Es por todos conocidos la difícil situación que atraviesa el gobierno de Sebastián Piñera, luego de que el movimiento estudiantil demandó poner fin al lucro en la educación. No se trata de una crisis cualquiera, sino de una que evidencia la marca más profunda del “exitoso” modelo chileno: el lucro sobre los derechos básicos, como la educación. Son estas marcas del “modelo chileno” las que develan cada día la concentración extrema de los medios de comunicación, en un oligopolio compuesto por el El Mercurio y Copesa, o el crecimiento económico desigual que enriquece a los más ricos y acrecienta la desigualdad entre los chilenos.
En 20 años de gobiernos democráticos fueron pocas las reformas que se hicieron en este ámbito. Ese fue uno de los sesgos más claros de la influencia del neoliberalismo, que partió con Augusto Pinochet y Milton Friedmann pocos años después del golpe de Estado contra el gobierno del Presidente Salvador Allende.
Mucho se ha dicho acerca de la cobertura al conflicto estudiantil por parte de los medios de comunicación y sobre sus omisiones de cuestiones fundamentales. También se ha señalado el importante papel de las redes sociales en las convocatorias a marchas y acciones creativas, pero poco se ha escrito sobre el rol de las radios comunitarias en el proceso.
En Chile, las comunitarias fueron legalizadas como radios de mínima cobertura en 1994 por el gobierno de Patricio Aylwin, con un watt de potencia, sin posibilidad de emitir publicidad y sin obligación de pertenecer a organizaciones de la sociedad civil. Actualmente son reconocidas, pero deben limitarse a una escasa potencia, que las restringe a pequeños territorios. En estas condiciones las radios están desafiadas a actuar en red con otros medios ciudadanos para aumentar su impacto en momentos donde los difusores tradicionales no dan cuenta de toda la riqueza del proceso por democratizar el país. En medio del actual conflicto, la ciudadanía ve con preocupación el control de la información y expresa en la calle su desconfianza hacia los medios masivos, cuyos discursos son contrastados en prácticas de redes sociales que generan otros diálogos. Así, el malestar con el modelo de desarrollo se hace extensivo a los medios de comunicación.
Sin embargo para que la ciudadanía participe es necesario que actúe en el espacio comunicacional en situaciones mínimamente justas. Esta condición, indispensable para el desarrollo democrático, no está dada en Chile. En esa dirección es fundamental fortalecer a los medios que dan voz a aquellos que no tienen cabida en los medios tradicionales. Por todo esto, las radios comunitarias han potenciado el trabajo con otras emisoras y trabajan interactuando con las redes sociales. Se trata de dotar al conflicto de otro relato, capaz de colocar la libertad de expresión como un derecho fundamental para construir un desarrollo más justo e inclusivo.
Algunas de las experiencias desarrolladas por las radios han sido coberturas nacionales de las jornadas de protesta, a través de la acción coordinada con radioemisoras comunitarias de distintos puntos del territorio. Además, la red de radios comunitarias, junto con diversas emisoras universitarias, realizó una cadena radial, “1800 minutos por la educación”, en la que la producción informativa se relacionó con programas de debate que pusieron al aire los discursos de más de 22 organizaciones sociales.
Esta producción en red tuvo el valor de relacionar medios ciudadanos y potenciar el trabajo territorial que hace parte del rol de los medios comunitarios. La experiencia también conforma un movimiento comunicacional ciudadano, capaz de contrastar las palabra de los actores sociales con los discursos ideológicos de los medios dominantes. Que tiene el valor de demostrar que la gestión de medios por parte de actores no comerciales permite una mediación en la construcción de nuevas formas de expresión, que aportan en la incorporación al debate político de otras fuentes y otras voces.
Esto es especialmente relevante en situaciones de confrontación como la que vive Chile, en las que la renovación de los liderazgos y la representación de los intereses de la ciudadanía darán las bases para un cambio político más democrático.
Además, éstas y otras prácticas de los medios comunitarios permiten traspasar a la ciudadanía la libertad de expresión como una condición para los cambios sociales que se quieren lograr.
El mercado como regulador del desarrollo de los medios de comunicación también debe ser cuestionado porque hace imposible el desarrollo de una comunicación que esté al servicio de una participación mayoritaria de la ciudadanía.
Para garantizar la libertad de expresión de las mayorías, el lucro en la comunicación también debe cambiar, porque la democracia necesita medios diversos y socialmente plurales.
