Uno de los problemas que enfrenta el país no sólo es la ausencia de transparencia, también la impunidad -que consiste en que no haya consecuencia alguna para quien viole la ley- y la falta de rendición de cuentas; es decir, que no hay quién responda o asuma las consecuencias de sus actos al ejercer el poder público, incluyendo -pero no limitándolo- los recursos públicos. Quien no puede lo menos no puede lo más. El contexto en el territorio nacional abreva dos posturas: a) el cinismo (definido por la Real Academia Española de la Lengua como “desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables”) y/o b) la simulación (definida por la RAE como “representar algo, fingiendo o imitando lo que no es”). El objetivo ideal de muchísimos gobernantes es generar la percepción social de que existe un amplio y robusto compromiso con la transparencia y el Estado de derecho a cambio de que no se le ponga en el dilema de que se verifique lo que se predica con lo que practica. No hay, en el mayor número de los casos, una situación maniquea que divida claramente las cosas en blanco y negro. Hay, en casi todos los casos, matices de grises.
En Puebla, que cuenta con la cuarta ciudad más grande del país, sólo superada por el Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara, el estado de la transparencia no es la excepción a lo que sucede en casi todo el país. Peor todavía, la cultura del secreto y la simulación gozan de cabal salud. Por sorprendente que pudiera ser no hay masa crítica ni sociedad civil con dosis apreciables de organicidad. Las universidades no constituyen el nido donde se incube el pensamiento crítico, propositivo y espacio de libre intercambio de las ideas y del debate. La investigación aplicada cumple un cometido formal y la obsecuencia con el poder público ha adquirido carta de naturalización. Los pesos y contrapesos residen en el conocimiento privilegiado de los grandes pecados entre unos y otros. De ahí, por ejemplo, que las autoridades formales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla compitan entre sí para ver quién encuentra las mayores virtudes al gobernador Rafael Moreno Valle. Algo, por supuesto que sería imposible en la UNAM con respecto al Presidente de la República.
Como muestra de lo absurdo, el artículo 18, fracción III de la Constitución de Puebla establece que son poblanos: “III.- Los mexicanos nacidos fuera del territorio del Estado, hijos de padres no poblanos, con residencia continua y comprobable de cinco años dentro del mismo, mayores de edad, que manifiesten ante el Congreso local su deseo de ser poblanos y obtengan del mismo su aprobación para ser considerados como tales”. El Senado de la República Romana del siglo II no hubiera redactado algo mejor que los legisladores poblanos, en donde 19 siglos es apenas un suspiro. En este contexto acaso se pueda explicar por qué en Puebla el pasado se le ha venido encima. La alternancia formal en la entidad ha sido un poco más que una expectativa en materia de transparencia. Muchas cosas del polémico gobierno del señor Mario Marín han quedado al descubierto. Es una larguísima lista de conductas ilícitas y, en el mejor de los casos, reprobables desde la ética pública. Veamos.
Primero. Durante el gobierno de Marín la transparencia no fue ni siquiera una apariencia. Un amplísimo conjunto de solicitudes de información al gobierno del estado que coordiné no fueron satisfechas. Ni una sola de un total de 485. No se trató en ningún caso de temas que razonablemente pudieran ser considerados que debían clasificarse como reservados o confidenciales. Así, por ejemplo, a la solicitud sobre el currículum vitae de los servidores públicos la respuesta fue: “La información requerida por usted no es posible proporcionarle, por tratarse de información reservada”. Al solicitar información sobre el cumplimiento del artículo 123 citando apartado y fracción, incluso reproduciendo el texto de la ley, la respuesta fue: “Le informo que nos encontramos imposibilitados de responder su solicitud, dado que la información contenida en ella no es clara”. Así, por ejemplo, se formuló una solicitud que decía lo siguiente “Solicito me proporcione copia electrónica de los documentos probatorios que acrediten el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 43, fracción I de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, que a la letra dice: ‘Preferir en igualdad de condiciones, de conocimientos, aptitudes y de antigüedad, a los trabajadores sindicalizados respecto de quienes no lo estuvieren; a quienes representen la única fuente de ingreso familiar; a los veteranos de la Revolución; a los supervivientes de la invasión norteamericana de 1914; a los que con anterioridad les hubieren prestado servicios y a los que acrediten tener mejores derechos conforme al escalafón'”. La respuesta fue la misma que la anterior: “En mi carácter de Titular de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información de esta Secretaría y con fundamento en el artículo 23 fracciones I y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, y atendiendo a su solicitud PUE-2010-001886, al respecto le informo que nos encontramos imposibilitados de responder su solicitud, dado que la información contenida en ella no es clara”. Un ejemplo más: “Solicito me proporcione copia electrónica de los contratos, convenios y órdenes de inserción de anuncios o publicidad de cualquier tipo en medios de comunicación impresos, electrónicos y a través de nuevas tecnologías de información de esa Secretaría o dependencia correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero del 2005 al 30 de julio del 2010”. La respuesta es un claro ejemplo de la filosofía marinista: ‘”Respecto a su solicitud le informo que esta Secretaría tiene convenios celebrados con el Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla (Sicom) en materia de publicidad, pero de acuerdo a lo establecido en su cláusula Novena. -Confidencialidad `Las partes convienen que toda la información que se genere y/o se intercambie entre ellas’, material de este Convenio, será considerada como estrictamente confidencia; por lo que el Sicom, se obliga a no proporcionarla a terceros, inclusive después de la terminación o rescisión del presente instrumento, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que haya lugar’, nos encontramos imposibilitados de proporcionarle la información requerida por usted”‘.
