Este mes de junio, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) cumplió 8 años de vigencia en el Distrito Federal. Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002 y entró en vigor un año después, luego de que un movimiento social denominado Grupo Oaxaca impulsara el proyecto de ley. Este grupo conformado por académicos, periodistas y organizaciones civiles logró que los ciudadanos puedan acceder a la información que se encuentra en poder del Estado. Mediante esta ley, también fueron posibles algunas notas periodísticas que documentaron el gasto público y, sobre todo, instalaron el tema en la agenda pública. El presupuesto de una escuela pública, el salario de los funcionarios, las concesiones otorgadas por el Estado, entre otras informaciones, adquirieron a partir de ese momento carácter público y deben exhibirse en las páginas de Internet de cada una de las 240 dependencias del gobierno federal. Además, todas las oficinas federales deben contar con una Unidad de Enlace encargada de atender las solicitudes de información. Las consultas se pueden hacer electrónicamente a través del portal Infomex.
La misma ley contempló la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), organismo de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión cuyo objetivo es promover el ejercicio del derecho de acceso a la información y resolver las negativas de información de los solicitantes. La información que la ley obligaba a las entidades públicas exhibir en sus páginas web, fue el primer paso que dieron periodistas y la sociedad en general para conocer oficialmente los sueldos de los funcionarios, la estructura de las dependencias, el presupuesto y cómo estaba ejercido. Es interesante observar que los casos que reprodujeron los periodistas de distintos medios de comunicación mostraron los primeros usos que tuvo la ley de transparencia.
El “Toallagate”
El escándalo conocido como “Toallagate” publicado en el diario Milenio en junio de 2001 -antes de la aprobación de la ley- es el precedente más importante de la ley de transparencia por la revelación de la compra de toallas por 4 mil 25 pesos cada una para la residencia presidencial durante el gobierno de Vicente Fox. La información fue obtenida de la página de la Secretaría de la Contraloría en el apartado de CompraNet (Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales) publicada por el gobierno de Fox cuando decidió dar a conocer sus gastos en un intento de promover mayor transparencia del gasto público. Esta información creó una ola de indignación en la opinión pública al enterarse de los exorbitantes gastos gubernamentales, ya que se descubrió no sólo que hubo compras abusivas de utensilios, sino que durante el primer semestre del gobierno foxista se gastaron casi 70 millones de pesos de manera irregular. El reportaje de Milenio causó controversia inmediata, ya que Fox había prometido, durante su campaña electoral, encabezar un gobierno austero y frenar el gasto excesivo. Fox respondió instruyendo a Francisco Barrio, el auditor del jefe de gobierno, investigar los gastos. Barrio informó que había encontrado irregularidades incluido el sobreprecio en compras de artículos de los que no se tenía la orden de compra. Los periodistas que dieron seguimiento al caso encontraron que los negocios y direcciones que aparecían en los informes de gastos eran falsos y que los números de teléfono de esos proveedores habían sido desconectados. Fox reconoció que esos gastos agraviaron a los mexicanos y prometió que los responsables serían despedidos. Aceptó la renuncia de Carlos Rojas, el jefe del comité de adquisiciones presidenciales quien también era un viejo amigo del Presidente. Además, tres miembros del personal de Rojas renunciaron y tres más fueron suspendidos. El Presidente intentó revertir la imagen negativa de su gobierno provocada por el “Toallagate” con el argumento de que había sido iniciativa de su propia administración hacer públicos los gastos de la Presidencia aun cuando no existía ninguna obligación legal para hacerlo. A partir de este caso el gobierno recibió una gran demanda de información y los periodistas se interesaron en este recurso para obtener datos relacionados con el gasto público.
