críticas y solicitudes. El gran problema, como ha sido a lo largo de su administración, es cómo hace las cosas y cómo derivado de ello aparecen signos de intolerancia que someten cualquier debate.
Al final pareciera que el Presidente hace lo que quiera pasando por encima de personas e instituciones, las cuales cumplen una función constitucional. Pasa por alto la autonomía de los poderes, independientemente de los problemas que éstos tienen.
Pondera al Legislativo, porque lo tiene en la mano. Aprueba lo que hacen en Diputados y Senadores donde la maquinaria de Morena está aceitada bajo los designios presidenciales. Es cuestión de ver cómo se aprobó la multicitada reforma eléctrica para entender el porqué de la valoración que hace el Presidente del Legislativo.
Con el Poder Judicial trae una confrontación regular. Los jueces son un poder autónomo y llevan a efecto un trabajo que se presume se funda en la aplicación de las leyes y el Estado de derecho.
Hay evidencias de la irregularidad bajo la cual desarrollan su trabajo los jueces. El problema está en que el Presidente quiere que actúen como él quiere y no con base en su autonomía y su trabajo.
Ayer mismo el presidente de la SCJN contestó la solicitud del Presidente remitiendo la “queja” al Consejo de la Judicatura Federal, al tiempo que reiteró que es “presupuesto de la democracia y del Estado de derecho que juezas y jueces puedan actuar en un marco de autonomía e independencia”.
Estamos en medio de un lance delicado ante el cual, al final, una de las partes va a quedar inconforme y seguirá quejándose, vienen muchos lances más.
RESQUICIOS
No cabe la sorpresa respecto a los amparos contra la reforma eléctrica. Hasta donde se sabe van 11 más los que se acumulen esta semana. Muchas empresas estaban esperando la aprobación de la reforma para de inmediato meter su amparo; estaba cantado no pongan cara de what.
Este artículo fue publicado en La Razón el 16 de marzo de 2021. Agradecemos a Javier Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.