El periodismo de ficción de Aristegui

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El pasado 20 de septiembre La Jornada informó de un lugar que vendía identificaciones de promotor o defensor de derechos humanos, entre otras, de la CNDH. No es difícil deducir que eso significa la posibilidad de que haya quienes se escuden en una credencial apócrifa para cometer acciones ilícitas. Dado ese hipotético caso, lo insólito sería que hubiera quienes, mediando consigna y con el ropaje del interés periodístico, sembraran la duda de si ese supuesto criminal podría revelar actividades delictivas de la CNDH. En el tema que me ocupa, lo insólito se vuelve realidad cuando algo así ocurrió en el noticiero matutino de MVS que conduce Carmen Aristegui, luego de que, el 24 de agosto, se difundiera la detención en Nicaragua de 18 mexicanos que pretendían delinquir suplantando la identidad de Televisa y abordo de seis camionetas con el logotipo de la empresa, en donde se hallaron cocaína y 9 millones 200 mil dólares.

Tribunal mediático

A partir de la información antedicha y hasta el 26 de septiembre, de lunes a viernes, en aquel espacio radiofónico Aristegui dedicó casi 16 horas (15:49:34 siendo precisos) sobre todo para opinar (desde la muletilla “llama la atención”) y subrayar sus dudas sobre “ese tema tan delicado”, que no vio como un agravio para Televisa o siquiera guardó prudencia hasta conocer el resultado de las indagatorias respectivas. Ante todo juzgó: mucho más de la mitad de la cobertura la dedicó a eso (el 73% poco más de 3 horas las empleó a enlaces con el corresponsal Abel Calero -quién también expresó opiniones fundamentalmente- y nada más 21 minutos y 52 segundos ocupó para difundir notas informativas, la mayoría, por cierto, en sentido contrario a lo que ella presumía o sospechaba. El sesgo es notorio y no documenta el “interés periodístico” que aseveró la conductora tener como motivación, sino que retrata la oportunidad a que acudió para intentar defenestrar al consorcio sin soporte documentado aunque eso sí, aprovechando y arengando a los impugnadores de cualquier cosa que diga Televisa.

Junto con ello, aún al proporcionar los partes noticiosos, la periodista proclamó frases como esta: “Televisa dice no son nuestras las camionetas, nosotros decimos tienen registro a su nombre”. En realidad, los vehículos no tienen registro a nombre de la televisora -las facturas se encuentran a nombre de Raquel Alatorre Correa, presunta delincuente junto con las otras 17 personas procesadas- sino que las facturas se endosaron a nombre de Televisa, es decir, en todo caso el registro se hizo con documentación apócrifa. (En distintas fechas y sitios éstas se adquirieron mediante pago en efectivo, lo que no hacen las grandes empresas para las que, además, existe un módulo vehicular para hacer los trámites respectivos, lo que no sucedió con las seis camionetas para las que se llevaron a cabo esos trámites en varios módulos delegacionales del Distrito Federal).

En otras ocasiones, a lo largo de esos 26 días hubo notables inconsistencias informativas que, acompañadas con los cuestionamientos de la periodista, ponían en el centro a Televisa y a la señora Aristegui como jueza o abogada acusadora que alienta al tribunal de la opinión pública. Por ejemplo, el 13 de septiembre aseguró que la televisora no había presentado la denuncia que exigiría un caso como éste -escudándose en fuentes anónimas y luego en funcionarios menores de la PGJDF- cuando en realidad Televisa sí había presentado la denuncia, lo hizo el día 29 de agosto ante el procurador General de Justicia del Distrito Federal, doctor Jesús Rodríguez Almeida, como etcétera informó en su portal. Pero además: a la audiencia del noticiero no se le expuso porqué Aristegui no intentó consultar a Televisa, como exigirían patrones éticos y profesionales elementales sino que, en contraste, tras conocerse el texto de la denuncia de la televisora, en el portal web de la periodista se dijo que Televisa había alterado la fecha y luego, paulatinamente, se diluyó tal aseveración falsa. Unas veces más la conductora insistió en que MVS tenía el número de las placas de las camionetas pero nunca dijo -porque no sabía o porque no consideró relevante decirlo- que las placas de los seis vehículos habían sido cambiadas varias ocasiones y tampoco registró el hecho de que Alatorre Correa fue quien adquirió el parque vehicular multicitado (lo hizo después, cuando noticieros Televisa mostró los documentos respectivos). Por cierto, en contraste con tales omisiones informativas, Aristegui sí difundió la mentira que propaló un medio nicaraguense en el sentido de que Raquel Alatorre Correa era hermana del periodista Javier Alatorre, conductor del noticiero estelar de TV Azteca.

