El parámetro fundamental para confrontar el respeto a los derechos de un individuo con el interés público en periodismo es la ética, sin importar cuánto se intente cuestionar o resignificar el concepto de privacidad frente a la exposición voluntaria o involuntaria de nuestro quehacer cotidiano en la era de Internet.
Entendido eso, nada habría que objetar por el debate y enfrentamiento de intereses que parecen avecinarse ante un nuevo intento de regular contenidos en Internet que apunta, entre otros ámbitos, directamente hacia el quehacer periodístico.
El problema está en que cada ocasión que se cuestiona el criterio de un medio para publicar algo que puede afectar los derechos de un individuo, su primera reacción es argumentar que está violándose su derecho a la libre expresión y el de estar informados, de su audiencia.
Y seguramente eso ocurrirá cuando en la Cámara de Representantes de Estados Unidos se discuta la iniciativa Intimate Privacy Protection Act que está basada en los abusos contra la vida privada de las personas al exponerlas públicamente, recurso muy utilizado en el periodismo actual para atraer lectores.
La iniciativa, armada en consenso por los partidos Demócrata y Republicano haría ilegal la distribución de imágenes privadas explícitas sin el consentimiento de las personas involucradas, incluso generaría consecuencias de carácter delictivo para terceros que buscaran obtener ganancias a partir de la publicación de ese material.
Si bien el marco de la iniciativa es bastante amplio en lo que podría ser su ejecución, apunta directamente a esa parte del periodismo que ha hecho un negocio muy redituable con de contenidos que exhiben aspectos privados de personas comunes o personajes públicos.
El negocio del cebo
Hablar de la existencia de una visión errónea en la discusión sobre lo público y lo privado entre los editores de más de un medio de información en México y el mundo como algo nuevo sería similar a querer descubrir el hilo negro. Pero no puede hacerse a un lado que la irrupción de Internet ha traído implícita la necesidad de discutir asuntos que ya creíamos rebasados o entendidos, porque cambió completamente la dinámica y las rutinas sociales en las que nos desenvolvemos y avanzamos como sociedad.
Hoy la definición de qué se publica y qué no en los medios está condicionándose a estrategias de atracción de lectores que se alejan de lo informativo –entendido como un valor agregado y de uso social–, por lo meramente atractivo, una suerte de sensacionalismo barato y con fecha de caducidad inmediata.
Las consecuencias pueden ser desastrosas para la vida de las personas involucradas: linchamientos virtuales que pueden derivar en amenazas graves o incluso ataques personales, despidos, problemas familiares, casos de depresión severa, son resultados de una consideración errónea, de un criterio inadecuado en el que el interés económico se coloca por encima de los derechos del otro.
Internet ha permitido incrementar exponencialmente la capacidad de una noticia de llegar a un número mayor de audiencia, pero ese público es disperso, está expuesto a una cantidad de información que es difícil de manejar y administrar, por eso la consigna se ha vuelto encontrar formas de atraerlo a como dé lugar.
Entre esas formas una ha funcionado siempre: exponer al otro, al que es diferente a uno, al que se puede considerar superior en alguna forma, o que representa la figura ideal o incluso que se le exhibe como inferior, que recurre o mantiene alguna práctica todavía cuestionada, lo importante es encontrar un rasgo, un dato que lo ponga aunque sea por un breve instante en un marco atractivo.
El cebo es ese: la peculiaridad, aun cuando muchas veces puede ser algo tan cotidiano, pero que de preferencia aluda a lo privado, porque cumple el supuesto periodístico de descubrir de retirar el velo y distorsionar la premisa de que el periodismo implica exponer y hacer público algo que no debería saberse o que alguien no desea que se publique.
Ese principio plantea una perfecta ironía para el debate. ¿Qué es lo que alguien no quiere que publiques y que es válido publicar? La respuesta no es tan complicada: si se trata de un asunto que afecta en verdad la vida pública, un fraude, un elemento peligroso para la sociedad, la discusión ni siquiera debe tener lugar, debe publicarse.
Pero si alguien decide tener una práctica que no afecta a la sociedad y decide que no quiere que se publique, ¿por qué habría que pasarse por encima de su derecho a la privacidad y exponerlo abiertamente?
La respuesta: por dinero. Por la necesidad de sacar de la crisis al modelo periodístico que no ha logrado concretar una fórmula general para garantizar la sustentabilidad de los medios sin recurrir al sensacionalismo. La práctica de este recurso ha convertido a la información privada en un valor porque hoy más que nunca es posible contabilizarlo. Las herramientas digitales para contar cada visita, lectura, o tiempo de lectura promedio de un usuario de Internet en un medio ofrecen un parámetro inigualable para hacer negocios. Dentro de esa perspectiva, tanto la información como los usuarios, se han convertido en bienes intercambiables: yo te ofrezco tantos usuarios-lectores, a cambio de tal cantidad de dinero. Es cierto, el periodismo debe ser un negocio, ni los reporteros, ni los editores, fotógrafos, correctores, programadores, diseñadores e incluso el personal de intendencia de un medio viven sólo de respirar. El problema es a qué costo están generando esos ingresos.
La iniciativa que se discutirá en Estados Unidos debe abrir el debate desde una perspectiva más allá de lo legal porque en el intento de imposición de un marco regulatorio está siempre la oportunidad de reflexionar con profundidad cuál es el papel que está cumpliendo el periodismo cuando recurre algo tan vulgar como exponer asuntos de índole privado.
Es cierto también, existe el riesgo de que se construya a la par un cerco, una forma legal de censura conveniente para algunos personajes públicos. Sin embargo, no debe olvidarse que existen parámetros para definir qué de la vida privada de una persona sí puede incidir en su desempeño público y por ende sí que debe ser publicado. Pero ello corresponde a un trabajo bien acreditado y que demuestre la utilidad de esa información.
Uno de los mayores ejemplos es la publicación de las fotografías de Melania Trump, esposa del candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, que dividió el debate entre si era válido exponer un asunto de carácter privado, pero que a su vez refería un discurso de doble moral por parte de la campaña del aspirante a la Casa Blanca.
Llegar a un acuerdo regulatorio sobre contenidos en los que existe información privada, dentro del ámbito que afecte al ejercicio periodístico implicará tocar puntos muy delicados y que deberán atenderse con cuidado de no rebasar límites. Es un debate por la prevalencia de un derecho sobre otro, de una responsabilidad social.
Lo más grave es que no debería ser tan difícil resolverlo: cada información a publicarse tiene que ir medida en sus consecuencias, tiene que revisarse a partir de un marco ético, y esa capacidad de autorregulación no se obtendrá solamente de una ley que podría ser repetida en otros países si en Estados Unidos se aprueba, sino a través de la voluntad de quienes hacen periodismo de entender cuál es su papel en la sociedad.
