Dentro de los derechos humanos en general, y también como parte del ejercicio de la libertad de expresión, en particular, el Estado mexicano debiera garantizar la operación de las radios comunitarias.
Con esa base, diversos señalamientos internacionales registran la centralidad de que en las democracias contemporáneas haya canales alternativos de comunicación a la red de concesionarios y permisionarios que conocemos en la industria de la radiodifusión, ya que estos, digamos, integran una tercera opción: atienden a las necesidades propias de cada poblado o región.
Al respecto, creemos que hace seis años, con los primeros permisos de operación obtenidos por las radios comunitarias en el país -através de la AMARCMéxico-, se dio el paso más importante que en materia de radiodifusión hayamos tenido durante los últimos tiempos. No fue sencillo, por supuesto, en virtud de las resistencias que un sector de la administración del entonces presidente Vicente Fox mostró y que siempre operó junto a los concesionarios de la radio aglutinados en la CIRT para incluso incriminar a las radios comunitarias.
El discurso de aquellos años era que primero había que cambiar la ley antes que cualquier cosa por lo que, en ausencia de un marco normativo que las integre, las radios comunitarias eran ilegales y habría que cerrar cualquier intento de comunicación que tuviera ese origen “pirata”. La ley es la ley, se decía, con ese donaire tan típico del autoritarismo, y así operó la PGR y el Ejército para cerrar varias estaciones. Por fortuna, esa óptica leguleya -que en esencia resulta violatoria de los derechos humanos- no fue la que imperó, más aún, desde la Secretaría de Gobernación se atendió a las características singulares de esa oferta de comunicación -sus múltiples fines sociales no lucrativos- y determinó entregar sus permisos, aunque la figura de las radios comunitarias no estuviera ni en la Constitución ni en otros ordenamientos secundarios. Y el vacío significa, no obstante aquel indudable avance, un resquicio donde se ha pretendido transgredir el derecho a la existencia de las radios comunitarias.
A partir de 2010, desde distintos órdenes, se ha reactivado esa misma visión que transgrede el funcionamiento de las radios comunitarias, incluso desde una visión que pretende dar trato de iguales a quienes, en realidad, son desiguales: en modo alguno es lo mismo una estación concesionaria que una que no obtiene ingresos y que, además, opera con recursos técnicos precarios y con integrantes de las poblaciones que no reciben sueldo. Pero mediante ese discurso es que, a mediados del año pasado, en el IFE se propuso sancionar a Radio Calenda por incumplir con la trasmisión de spots por un monto de 40 mil pesos, propuesta que, y esto es alentador, fue rechazada de manera unánime por los consejeros electorales que, incluso, se comprometieron a incorporar el tema en el reglamento de acceso a radio y televisión bajo la mirada que diferencia claramente la oferta de las radios comunitarias respecto de otras (por eso aplaudimos la decisión final del IFE que, meses atrás, tuvo una consideración similar con Radio UNAM). Sin embargo, con las mismas coartadas a las que nos hemos referido, el gobierno federal, en noviembre pasado, incriminó al doctor Héctor Camero, que participa en el micrófono desde hace diez años en la Radiodifusora Tierra y Libertad en Monterrey, Nuevo León, luego de que los policias le exigieran que les mostrara la autorización para trasmitir. Esa estación, por cierto, desde hace más de cinco años ha solicitado su permiso para operar.
Es imprescindible estar atentos a situaciones como las descritas y, junto con ello, avisorar el horizonte de oportunidades que hay no sólo en la defensa de las radios comunitarias sino para explorar los caminos de su consolidación. El objetivo central es que obtengan reconocimiento expreso dentro de la Constitución, en la ley que rige el ramo y en las normas secundarias aunque en esa ruta creemos que conviene preguntar qué ocurrirá con la transición digital radiofónica, más allá de que hubiera quienes, “con la ley en la mano”, exigieran a las comunitarias adecuarse a las innovaciones tecnológicas o fenecer. Pensamos que vale la pena que tras la digitalización la banda de AM sea ocupada por otros operadores de caracter social como los culturales, los indigenistas y los comunitarios. No cabe duda: esas frecuencias son del Estado y no vemos porqué tuvieran que permanecer en manos de los concesionarios.
Con el respeto de siempre, les presentamos esta propuesta a las estaciones culturales, indigenistas y comunitarias; a la AMARC-México en particular. Ustedes saben que decidan lo que sea, cuentan con nuestro respaldo; etcétera es, además, un espacio suyo. Entendemos que la Amplitud Modulada sería, eso sí, el primer paso para el desarrollo de estas emisoras porque, en efecto, no deben ser definidas como pocas, pobres y pequeñas.
A esa causa entregaremos toda las energías y la inteligencia que nos sea dable y, por supuesto, como desde hace seis años con ése y otros temas, nos declaramos listos para el intercambio de ideas.
