El ambiente era el adecuado. Cuando Andrés firmó el convenio de coalición con el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, comentó que su unión con el segundo era de carácter espiritual, “para buscar el bienestar del alma, porque no sólo de pan vive el hombre”.
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Así que el 20 de febrero, durante su toma de posesión como candidato a la Presidencia de la República por parte del PES, AMLO lanzó su propuesta ante el público que podía tener mejor recepción. Dijo que, de llegar al poder, convocaría a una Constituyente para crear una Constitución Moral con la participación de “filósofos, antropólogos, psicólogos, especialistas, escritores, poetas, activistas, ancianos venerables de las comunidades indígenas y líderes de diferentes religiones”.
Decía al inicio que el ambiente era adecuado. No hay en México un partido más confesional que el PES, abiertamente integrado por miembros de Iglesias Cristianas Evangélicas y que asume una visión religiosa como guía de su actuar político. Durante el evento, su dirigente nacional, Hugo Eric Flores y López Obrador intercambiaron citas bíblicas en sus respectivos discursos.
Es precisamente en los ambientes donde domina el pensamiento religioso en los que resulta más común encontrar la idea de querer que la moral inculcada desde la religión que se profesa se convierta en la moral pública o moral social.
Pero la propuesta de Constitución Moral, en caso de materializarse, sería el réquiem al Estado laico, que ha costado en nuestro país guerras y vidas valiosas de seres humanos que enfrentaron la imposición de una visión religiosa a la mayoría de la población. México, a lo largo de su historia vivió procesos muy largos de dominación religiosa y de imposición de la visión eclesiástica en la vida pública.
Resulta sumamente contradictorio que aquel que se dice heredero del juarismo sea quien proponga restaurar una la vinculación Iglesia–moral pública–Estado, cuando precisamente una de las herencias políticas más importantes que dejó Juárez a nuestra nación fue la necesidad de separación de las mismas.
El Estado tiene como obligación y propósito regular la relación entre los diferentes seres humanos que lo habitan. El Estado moderno busca, además, generar normas de convivencia que permitan que, en ejercicio de libertades y garantías individuales, regulen la vinculación de estos individuos con el cuerpo colectivo, social.
A partir del triunfo, en las democracias modernas de la perspectiva de un Estado Laico, se ha venido pugnando por las libertades humanas como parte de los derechos esenciales de los individuos en el marco de su actuar social, siempre y cuando no se violenten los derechos de terceros. Así, el Estado solo debiera regular el comportamiento del individuo cuando éste afecte a otros individuos dentro del espectro social.
Por lo anterior, han venido triunfando luchas en todo el mundo para permitir derechos que antes eran restringidos, como por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la interrupción legal del embarazo, el ejercicio libre y pleno de la sexualidad humana, la libertad de culto, la libertad de expresión, el derecho a una educación integral científica impartida por el Estado sin tintes religiosos y muchos más.
El problema es que para cada uno de estos temas, las restricciones del pasado se basaban en concepciones morales. En la existencia de una visión de Estado sobre el bien y el mal desde una perspectiva religiosa o moral que pretendía imponerse a quienes formaban parte de él. Justo la batalla de las democracias modernas y de quienes propugnamos por el ejercicio pleno de las libertades, fue eliminar ese tamiz moral de las conductas que regula el Estado.
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Es decir, el Estado no debe decirnos qué está bien o mal, eso es una cuestión personal. El Estado nos dice qué es lícito o ilícito, qué es legal y qué no lo es, y con base en ello regula nuestro comportamiento social. Para ello el elemento fundamental debe ser el respeto a los demás y ese respeto requiere, forzosamente, de la ausencia de una concepción única de moral impuesta desde el Estado a todos quienes forman parte de él. Sólo en la medida en que lo anterior se garantice, se garantizará también el derecho a la diversidad y se fomentarán valores como la tolerancia y la inclusión.
Lo que sea legal está permitido. En ese marco de referencia, definir lo bueno y lo malo parte de raíces religiosas, personales, sociales, culturales, cosmovisiones y muchas otras que marcan al individuo y que éste debe poder ejercer en libertad. Es decir, si algo es legal el individuo podrá hacerlo definiendo si es bueno o malo únicamente con su criterio personal, siempre que no se afecte a otros individuos. Lo ilegal, por su parte, deberá ser solo aquello donde el individuo atente contra el derecho o los intereses de otros individuos. Donde esto no sea así, el Estado debe permitir que sea el individuo quien se auto regule a partir de sus propios conceptos morales.
Por ello, plantear una Constitución Moral resulta profundamente peligroso contra garantías y derechos conquistados por la sociedad y debe ser frenado en seco por los ciudadanos.
Lo más risible es que la propuesta venga de quien se asume como “principal líder de las izquierdas”, “liberal puro” y “juarista”. Queda claro por qué no acepta, ni aceptará, debatir el tema con alguien como Enrique Krauze. Cuando AMLO habla de conservadores disfrazados de liberales, probablemente, el espejo sea su referencia.
Quien en su entorno íntimo se rodea de personajes como Bartlett, Elba Esther, Gómez Urrutia, Korrodi o Alfonso Romo (quienes han sido acusados de múltiples y diversas violaciones a la ley), y de haber dañado con ello al país, nos quiere imponer a todos su visión moral como moral pública. Sin lugar a dudas resulta alarmante.
Hoy resulta imprescindible convocarnos a defender los avances de nuestra sociedad y a frenar cualquier retroceso en derechos que nos son fundamentales.