El fideicomiso secreto de Fox
Otro caso destacado es el relacionado con los head hunters y el equipo de transición de Vicente Fox y la revelación de la existencia de un fideicomiso secreto por medio del cual el entonces Presidente electo dispuso de más de 60 millones de pesos para pagos discrecionales a sus colaboradores. En septiembre de 2004, ya en plena vigencia de La ley de transparencia, el entonces periodista de La Revista, Daniel Lizárraga solicitó a la Presidencia de la República datos de los head hunters que participaron en el 2000 en la búsqueda de los miembros que conformarían el gabinete a petición del entonces Presidente electo. La Presidencia negó la información y afirmó que dentro de sus archivos no se habían encontrado documentos relacionados con los llamados head hunters contratados por Vicente Fox. El interés de Lizárraga por conocer a detalle cómo se había utilizado el dinero público para gestionar el cambio de administración persistió, por lo que ante la negativa de Presidencia presentó su recurso de revisión al IFAI, que lo respaldó en su solicitud. El reportero continuó con su investigación y también solicitó a la Secretaría de Hacienda los documentos relacionados con el ejercicio de recursos asignados al equipo de transición a cuyos integrantes se les pagaron sueldos a pesar de que aún no asumían sus puestos como servidores públicos. La respuesta de la dependencia: “información inexistente”. Se remitió el recurso de revisión al IFAI y bajo presión Hacienda avisó que habían encontrado algunos de los expedientes supuestamente inexistentes. Los funcionarios de Hacienda, obligados por la resolución del IFAI, entregaron vía correo electrónico la información solicitada por el periodista. Se entregaron recibos de honorarios y contratos por prestación de servicio a nombre de los integrantes del equipo de transición.
Once meses después de iniciada la investigación, la información fue publicada en el semanario Proceso, y no en La Revista, donde el reportero había iniciado su investigación ya que el entonces presidente y propietario de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortíz, ordenó al director de La Revista, Ignacio Rodríguez Reyna, no publicar ninguna información relacionada con el Presidente y su esposa, hasta nuevo aviso. Esta investigación publicada en Proceso reveló el depósito de un fideicomiso de un poco más de 60 millones de pesos a nombre del presidente electo, costo que asumió México para la preparación del “gabinetazo” de Fox. Por su parte, Rodríguez Reyna decidió renunciar a la dirección de La Revista al ser censurado por el dueño de la empresa.
“Los periodistas se interesaron en este recurso para obtener datos relacionados con el gasto público”
La ostentosa familia presidencial
Otra investigación emblemática por la utilización de la LFTAIPG como herramienta fundamental es la realizada por las periodistas Anabel Hernández y Arelí Quintero quienes publicaron el libro La Familia presidencial, el gobierno del cambio bajo sospecha de corrupción. Grijalbo 2005. Este trabajo fue el resultado de una investigación periodística respecto al matrimonio Fox- Sahagún, los hermanos de Fox, y los hijos, sobrinos y amigos de ambos. El libro describe y documenta los cambios económicos que experimentaron los Fox, sus familiares y algunas personas cercanas. Parte de esa información fue obtenida mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y en algunos casos con el respaldo del IFAI mediante recursos de revisión avalados por esta institución. Durante 5 años, las periodistas que cubrieron la precampaña y campaña presidencial de Vicente Fox recopilaron datos, información y cualquier pista acerca de la metamorfosis económica de la entonces familia presidencial.
El gasto en publicidad oficial
Otro caso es el gasto en publicidad oficial durante las gestiones de gobierno de Vicente Fox y Felipe Calderón. La reportera Laura Islas de etcétera solicitó información por medio de la ley de transparencia y documentó en noviembre de 2006 que Televisa y TV Azteca concentraron durante el sexenio de Vicente Fox “23.5% de los más de 11 mil 500 millones de pesos que la administración federal gastó en publicidad”.
Además, documentó que el gobierno federal gastó 8 mil 779 millones 548 mil 67.70 pesos en publicidad institucional en sólo dos años y tres meses. En relación con el sexenio anterior, la administración de Felipe Calderón de 2007 a marzo de 2009, aumentó el gasto publicitario 228.57% y la mayor parte de los recursos se destinaron a anuncios en televisión (28.75%) específicamente a Televisa y TV Azteca.
Así se comprobó la supremacía del Grupo Televisa (televisión, radio y editorial) que recibió más dinero del gobierno que cualquier otro medio en este rubro: recibió mil 246 millones 103 mil 681.53 pesos, lo que representa el 14.19% del gasto total, mientras que TV Azteca (además del gasto en Proyecto 40) sumó 788 millones 387 mil 497.73 pesos (8.97%). Ambos consorcios acapararon casi una cuarta parte de todo el gasto publicitario del gobierno federal (23.16%). Los más de 2 mil millones de pesos que recibieron Televisa y Azteca sobrepasan por más de 500 mdp lo gastado en todas las radiodifusoras en las que el gobierno federal se anunció durante el periodo referido, según la información obtenida.
