“Ella hizo de mi vida un infierno. Y eso que yo no era ningún adversario. Los dos o tres años posteriores a ella, me cerró todas las puertas y… ventanas. Nadie me daría trabajo o se las vería con ella. Me quede casi ‘homeless’ y a punto de irme de indocumentada sin mi hijo para poder sobrevivir”.
Ese testimonio no es el de una víctima del crimen organizado, sino el de una comunicadora que experimentó las represalias de Gina Domínguez Colío en su momento de mayor poder, cuando cualquier trabajador de los medios que contara con su antipatía o que no manejara la información sobre Veracruz bajo sus parámetros, corría el riesgo de perder su trabajo y de ser vetado de los medios del estado durante años.
No fue ése el único riesgo de enfrentarse a la poderosa Coordinadora de Comunicación Social de los primeros años del gobierno de Javier Duarte. Si un reportero tenía la desgracia de caer víctima de la violencia que comenzó a azotar a Veracruz con fuerza desmedida desde el primer año de ese sexenio, la vida no era lo único que perdía. También su reputación y buen nombre.
Invariablemente, y particularmente de 2011 a 2014, los reporteros asesinados durante el duartismo fueron criminalizados por el gobierno estatal por instrucción directa de Domínguez Colío, que dictaba los términos en los que quienes ocuparon el cargo de procuradores estatales en ese periodo tenían que declarar a los medios sobre dichos casos.
Los que también recibían dictados desde la oficina que dirigía con mano de hierro Gina Domínguez eran los encargados de las redacciones de diarios, radiodifusoras y televisoras del estado, a quienes se les “sugería” –bajo el entendido de que era una orden– día tras día cuál debía ser la nota principal, cuáles las que acompañaban, los teasers y cuáles no debían ser publicadas ni transmitidas.
Todo eso, a cambio de millonarios convenios que enriquecieron a algunos dueños de medios, y por supuesto, a ella misma, que de vivir modestamente en una casa de interés social, se hizo propietaria de un fraccionamiento residencial particular para su familia en una zona exclusiva de la región de Coatepec, así como de restaurantes, cafeterías, radiodifusoras y portales de Internet.
El de Gina Domínguez –quien fue ingresada a prisión el pasado 20 de mayo acusada de abuso de autoridad y desvío de recursos por más de 100 millones de pesos– fue un reinado de terror para los medios y los periodistas en Veracruz, cuyas consecuencias aún se padecen.
Una pesada losa de ignominia
Luego de regresar de Quintana Roo, donde fungió como Coordinadora de Comunicación Social del gobierno de Mario Villanueva Madrid, a mediados de los 90, Gina Domínguez se instaló en Xalapa, Veracruz, donde trabajó en varios medios y se ganó una reputación de buena y aguda periodista, lo que le valió también el respeto y hasta la admiración del gremio en esos años.
Esa situación comenzó a cambiar en 2004, cuando conoció a Rosa Borunda, esposa del entonces candidato y después gobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán, quien la cobijó en su círculo cercano como asesora, función que desempeñó sin dejar de dirigir redacciones de medios, alejándose del periodismo para dedicarse a la propaganda política disfrazada.
