etcétera es el medio de comunicación que más espacio ha dedicado a las radios comunitarias en México porque apoyarlas está entre sus causas principales. Lo ha hecho sin rodeos ni confusión: nuestra simpatía es con las estaciones de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, no con ese grupo que se nombra a sí mismo como “Radios libres” porque interfiere las frecuencias que se le viene en gana y porque no está dispuesto a lograr acuerdo alguno con el gobierno federal para ser parte de una alternativa de comunicación y, más aún, acusa a quienes sí tienen esa expectativa.
En seis años y con cerca de mil cuartillas aquí hemos documentado la función social y las razones por las que aquellas auténticas radios comunitarias deben ser convalidadas legalmente. Con ese soporte, gracias al esfuerzo encabezado por la AMARC y a la sensibilidad de las autoridades respectivas, en el segundo semestre de 2005, 13 estaciones obtuvieron el permiso de operación, pero eso no es suficiente y no sólo porque hay otras que buscan funcionar con ese basamento.
Además de constatar su derecho a expresarse, las radios comunitarias son oferta alternativa respecto de los medios públicos y privados e incluso constatan una función social que no siempre tienen los segundos. Por eso sus frecuencias requieren normas que las regulen y que garanticen su viabilidad financiera. Esto y más, en páginas siguientes, argumenta la vicepresidenta de AMARC, Aleida Calleja. Coincidimos con ella, a pesar incluso del intenso olor a proclama que destilan varias de sus letras. La entendemos, esa causa ha tenido frente a sí juicios desproporcionados, como cuando se les llama subversivas o piratas a las radios comunitarias si es que no las acusan, a todas sin distingo, de actividades ilegales. Para nosotros, esos son argumentos piratas, si al término le conferimos el interés que navega en el barco de las principales empresas de radiodifusión que pretende hacer naufragar cualquier otra opción que no sea la suya. Por eso agradecemos al abogado de la CIRT, Miguel Orozco, participar en el debate con Calleja que, a pesar de su tono encendido, abre un entresijo para escudriñar acuerdos posibles.
Ese tema, como prácticamente cualquier otro, no merece tratarse en blanco y negro. El dicho que encumbra o defenestra, por ejemplo sobre lo que pasa en Monitor, no permite los matices. De ahí el reportaje de Laura Islas Reyes que explora en las complejas razones de la pérdida sensible de esa oferta informativa y, entre otras vetas, aborda su litigio con el Grupo Radio Centro, su periodismo faccioso, sus errores financieros y la publicidad oficial como mecanismo de sanción. Más allá del análisis y de que no nos situamos en frases que delimitan a buenos y malos, desde aquí enviamos nuestro reconocimiento y un abrazo a los trabajadores. Esperamos que remonten la difícil situación de la que, por cierto, también es responsable el señor José Gutiérrez Vivó.
Estamos atentos a las señales que tienden al restablecimiento de Monitor, quizá en un proyecto multimedia que opere con el pago de los usuarios o de nuevo en el cuadrante si cristaliza la alianza con un grupo radiofónico. Y a propósito de señales, aquí revisamos otras de largo aliento, son las que suponen el proceso de convergencia digital. En esta ocasión publicamos el punto de vista de expertos nacionales y extranjeros. Pero la posibilidad de enlazar servicios de audio, datos y video no sólo depende de aprovechar adelantos tecnológicos sino también de la disposición por abrir el mercado y ahí está una de las principales trabas.
Ensanchar la competencia es imperativo de una oferta amplia, versátil y de calidad. Por eso el 11 de enero de este año y con base en la ley de transparencia, pedimos datos a la Cofetel sobre las frecuencias disponibles de la banda UHF en el Valle de México. Luego de las resistencias de la comisión y gracias al fallo del IFAI tuvimos respuesta el 13 de julio. Ésta es información central para explorar vías idóneas a tantas solicitudes por acceder a frecuencias en la ya dicha demarcación territorial. La publicamos en la sección “agenda”, donde también, como cada año desde hace cinco, reportamos sobre el gasto del gobierno federal en publicidad en los primeros meses de 2007. Esto, mientras la Presidencia de la República responde a la petición que, en tal sentido, a principios de julio, le hizo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
No somos políticamente correctos, pero deploramos el lenguaje de los medios con el que hacen escarnio de figuras públicas por su apariencia, aunque tampoco coincidimos con las campañas que, al amparo de los buenos deseos, pervierten el objetivo de abatir la discriminación en México. Es el lenguaje y sus perversiones, sí, y en esas también revisamos cómo su empleo algunas veces socava a las ideas que éste pretende expresar por definición y convierte a las palabras en retahíla de insultos. Sin embargo, eso tiene sin cuidado a las televisoras porque las sanciones que hay al respecto resultan ridículas y, por ende, permisivas de la violación de la ley. Ésas, son chingaderas.
