¿Cuál es la función de los medios públicos?
En México medios públicos como tales no existen porque no están regulados, tenemos que hablar de medios de servicio público y la aspiración de convertirse en medios públicos. En esa medida en un medio público se trata de que haya responsabilidad, independencia, autonomía y viabilidad financiera que le permita cumplir una función que es transmitir contenidos de alta calidad que contribuyan a afianzar los valores de la democracia. Esto debe llevarse a cabo, a través de una regulación más clara que permita que no estén determinados por el gobierno en turno sino que sean espacios abiertos, que cumplan esa función social de transmisión del conocimiento, la cultura, y también, por qué no, en algunos casos del entretenimiento.
¿Cuál es la responsabilidad que este gobierno federal ha tenido respecto de los medios públicos? ¿En qué se diferencia de la administración anterior?
Más que hablar del gobierno hay que hablar de lo que ha ocurrido en la Corte que, digamos, es el punto de partida realmente en este sexenio en cuanto a la relación del Estado con los medios. Más allá de quiénes estén de acuerdo o no con la resolución, tiene que ver con este momento ejemplar de cómo institucionalmente a través de una enorme legalidad y transparencia la Corte definió la inconstitucionalidad de algunos de los artículos claves de la ley de radio y TV. Ello ha dado una visión nueva sobre cómo deben regularse los medios y abre un espacio para que los legisladores, en contacto con toda la sociedad civil, decidan qué hacer, si una nueva ley o reformar la anterior, éste es un criterio que tomarán ellos, y en ese marco si habrá una ley de medios públicos o si se regularán dentro de una amplia y nueva ley.
¿Está de acuerdo con la creación de una ley específica para medios públicos?
Sin todavía yo tener un punto de vista absolutamente claro, esto se discute en la Red. Desde luego que hemos comentado con distintos directores de medios públicos sobre qué sería lo más conveniente. En el marco de la legislación anterior, la Red había trabajado en un proyecto. Sin embargo, la decisión de la Corte abre un espacio en el cual tal vez exista otra opción, una nueva ley que contemple en un apartado importante y amplio a los propios medios públicos.
¿Cuál sería el mecanismo ideal para redactar la ley?
Ocurre que muchos medios públicos, particularmente la Red, están tomando la iniciativa de preparar un proyecto que puede transformarse en un capítulo de una ley general de radio y TV. Hay que continuar con este espíritu de apertura, y hacer que la sociedad se entere de los términos a discutir y que pueda haber una redacción que satisfaga intereses generales y no sólo particulares como ha ocurrido en otras ocasiones.
¿Cómo debe ser su financiamiento?
Hay muchos modelos. Sinceramente creo que el modelo mexicano tal como funciona para, por ejemplo, Canal Once o Canal 22, es el correcto. A diferencia de medios públicos que hay en otros países donde se busca que una garantía de su independencia sea su autofinanciamiento, creo que en el caso mexicano debe garantizarse desde luego esa autonomía, pero considero que es misión del Estado transmitir aquellos programas que no tienen posibilidades en la TV comercial.
En el modelo chileno o el español la televisión pública compite con la comercial para financiarse y lo hace con los mismos contenidos. Yo defiendo este modelo mexicano en el cual el Estado, desde luego tratando de incorporar a cada vez mayor número de anunciantes y miembros de la iniciativa privada, se responsabiliza de que estas opciones de televisión de alta calidad transmitan solamente contenidos que no buscan competir con la TV comercial.
¿Cuál es la situación del canal en este sentido?
El Canal 22 es una empresa de propiedad estatal a partir de una concesión, recibe un presupuesto fiscal y genera recursos propios. La mayor parte del presupuesto sigue siendo fiscal, tenemos una variación en el porcentaje cada año, y que queremos que crezca de recursos propios derivados de la propia actividad del canal y de la publicidad privada y pública que tenemos.
¿Cuáles son las proporciones de estos ingresos?
Son 144 mdp fiscales y luego, depende cada año, podemos tener de 20 a 40 mdp por recursos propios.
¿Es factible la venta de producciones a particulares o a otras áreas del gobierno para allegarse de recursos?
