La intensidad del debate público mexicano no corresponde con sus resultados.
Ni siquiera es posible elaborar una bitácora de los desencuentros recientes porque con una velocidad trepidante ya tenemos otros tantos, y ello se debe a que no se privilegian los temas que podrían dar cuerpo y sentido al intercambio político: ni el gobierno federal ni los partidos parecen dispuestos a levantar la mira y entretejer acuerdos mínimos, ya no se diga en la esfera de los llamados cambios estructurales sino que ni siquiera lo hacen para la gestión de una agenda que permita atender la inmediatez de las acciones de gobierno.
En enero hubo las mismas coordenadas antedichas.
El Presidente de México, por ejemplo, niega haber empleado el término “guerra” para caracterizar la lucha contra el narcotráfico, y de inmediato sus impugnadores emplean esa palabra no sólo para recordar al Ejecutivo que sí la dijo sino para cuestionar sus resultados, como si mediante el debate semántico pudiera dilucidarse la estrategia de combate al crimen organizado. En el mismo saco del insulto por encima de la sensatez y la propuesta se ubican los dichos del nuevo presidente del PRI, que entrará en funciones en marzo, cuyas diatribas, mucho tememos, significan apenas un atisbo de lo que nos espera en los próximos meses.
El asunto es que las descalificaciones recíprocas muestran que son muy frágiles, si no es que se han roto ya, los vasos comunicantes que debiera haber entre los actores políticos, y en ese entorno arribamos a los comicios en Guerrero, y sin duda lo haremos así en el Estado de México. En el primer caso vivimos ya la muestra palmaria de que la disputa política se ha desbordado y, en el segundo, asistimos a esa especie de laboratorio en que se ha convertido la entidad mexiquense rumbo a las elecciones presidenciales de 2012 en donde seguiremos viendo múltiples episodios que incrementen la crispación, uno de ellos, desafortunadamente, tiene que ver con la sanción que le impuso el IFE al gobernador Enrique Peña Nieto por la transmisión de anuncios promocionales más allá de las fronteras del Estado, cuando en tales anomalías también incurrieron otros mandatarios, como es el caso del gobernador de Jalisco, ampliamente documentado en la prensa.
Ante el grotesco espectáculo del discurso político, los medios también son actores a través de los cuales éste se magnifica. Creemos que la proclividad para dar preeminencia al insulto en los partes informativos inhibe aún más al intercambio razonado, por lo que los medios son también responsables del rebumbio discursivo. Al propalar chismes o, peor aún, al hacerse cómplices de violar la ley que es lo que implica grabar y difundir conversaciones telefónicas sin que medie orden de la autoridad, los medios forman parte de la descomposición pública. Y ni qué decir cuando ello sucede en colusión con los responsables de procurar justicia, que alentaron la comparecencia en las dos principales televisoras del país de un criminal como José Jorge Balderas Garza, quien presuntamente disparó en la cabeza al futbolista Salvador Cabañas. Como es sabido, luego el llamado JJ se negó a comparecer ante el ministerio público porque, según él, ya lo había hecho ante las cámaras de Televisa y TV Azteca.
Entre otras muchas coordenadas que registran la animosidad fuera de brújula, también asistimos en enero a filtraciones, como la que provino de la Cofetel para que fuera difundido un documento de trabajo hecho sobre la posibilidad de que este año se licite una tercera e incluso una cuarta cadena de televisión. Técnicamente ello es posible, pero su viabilidad está en el orden político, y por ello creemos estar en presencia de un espantajo estéril y no de una determinación. No creemos que el gobierno federal entrente a las televisoras, como no lo ha hecho durante su gestión, y menos aún en el contexto de la obsesión electoral del presidente Felipe Calderón; ojalá estemos equivocados. En donde sí no hay lugar a dudas es en que la reflexión sobre los medios de comunicación llega a haber tal animosidad que no sólo impide el intercambio fructífero de ideas sino que incluso propala información falsa, como sucedió al fines de enero cuando un periodista serio y respetable como Miguel Angel Grandados Chapa aseguró que Televisa reinaría en la telefonía móvil luego de adquirir todas las acciones de la empresa Iusacell.
En el ámbito de competencia que tiene esta revista especializada en el análisis de los medios de comunicación, reiteramos el llamado que hemos hecho desde hace más de cinco años para dejar de ver a la radiodifusión y las telecomunicaciones como un campo donde sólo hay bandos (o bandas), vale decir, polos que se dividen entre buenos y malos. En el crisol de las responsabilidades propias vale la pena alentar a un intercambio franco para modificar la ley en varias direcciones, y una de ellas es abatir los monopolios en cualquier orden en que se expresen, o sea, tanto en la televisión como en la telefonía. Esa es una de las razones por las que no coincidimos con los sesgos que enfatizan en un tema y omiten otro.
