El 11 de noviembre, El Universal da a conocer en su primera plana fragmentos de las conversaciones entre los plagiarios de Fernando Martí y los negociadores a los que recurrió su familia durante los dos meses de su cautiverio.
La nota, firmada por la reportera Icela Lagunas cuestionable a la luz del mismo código de ética del periódico que establece que sus periodistas entienden como apología del delito publicar informaciones relacionadas con el secuestro de particulares, no especifica la fuente mediante la que El Universal tuvo acceso a las llamadas.
Ninguna novedad, si se recuerda que fue la misma Icela Lagunas quien, el 6 de agosto también en primera plana, reveló que Christian Salmones Flores, el escolta del joven Martí a quien la PGJDF oficialmente había dado por muerto, en realidad sobrevivió al ataque de los secuestradores y es ahora testigo clave.
Lo mismo que en la del 11 de noviembre, la nota no especifica la fuente de la informaci ón, aunque de su lectura se desprende que la reportera la haya redactado luego de tener acceso a las declaraciones de Salmones Flores al Ministerio Público, en las que habría pormenorizado cómo ocurrió el secuestro, al margen del lineamiento del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad firmado por el propio Juan Francisco Ealy Jr., director general de El Universal que exhorta a los medios a evitar la difusión de información que ponga en riesgo la seguridad de familiares y personas cercanas a las víctimas.
La publicación de primicias de esta naturaleza inevitablemente genera suspicacias en torno a la probable existencia de una o más gargantas profundas que, desde las mismas procuradurías, otorgan cualquier tipo de facilidades al gran diario de México para trabajar sus exclusivas.
Otra nota que abona en este sentido resulta la que, firmada por Carlos Benavides y Francisco Gómez, da cuenta el 27 de octubre de la llamada Operación Limpieza, a partir de la cual la PGR descubrió y actuó contra funcionarios y jefes de la SIEDO que trabajaban para la organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva, a partir de documentos obtenidos por El Universal.
Reforma: más allá de la primicia
El 20 de noviembre, Reforma publica en su primera plana información relacionada con la Operación Limpieza, según la cual Mario Arturo Velarde Martínez, ex secretario particular de Genaro García Luna, cuando éste fue director de la Agencia Federal de Investigación, tuvo tratos con integrantes del cártel de los Beltrán Leyva. La información es la nota principal del diario de ese día. Velarde Martínez actualmente es funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública.
Reforma da a conocer también el nombre del testigo protegido identificado por las autoridades como Felipe quien gracias a sus revelaciones se hizo posible desentrañar los vínculos de altos funcionarios de la SIEDO con organizaciones criminales. Por alguna razón y obedeciendo a los intereses de la fuente, la garganta profunda que filtró la información, los editores de Reforma decidieron deliberadamente mencionar al menos dos veces el nombre real de Felipe.
Esta forma de proceder del diario es cuestionable a partir de dos principios elementales de ética periodística: el periódico da a conocer detalles de una averiguación previa, con nombres de personas que aún no han sido consignadas por las autoridades, lo que podría ponerlos sobre aviso de las investigaciones de las que son objeto.
Y, lo que resulta muy preocupante, el desprecio que el diario tiene respecto de información cuya reserva resulta un asunto, sin exagerar, de vida o muerte, al dar a conocer el nombre de unos de los testigos protegidos por la PGR.
