Convencidos de que las redes sociales constituyen una fuente de información cien por ciento confiable, “al revelar cosas que otros medios callan”, los editores de Proceso recurren frecuentemente a ellas para generar notas de alto impacto o de denuncia que, de inmediato, reciben decenas de retuits y likes por parte de sus lectores que creen ciegamente en éstas, dado el prestigio que la revista construyó a lo largo de muchos años como un medio crítico al poder.
Ese cotidiano empleo de las redes no siempre se acompaña de un mínimo ejercicio de verificación tal y como lo establecen los más elementales principios deontológicos del periodismo; si a ello se agrega una cuestionable línea editorial en donde la consigna reemplaza a la crítica o la denuncia sustentada, el resultado son piezas atronadoras, imprecisas e incluso falsas.
El pasado 8 de abril, en su portal, Proceso aseguró que la periodista Lydia Cacho había recibido amenazas de muerte tras publicar en su perfil de Facebook la identidad del presunto pederasta que días atrás había sido grabado en el restaurante “El Tepeaneco”, en Villahermosa, Tabasco, mientras le hacía tocamientos a su hija. Según Proceso, Cacho Ribeiro había colocado en su muro una foto del sujeto que presuntamente trabajaba en un café de Los Ángeles llamado “Verona” y agregaba:
Hago públicas las amenazas hacia mi persona por parte de gente conocida del ‘pedófilo de Tabasco’, por hacer dicha denuncia pública. Entre ellas la de un conocido funcionario de gobierno que cito: -O te vas por las buenas o te mando a saludar a San Pedro personalmente-, es mi derecho no publicar mis fuentes para salvaguardar su integridad.
La nota se propagó con rapidez en Facebook y Twitter, pero fue en esta última red social donde Lydia Cacho “enmendó la plana” a Proceso y le hizo ver que su nota era falsa, toda vez que ella no tiene perfil en Facebook y luego advirtió que no es la primera vez que suplantan su identidad en esta aplicación, por lo cual ya interpuso la denuncia correspondiente.La nota fue eliminada del portal para sustituirla por otra en donde se recopilan las precisiones de la periodista y escritora, sin embargo, la revista no ofreció disculpas a sus lectores por la equivocación.
Confunde datos y circunstancias
Horas después Proceso publicó un reporte firmado por su corresponsal en Veracruz, Noé Zavaleta, cuyo encabezado decía: “Los Porkys se amparan”, acompañado de la fotografía de los jóvenes acusados de abusar sexualmente de la joven Daphne, un caso que ocupó importantes espacios en los medios en las últimas semanas.
Sin embargo, el cuerpo de la nota no se refiere a este asunto sino a otro caso de abuso sexual ocurrido también en Veracruz, pero que no ha tenido los niveles de difusión del de Daphne. Se trata de un episodio en donde están involucrados tres estudiantes de la Universidad del Valle de México, quienes en estado de ebriedad violaron a una de sus compañeras para luego subir el video a las redes sociales: “Los juniors de Boca del Río”, cuyos abogados, en efecto, tramitaron un recurso de amparo para evitar ser detenidos.
Por algunas horas, tanto en su portal como en Twitter, la nota permaneció con el encabezado equivocado hasta que después de varios señalamientos de los cibernautas, Proceso cambió el título y la fotografía. A diferencia de lo sucedido con el caso de Lydia Cacho, esta vez no se trató de información falsa pero sí de una confusión de casos diferentes, que al final tiene el mismo resultado, la desinformación. Y una vez más, el semanario reparó el error, pero no se disculpó con sus lectores.
Acusa sin sustento al gobernador de Jalisco y no respeta el derecho de réplica
El 13 de abril, con la firma de su corresponsal en Jalisco, Alberto Osorio, Proceso publicó un “reportaje especial”, en el cual denuncia que el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, había derrochado millón y medio de pesos para festejar los 15 años de su hija Giovanna, evento para el cual se contrató al DJ español, Juan Magan, quien cobra más de 900 mil pesos por presentación. Asimismo se indica que el mandatario había erogado 53 mil pesos para sufragar el hospedaje del animador en una de las suites más exclusivas del Hotel Presidente Intercontinental.
El trabajo del reportero no se basa en una observación o investigación que él haya realizado (en realidad, no es un reportaje) sino que reproduce contenidos del portal Fisgón Político, el diario Página 24 y la columna de trascendidos Cúpula, del periódico Mural, filial del Grupo Reforma.
Este escándalo se detonó apenas seis días después de que Aristóteles Sandoval diera a conocer que había subido a la plataforma #3de3 sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, en las que reportaba un patrimonio de 5 millones de pesos.
La nota señala que al inicio de su gestión en 2013, Sandoval dijo ante el notario Samuel Fernández Ávila que tenía 10 millones de pesos entre bienes, propiedades y cuentas bancarias. Tres años después cambió los datos, y en la referida plataforma #3de3, sólo dice tener 5 millones, con lo cual se especula que el mandatario falseó la información, sin embargo, este señalamiento no se demuestra fehacientemente.
En respuesta el vocero del gobierno estatal, Gonzalo Sánchez, hizo pública una carta en la cual se precisa que la celebración de los 15 años de la hija del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, fue una ceremonia de carácter privado que en modo alguno se sufragó con recursos públicos, y en consecuencia, no debe ser de interés público. Por tal motivo cuestionó el rigor periodístico de Proceso, al concederle veracidad a meras especulaciones que se vertieron en otros medios.
El funcionario advierte que los datos que el semanario difundió acerca de la fiesta, fueron de portales como Fisgón Político, al cual también se hicieron las precisiones correspondientes. Reprochó que la publicación prefiriera contribuir a la difusión de rumores propagados por otros medios, sin seguir un protocolo básico de verificación “como lo exige el ejercicio del periodismo serio y profesional”.
En la misiva dirigida a Proceso, se indica que en lo referente a las declaraciones patrimoniales del gobernador, el vocero también acusó imprecisiones en los datos y recomendó al reportero elegir mejor sus fuentes y cotejar su información antes de publicarla, “en congruencia con la casa editorial que representa”. Proceso no publicó esa carta de réplica.
La renuencia de Proceso a reconocer sus equivocaciones editoriales o a dar espacio a la réplica podría tener una razón: desde diciembre de 2015, la publicación dirigida por Rafael Rodríguez Castañeda anunció que interpondría un amparo en contra de la Ley de Derecho de Réplica, por considerar que la norma menoscaba la libertad de expresión y el derecho a la información.
En su alegato, Proceso dice no oponerse a la regulación del artículo sexto de la Constitución, que establece el derecho de réplica, sino únicamente pretende que se revise la ley aprobada, porque al imponer a los periodistas la obligación de probar la “falsedad de inexactitud” de cuanta información y opinión difundan, so pena de ser objeto de juicios y sanciones, se vulnera su libertad editorial e implica una forma encubierta de censura previa a sus contenidos.
Es decir, para Proceso la libertad de expresión debe incluir la difusión de información imprecisa o falsa, sin que los medios tengan la obligación de rectificar y conceder el derecho de réplica. Los códigos de ética periodísticos en el mundo, dictan exactamente lo contrario.
