El debate de las iniciativas de leyes secundarias en telecomunicaciones y radiodifusión es complejo por su diversidad, especificidad y relevancia. Pero hay temas que están fuera de la agenda del Congreso, sobre todo los medios comunitarios y los públicos.
Herederas de una de las más largas tradiciones de resistencia y ejercicio del derecho a la comunicación, las radios comunitarias e indígenas han expuesto su plataforma decantada y sencilla con insuficiente fuerza relativa frente a temas económicos, por ejemplo.
Las radios comunitarias, orientadas a preservar la identidad, cultura, valores y lengua de una comunidad, plantean al legislador la importancia de definir aspectos como la titularidad de las concesiones para diferenciarse de las estaciones pirata que pervierten el modelo comunitario.
Su historial de crecimiento, basado en condiciones de disponibilidad del espectro, les permite demandar la reserva de un tercio de éste en las bandas digital y analógica, así como la creación de un fondo de apoyo al desarrollo para infraestructura y capacitación, el cual será transparente con tal de garantizar su transición a la radio digital y otros medios como la televisión.
Dispuestas a cerrar el capitulo de la persecución, exigen eliminar de la Ley General de Bienes nacionales la pena de cárcel para quienes operen estaciones de radio o telecomunicaciones sin previa concesión, limitándola a sanciones administrativas.
Comprometidas con la agenda ciudadana, demandan definir sus contenidos en torno a la formación de ciudadanía, la participación social y política en función de una sociedad democrática. También pretenden promover otros temas como el cuidado del medio ambiente, la salud, la educación, el deporte, los derechos humanos, la diversidad e identidad cultural y social, los valores democráticos y la equidad de género.
El tema de los medios públicos, olvidado de modo insultante en el debate del Congreso, se presenta como un paradigma en busca de legitimidad jurídica. Marginados permanentes del presupuesto federal, los medios públicos demandan garantías de autonomía y de gestión financiera para comercializar sus espacios, obtener donaciones deducibles de impuestos, fondos públicos, patrocinios y publicidad comercial sin fines de lucro.
Celosos, por otra parte, de la calidad de sus productos y señales, así como de la dinámica de la evolución tecnológica, esperan de la legislación secundaria pleno acceso a las tecnologías de comunicación e infraestructura suficiente frente a los retos de digitalización. Los medios públicos pretenden también transitar de una era de inestabilidad e incertidumbre programáticas e institucionales, a un plano de independencia editorial y participación ciudadana en su programación, financiamiento, administración y operación.
Se plantean soportar su nuevo modelo a partir de la expansión y actualización de los medios públicos de televisión y de las señales de radio públicas ya existentes, así como de la asignación de frecuencias suficientes para la cobertura nacional de las cadenas públicas de radio y televisión, pero sobre todo con las definiciones del diseño institucional del Organismo Nacional de Radiodifusión Pública, que debería operar mediante consejeros electos con mecanismos donde prevalezcan méritos y capacidades profesionales.
El organismo tendría la obligacion de adquirir y programar producciones de grupos independientes en sus espacios; de contar con defensores de audiencias y tener cobertura tanto nacional como regional.
Dos temas olvidados, entre otros, como los instrumentos de control y censura gubernamentales, sus fundamentos y alcances, su legitimidad y potencial abuso o como los derechos de las audiencias y los usuarios. Olvidos que reflejan una correlación de fuerzas, alianzas, encuentros y desencuentros en el debate por las leyes regulatorias de telecomunicaciones y radiodifusión.