Estos casos generaron profundo interés en la opinión pública por lo que otros medios de comunicación se sumaron a la búsqueda de información y comenzaron a indagar y a solicitar información detallada mediante los mecanismos de la LFTAIPG y así lograron documentar algunos de los excesos en los gastos gubernamentales que antes de la ley no era posible demostrar.
Sueldos de dirigentes de partidos políticos
En octubre de 2004, Arturo Zárate, periodista de El Universal, se interesó en conocer el sueldo de los dirigentes de los partidos políticos e inició una investigación al respecto. Luego de una solicitud de información a la Comisión de Transparencia del IFE cuya respuesta fue negativa presentó un recurso de revisión y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Federal Electoral (IFE) dar a conocer la información disponible sobre los salarios que perciben los dirigentes de los partidos ante la petición del reportero. Por primera vez se conocieron públicamente los sueldos de los dirigentes políticos. Los partidos PAN, PRD y PRI divulgaron los salarios netos mensuales de sus dirigentes y directivos. De acuerdo con los datos que reveló el PAN, el entonces líder nacional de ese partido, Luis Felipe Bravo Mena, percibía “un salario neto mensual de 105 mil 318 pesos con 96 centavos, que es casi lo mismo que gana un director general o un coordinador general del gobierno federal”, según se consigna en la nota.
En el PRD, su dirigente nacional, Leonel Godoy Rangel, recibía un salario mensual de 34 mil 263 pesos, “sueldo incluso menor al de algunos miembros del comité ejecutivo perredista”; Alejandrina Nolasco Pastoriza, Secretaria de Organización, percibía 48 mil 702 pesos 12 centavos, mientras que José Gerardo Fernández Noroña, Secretario de Movimientos Sociales, ganaba 40 mil 854 pesos 96 centavos, según la publicación. En el PRI, el entonces secretario técnico del Consejo Político Nacional, David Penchyna, dio a conocer que Roberto Madrazo Pintado, presidente del partido en ese momento, ganaba un salario neto mensual de 55 mil 935 pesos y Elba Esther Gordillo, secretaria general, 50 mil 858 pesos.
Jugoso salario de diputados
El 6 de febrero de 2007, el reportero de La Jornada, Raúl Llanos publicó el salario que perciben los diputados locales, luego de presentar su solicitud de información por el sistema Infomex y consultar en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la Cámara de Diputados. Documentó que cada uno de los 66 diputados locales tiene un sueldo o dieta mensual de 63 mil pesos, así como 54 mil pesos para “trabajos legislativos”, y otros 64 mil pesos para el sostenimiento de sus Módulos de Atención, Orientación y Queja Ciudadana.
Además denunció que los diputados se aprobaron una bolsa de 123 millones de pesos, equivalente a poco más de 125 mil pesos mensuales por cada uno de los 66 legisladores, recursos que se utilizan para gastos de propaganda, desplegados, entre otros conceptos, y son adicionales a los 63 mil pesos de sueldo que tienen estos representantes populares. Estos fondos representan 2.5 veces más que el presupues to designado para la Secretaría de Turismo en ese año. Sin embargo, funcionarios de la Tesorería General de la Asamblea Legislativa informaron que esos recursos son entregados por conducto de los grupos parlamentarios, y corresponden a poco más de 125 mil pesos por cada diputado, pero son presentados administrativamente bajo el rubro de “donativos”. Llanos afirma que al comparar esos 123 millones de pesos que dispusieron los legisladores para ese año con los que tienen algunas dependencias del gobierno federal, se advierte que son mayores a los 107 millones 286 mil pesos que los mismos diputados le aprobaron a la Secretaría de Desarrollo Económico local. La ley de transparencia representó, sin duda, un elemento fundamental para hacer de conocimiento público información que contribuye a la transparencia de la gestión pública, al combate a la corrupción y la cultura del secreto como práctica. El periodismo ha desempeñado una tarea muy importante en este sentido; sin embargo, el trayecto que aún falta recorrer es la rendición de cuentas de las autoridades. Las denuncias hechas por diferentes medios no hizo más que incomodar a determinadas personas u órganos de gobierno y el desafío actual es lograr la efectiva rendición de cuentas que permita un mejor desempeño de la función pública.