Segundo. Ocho meses después las respuestas fueron muy distintas. Les costó trabajo. Hubo incomodidad. Pero contestaron en tiempo y, en la mayor parte de los casos, en forma. En la solicitud 00116011 que formulé se pudo saber que en el último mes de gobierno del señor Marín se gastó en consultorías 40 millones 494 mil 360 pesos con 36 centavos. Generoso con el dinero de la sociedad, el señor Marín, de acuerdo con la respuesta de la solicitud 00088411, otorgó donativos para ayudas de todo tipo. Desde apoyos para “gastos funerarios” por 84 mil 680 pesos hasta por “intervenciones quirúrgicas” por 200 mil pesos. La cobranza del gobierno de Puebla con Marín registra cifras graves. Al 30 de marzo del 2011 se habían detectado cuentas por cobrar por 760 millones 929 mil 270 pesos.
Dos cosas son de subrayar: a) el apoyo a la comunidad empresarial poblana al dejarle de cobrar la cantidad de 296 millones 726 mil pesos de impuestos locales determinados mediante las auditorías respectivas y haber causado un daño al patrimonio estatal y b) la parálisis del estado de Puebla al no iniciar ninguna acción ante la penalización bancaria por 4 millones 233 mil pesos derivada de la devolución de cheques sin fondos. Para el denominado rubro de “ayudas”, el gobierno de Puebla gastó en 2010 la cantidad de 701 millones 154 mil 875 pesos. (Solicitud 00139911). Es de llamar la atención la filosofía marinista, por decirlo de alguna manera. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a cargo precisamente de la esposa del gobernador, recibió cero pesos para “ayudas”, acaso pueda significar que el mandatario poblano dejó a su propia esposa fuera del trabajo inusual de entrega de dichas ayudas como un resquicio de ética personal. Tampoco lo quiso hacer él mismo, pues a su oficina sólo le asignó 211 mil pesos. No obstante, a la Secretaría de Gobernación (así se le llama en Puebla como acto fallido del orden federal a lo que se conoce en casi todas las entidades federativas como Secretaría General de Gobierno) le otorgaron 49 millones de pesos para este concepto. Desde la Secretaría de Educación se “ayudó” con casi 330 millones de pesos. Cifras menores fueron asignadas a las casi idénticas partidas de “apoyos”, y “actividades sociales”.
Por supuesto, congruente con el uso intensivo y abusivo del presupuesto público, el gobierno de Puebla gastó en enero de 2011 la cantidad de 37 millones 199 mil pesos en asesoría contable, fiscal y de auditoría. (Solicitud 00116111). La dependencia de la prensa poblana del gobierno poblano llegó a extremos graves. El emblemático diario El Heraldo de Puebla despachaba sin empacho en un edificio público que fue recuperado en días pasados por el gobierno poblano.
Tercero. No se puede afirmar que el gobierno de la “alternancia” en Puebla sea, en modo alguno, ejemplo de ética pública. Hay varias cosas cuestionables. De entrada, los criterios de ventaja política vencieron sobre la ley, al ser aprobada por unanimidad la cuenta pública del 2010. En su plataforma electoral, el ahora gobernador se comprometió a transparentar “el estado que guardan todos los títulos y bonos de deuda emitidos para los mercados de capitales nacionales e internacionales, desagregados por institución y plazos”. Este compromiso electoral parte evidentemente del supuesto de que existen bonos de deuda. Al solicitar la información que prometió el gobernador, la respuesta del gobierno de Puebla fue que después de una “búsqueda exhaustiva” no existen bonos de deuda del gobierno del Estado. (Solicitud 00157511) ¿El gobernador Moreno Valle se equivocó al demandar en su plataforma información cuya existencia desconocía a pesar de haber sido secretario de Finanzas de Puebla en el sexenio anterior al de su campaña o se ha optado por declarar inexistente la información incurriendo en una conducta punible? El propio gobernador Moreno Valle puso en dificultades a su equipo para justificar legalmente su iniciativa de donar recursos públicos al Teletón. No pudo el gobierno del estado justificar por qué era mejor otorgar recursos al Teletón que apoyar las instituciones públicas creadas para fines idénticos. (Solicitud 00098111). En la lógica de “proteger” al gobernador, la Secretaría de Finanzas respondió con el presupuesto global del DIF al solicitarle el presupuesto asignado a Casa de Ángeles (la institución pública destinada a idénticos objetivos que el Teletón) a efecto de que no se notara la gran diferencia entre un presupuesto y otro. En efecto, el gobierno de Puebla otorgó un donativo inicial de 115 millones de pesos para 2011 mientras a Casa de Ángeles le asignó para este año un presupuesto de 23 millones 580 mil pesos de acuerdo con la respuesta del DIF (Solicitud 00129711). De esta suerte se puede afirmar que ahora en Puebla se cumple razonablemente el mandato de la ley en materia de transparencia, salvo en aquellos casos donde la lógica política se impone.
Tampoco hay garantías de que los criterios de discrecionalidad en la asignación de recursos públicos a los medios, cuyos efectos el gobernador Moreno Valle sufrió en carne propia como candidato, se modifiquen para atender las mejores prácticas internacionales en la materia.