¿Y el interés periodístico?

El amplio despliegue de juicios de Aristegui no se correspondió con el interés periodístico que ella afirmó tener, si es que coincidimos en que las noticias son la piedra esencial de la profesión. Es decir, durante casi un mes no investigó a pesar de que ese tema fue el más relevante para su programa. Y eso es lo que explica la paradoja de que hubiera sido en Noticieros Televisa donde se diera la información que ella regateó. La propia periodista lo reconoció el viernes 21 de septiembre al expresar que “Televisa nos ganó la nota”. Y es que, en efecto, en la noche anterior, el noticiero conducido por Joaquín López-Dóriga, proporcionó hechos y datos que incluso Aristegui afirmó tener consigo desde la tarde del jueves y que quién sabe porqué no colocó en su portal.

El jueves 20 de septiembre, el noticiero de López-Dóriga detalló lo que ya había expuesto en trazos generales un día antes en ese mismo espacio, además de en los boletines del 28 de agosto y 12 de septiembre de Televisa:

1) Que las camionetas no eran propiedad de Televisa; 2) que Raquel Alatorre compró en efectivo esos vehículos en Guanajuato y Jalisco y que luego endosó ilegamente las facturas a nombre de Televisa; 3) que los trámites de alta vehicular fueron hechos con documentación falsa en varios módulos delegacionales del Distrito Federal. Vale la pena señalar que uno de los responsables de los módulos, en este caso el de Tlalpan, es Luis Basurto Orozco, a quien se le canceló su clave de usuario de operador por tener antedecentes de emplacamientos iregulares relacionados con la delincuencia organizada y delitos contra la salud; 4) indentificó a los 18 presuntos delincuentes con fotos, nombre y apellido, y en el caso de Alatorre Correa presentó incluso su domicilio, y dio cuenta de que en ningún momento trabajaron en la empresa. Junto con ello; 5) se recogieron declaraciones de las autoridades de Nicaragua y de la titular de la PGR, todas coincidentes en que todo esto trata de bandas de tráfico internacional que usurpan identidades de personas y empresas para delinquir, y que eso fue lo que hicieron con Televisa.

El noticiero de Televisa reprodujo lo que en la tarde de ese día 20, en el programa de Radio Fórmula, aseguró a López-Dóriga la procuradora General de la República, Maricela Morales; 6) que las camionetas no son de Televisa, que “utilizaron el nombre de la empresa, eso es lo que se desprende de la investigación, pero las personas ni los vehículos tienen nada que ver con la empresa (…) el modus operandi de las organizaciones criminales operan de esa manera, igual con las cuentas, a veces hacen operaciones y transacciones comerciales y de transferencias de dinero a nombre de personas que ni siquiera saben que están utilizando su nombre y su domicilio, y aquí ocurrió un caso similar”. (La reseña de ese material fue lo único que se puso en el portal on line de Aristegui, el jueves 20)

El desbarranco de la insidia

El viernes 21, como ya escribí, Carmen Aristegui aceptó que Televisa le había ganado la nota y con ello avaló la información que la empresa proporcionó. Perdió la nota la periodista en un asunto al que, hasta el corte de este monitoreo, había dedicado poco más de seis semanas y el tiempo más extenso en las emisiones respectivas. Además, como también ya dije, llama la atención que Aristegui guardara información que, según afirmó, tenía desde el jueves, y no la difundiera en su portal sino hasta el otro día. Adicionalmente, la conductora de MVS enfatizó en “el amplio despliegue que dio al tema Televisa”. En realidad, fue ella quen en su programa desplegó ampliamente el tema, en tanto que Televisa le dedicó 9 minutos y 45 segundos

Pero en asuntos de juicios todavía faltaba un trecho que recorrió Aristegui:

Aparte de lo que ya reseñé líneas arriba, Aristegui comentó sobre la rapidez -y con ello lanzó la insidia- con la que concluyó la PGR que las camionetas no eran de Televisa, pero no dijo a su audiencia que esa investigación todavía no ha concluído (ello, más allá de que resulte entendible que luego de casi un mes la PGR ya hubiera al menos verificado eso). Subrayó además que aun falta por conocer las averiguaciones de la PGJDF y reiteró una y otra vez que ella no había acusado en ningún momento a Televisa. No es así, en persistentes ocasiones desde el 24 de agosto hasta el 21 de septiembre sugirió la posibilidad de que la televisora estuviera involucrada en actos violatorios de la ley. De esa forma lo manifestó el jueves 20:

“Sería muy delicado que, en efecto, la principal televisora del país pudiera estar involucrada en asuntos tan graves como los que está investigando el gobierno de Nicaragua, la Fiscalía de Nicaragua”.