La ley nos faculta para hacer la producción de cierta cantidad de productos siempre y cuando tengamos un 51% de participación directa en esos productos.
¿Cuál es el modelo de TV pública posible para México?
El español no lo utilizaría en lo absoluto, no creo que se justifique una televisión pública compitiendo con contenidos a veces de la peor calidad sólo para financiar contenidos de alta calidad. Desde luego el modelo siempre será hacia la BBC o la PBS de EU. Sin embargo no tenemos que copiar el modelo como tal, creo que México, en ese sentido, está a la vanguardia comparado con muchos otros países. Tiene, por ejemplo, dos canales culturales, el 11 y el 22, algo impensable en países como España donde la TV pública no es cultural sino general que busca la gran audiencia. A lo mejor no estamos tan conscientes de que tenemos una gran ventaja frente a muchos países dada nuestra tradición de apoyo del Estado a la cultura de tener dos canales que son dos opciones reales y auténticas frente a la televisión comercial.
¿Cuál sería el modelo de organización ideal para los medios públicos en México? Por ejemplo, en cuanto a la elección de sus directores.
Cada una de las televisoras tiene modelos distintos pero lo esencial es que haya, más que en el proceso de designación que desde luego debe tratar de buscar a la persona adecuada, una garantía de independencia, objetividad, transparencia e imparcialidad en los contenidos.
En el caso del 22 es designado por el Ejecutivo… Efectivamente.
¿Eso no genera dependencias?
Por eso digo, hay que ver cuál es el mecanismo, más allá de quién lo designa, insisto, lo más importante es que la legislación obligue a esta persona a guardar estos principios de servicio público.
¿Cómo asegurar la autonomía e independencia?
A través de una legislación propia y de autorregulación interna. Por ejemplo en Canal 22, a falta de una legislación que nos dé una certeza jurídica, por convencimiento personal de esta administración estamos tomando una cantidad importante de medidas de autorregulación que intentan volver confiable y transparente la actuación de una televisora pública. Estamos haciendo y anunciaremos en septiembre un código de conducta y estilo que intenta garantizar esos principios de manera interna. Además la aplicación de la figura del defensor del televidente que comenzará en septiembre, es un medio que intenta garantizar esos mismos principios. Ese defensor tendrá toda la independencia para opinar sobre la programación y recibirá las quejas, sugerencias y peticiones del público, les dará cauce y las hará públicas. Estamos por crear, también, un comité encargado de definir qué proyectos de productores independientes se aprueban para que no sea decisión única del director del canal.
¿Cómo se elegiría a este defensor?
Como esto es todo un proceso de autorregulación, simplemente al interior de CONACULTA y Canal 22 se designará directamente un académico de reconocido prestigio que no tenga relación de trabajo con el canal, para que eso garantice su independencia.
¿Qué tipo de contenidos deben orientar a los medios públicos?
Es cuestión de que cada medio público defina su perfil, no todos tienen que ser culturales; este canal nació y su naturaleza es cultural, desde luego entendida en un sentido muy amplio. Ésa es su misión y por eso creo que es importante que el Estado cuente con un organismo que difunda la cultura mexicana y universal.
¿Qué peso debe tener la producción propia?
Hasta la administración anterior había un promedio de 49% de producción propia frente a un 51% de adquirida, quisiéramos mantener esa proporción. Podríamos tener TV de muy alta calidad sólo comprando materiales de fuera, pero creo que justo una televisión de servicio público tiene que vincularse directamente con la sociedad y la comunidad artística mexicanas, que encuentren un espacio de expresión en Canal 22.
¿Qué reto implica para los medios públicos la digitalización?
Es un reto enorme y una obligación legal. No es algo que queramos o no hacer, hay una disposición legal que nos obliga a terminar, cuando más tarde en el 2012, este proceso de digitalización. Estamos trabajando en ello, hay conciencia en todos los actores, el gobierno, CONACULTA, la SEP y Hacienda de que es necesario cumplir con el calendario. Hemos hecho la parte más económica, necesitamos una amplia inversión de recursos fiscales suplementarios para poder cumplir con este proceso.
