Es inevitable ver en la iniciativa de reformas a la ley de radio y televisión presentada el 4 de junio de 2008 por Manlio Fabio Beltrones, y en el acuerdo expedido por la SCT, el 15 de septiembre de este año, ambos relativos al otorgamiento de frecuencias de FM a las emisoras de AM, un intento de “quedar bien” con los radiodifusores.
Oferta mejorada
Es claro que Felipe Calderón trató de mejorar la oferta que el PRI, mediante la “iniciativa Beltrones”, Combos: ofertas y contraofertas hizo a los radiodifusores para otorgarles frecuencias de FM.
Como se recuerda, la “iniciativa Beltrones” (etcétera, agosto de 2008) plantea que los concesionarios de AM cuya solicitud para transmitir en una frecuencia de FM fuera aprobada por la autoridad quedarían “exceptuados de participar en la licitación pública prevista por el artículo 17 de la LFRT y de pagar la contraprestación fijada en dicho numeral…”. El acuerdo calderonista, por el contrario, señala que si la petición del concesionario es aceptada, se le “requerirá… el pago de (una) contraprestación económica que se deberá cubrir por el cambio de frecuencias”. Asimismo, el acuerdo del Ejecutivo establece que la aprobación de la solicitud para la frecuencia de FM no sólo deberá ser aprobada por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), sino también por la Secretaría de Gobernación.
Uno de los puntos de la “iniciativa Beltrones” que mayor impugnación suscitó fue la disposición de que si no hubiera suficiente espectro en una región para que todas las emisoras de AM migren a FM, “los concesionarios tendrán preferencia sobre los permisionarios”, lo cual dejaría a las emisoras culturales de AM prácticamente fuera de la posibilidad de ingresar a la FM. El acuerdo calderonista no pone a las emisoras permisionadas ningún obstáculo explícito, aunque sí hay algunos de carácter implícito.
Un punto fundamental que distingue a estos documentos es que mientras el del PRI no indica plazos para iniciar el cambio de AM a FM, el del gobierno pone algunos plazos muy precisos que permitirían iniciar la migración prácticamente de inmediato, al menos en una región del país. Precisamente en eso consiste el atractivo que podría tener para los radiodifusores comerciales la oferta calderonista con relación a la de Beltrones: los concesionarios pagarían por las frecuencias pero a cambio podrían iniciar rápidamente operaciones en FM.
Discrecionalidad y control
El documento de la SCT divide al país en cinco regiones e indica que la COFETEL deberá publicar en su página de Internet los nombres de las poblaciones donde exista “suficiente capacidad de espectro” en FM para que las estaciones interesadas realicen el cambio de banda. La región I está conformada por Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; la II por Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Guerrero; la III por Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí; la IV por Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato, y la V por Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
En el caso de la región I, la COFETEL deberá dar a conocer las frecuencias disponibles en la banda de FM en un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de la publicación del acuerdo; es decir, tendrá que informar al respecto el 9 o 10 de octubre de 2008. Una vez publicada la lista de frecuencias, los aspirantes tendrán un plazo de hasta seis meses para presentar su solicitud; si ésta es aprobada por la COFETEL y Gobernación, pagarán la “contraprestación económica” y contarán con plazo de un año para empezar a transmitir en FM. O sea que a principios de 2009 ya podrían estar funcionando nuevos combos AM-FM en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
La “disponibilidad de espectro” en FM para las otras cuatro regiones será dada a conocer por la COFETEL cuando lo considere conveniente, no hay plazo para ello. Este hecho y la participación de la Secretaría de Gobernación en la autorización de las solicitudes para obtener frecuencias de FM pueden ser interpretados como elementos de discrecionalidad y control político que el gobierno estaría en condiciones de manejar. La administración calderonista se habría comprometido a iniciar de inmediato el proceso de migración de AM a FM en una región del país, pero “soltaría” las frecuencias en el resto del territorio nacional de acuerdo a un manejo de los tiempos políticos. Por supuesto, se reserva la facultad de determinar el número y la ubicación de frecuencias atendiendo más a criterios políticos que a elementos técnicos.
Beneficio inmediato
El acuerdo del Ejecutivo fija requisitos aparentemente sencillos para obtener frecuencias de FM: presentar la solicitud respectiva (que deberá ser aprobada por la COFETEL y Gobernación), pagar la contraprestación e invertir en el equipo técnico necesario. Sin duda hay grupos radiofónicos para los que, por su cercanía con el poder y el monto de sus recursos económicos, sería relativamente fácil dar el salto de la AM a la FM. No obstante, el asunto se ve complicado para las emisoras permisionadas. El acuerdo calderonista no hace ninguna referencia a algún apoyo que el Estado pudiera otorgar a estaciones educativas, culturales o indigenistas para adquirir el equipo que les permitiera acceder a la FM.
¿Quiénes resultarían beneficiados de inmediato por el acuerdo calderonista publicado el 15 de septiembre? En los estados de la región I, primera donde se realizaría la migración, tienen presencia la mayoría de los grandes grupos radiofónicos: Rasa, Radiorama, Televisa Radio, Oir, Promosat, Grupo de Radiodifusoras Capital, Radio Fórmula, Acir, Estudios Tepeyac y Grupo Imagen.
Tanto el PRI como el PRD han impugnado, con diferentes argumentos, el acuerdo calderonista. Solamente una reforma a la LFRT podría sobreponerse a ese documento del Ejecutivo. ¿Se atreverán a hacerla los partidos?