En contraste, nunca se refirió a lo delicado que sería que una banda internacional usara el logotipo de Televisa o, en general, al entramado de complicidades que permiten la operación de narcotráfico, ni a la red de corrupción que implica la posibilidad de que en nuestro país se pueda suplantar la identidad de otros (lo hizo hasta el 21 de septiembre, aunque no ella, sino su reportera que, ese día, detalló que esas ilícitas actividades eran comunes en la ciudad de México -tema sobre el que, en este caso, la periodista no opinó).

Consigna que algo queda

Es asiduo en las consignas de Aristegui y en esa forma de hacer periodismo que las reviste, que se deslice la sospecha contra el otro y se cargue a ese otro la responsabilidad de probar su inocencia. Lo mismo pasó cuando la conductora, el 4 de febrero de 2011, validó la conocida diatriba del entonces senador Gerardo Fernández Noroña puesta en una manta y contraviniendo con la ética y los códigos profesionales más elementales, incluso en este caso el prontuario deontólogico de MVS: “Por lo delicado del tema” y porque éste es abordado asiduamente en las redes sociales, Presidencia de la República “debería dar una respuesta clara, nítida, formal (…), por lo que inquirió: ¿Tiene o no problemas de alcoholismo el Presidente de la República?”. Así, sin un solo dato que respaldara la pertinencia periodística de sus cuestionamientos -como incluso advirtió CNN, la cadena para la que también trabaja- solo retomando uno de los tantos excesos verbales de Noroña. Lo que sucedió después lo conoce el lector.

Un caso más reciente de ese periodismo de ficción (y de facción que se entrega a “la causa” aunque se aleje de la profesión) se ubica desde el pasado 14 de junio hasta la fecha. Con esa frase tan socorrida por Carmen Aristegui de “se trata de un asunto sumamente grave”, le dio amplio revuelo a la demanda de José Aquino, empresario de origen mexicano establecido en Estados Unidos desde hace 20 años, contra varias personas cercanas a Enrique Peña Nieto. Aquino demandó el 7 de junio por el supuesto incumplimiento de un contrato que tales personas habrían firmado con él por 56 millones de dólares para promover en territorio estadounidense la campaña del candidato a la Presidencia de la Républica del PRI. Frente a esto, la intuición de la conductora la llevó a exponer que debía saberse lo que pasó “porque de que algo pasó, algó pasó y no es una cosa cualquiera por la circunstancia involucrada en este momento”. Y en efecto, algo pasó (ahí sí tuvo razón Aristegui): pasó que José Aquino es un vivales y que por ello todas sus acusaciones fueron desechadas por las autoridades electorales del país e incluso, además, por un tribunal estadounidense. El 16 de septiembre pasado, la Corte del Distrito Central de California desechó la demanda de ese señor y determinó que pagara los honorarios de los abogados defensores de la parte acusada (los militantes del PRI). La miembros de la Corte consideraron que la demanda judicial interpuesta por Aquino, a quien hasta su propio abogado le dio la espalda, era “una queja frívola” y sus acusaciones “carecen de fundamento de hecho y de derecho”. Tal fue la conclusión legal del asunto que a Carmen Aristegui le pareció “sumamente grave” (aunque, tras conocerse la resolución de la Corte, ya no le dedicó tanto tiempo).

Valiente periodismo

Opinar más que documentar, incitar a la sospecha con la sola prudencia de no ser tajante -o sea, intentar manipular-, y expresar jucios que no contemplan el parecer de aquellos contra quienes se emiten además de tergiversar la información que éstos proporcionan, son algunas de las taras de una forma de hacer periodismo que pretende colocar en la picota a los otros contra quienes se emprende la consigna. Es, en resumen, una práctica que pone de cabeza las cosas para que sea el inculpado quien pruebe su inocencia y no al revés, en el marco de una división tajante entre buenos y malos donde el “heroísmo” se halla en quien acusa sin probar, como si esa acción tan cuestionable fuera ética y profesional.

En la democracia, las empresas mediáticas también son sujetas del escrutinio público y qué bueno, pero ello no implica que se porten credenciales para injuriar a nadie, ni siquiera con el manto de la libertad de expresión o el pretendido soporte de emprenderlo por causas nobles contra el adversario formidable o cualesquier otro pretexto para fuñicar.

Todo eso distorsiona el análisis y la polémica entorno de los medios de comunicación y lo lleva al terreno de la disputa salvaje. De ahí que esta revista etcétera sea un espacio donde también se critica eso que, en el fondo, son formas de buscar dirimir intereses económicos y políticos como los que, sin duda, y en ausencia de una política de Estado, se encuentran en juego en los ámbitos de las telecomunicaciones y la radiodifusión.

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