Hace diez años el dirigente nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, aludía al compromiso de su partido por reformar las leyes que rigen a los medios de comunicación; se trata de modernizar, según afirmó, el desfasado esquema con el que aquellos operan. Días antes, los empresarios de la Camara de la Industria de la Radio y la Televisión también manifestaron su interés por llevar a cabo los cambios pertinentes aunque acaso el mayor aliento para atender esa empresa reformadora estaba en las expectativas generadas por la asunción de Vicente Fox como Presidente de la República.
El 9 de octubre de 2000, El Universal publica una nota de Miguel Badillo sobre la propuesta de varios legisladores panistas, encabezados por Javier Corral, quienes formaban parte del equipo de transición del Presidente electo. El diagnóstico es contundente: “para nadie es desconocida la vasta zona de impunidad que el sector mediático representaen nuestro país, el nivel de influencia, seducción y poder que ha logrado, y su sorprendente capacidad de adaptación y acomodo sexenal: se trata de una red de intereses que compite con los poderes formales del Estado”, advierte el documento. Al respecto, la propuesta incluía dos proyectos de acuerdo para crear la coordinación general de comunicación social de la Presidencia y la comisión intersecretarial de comunicación social, así como la reestructuración orgánica de las áreas competentes en materia de medios de comunicación de la Secretaría de Gobernación.
La propuesta pretendía “crear un Consejo Nacional de Radio y Televisión; constituir dos direcciones generales: una de normas de comunicación y otra de políticas de comunicación; crear un sistema nacional de medios públicos; revisar el esquema de operación del Archivo General de la Nación; modificar el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley de la Industria Cinematográfica”. Los panistas reconocen, escribe Badillo, que uno de los puntos fundamentales de este proceso de reestructuración en materia de comunicación social, “deberá ser el establecimiento de una verdadera política de comunicación de Estado, que coadyuve, en el ámbito de competencia del Presidente de la República, a hacer efectivo el derecho a la información” consagrado en la Constitución General de la República”.
Diez años después continuan los mismos discursos e incluso las propuestas de siempre sin que haya avance en la materia. Peor aún, respecto de la libertad de expresión podría decirse que el país
ha tenido retrocesos como lo muestra el reporte que, en septiembre de este año, conocimos de los relatores de la OEA y la ONU quienes, además, ejemplifican el caso de la revista Contralínea, que ahora dirige Miguel Badillo, como uno de los más emblemáticos para documentar los problemas que el periodismo enfrenta.
