La inmensa mayoría de Latinoamérica suspira y trata de llegar al “sueño americano”, y ahora son los más jóvenes quienes intentan hacerlo, esa franja de población muy pocas veces vista o tomada en cuenta. Así, cada año se multiplica el número de niños, niñas y adolescentes que cruzan las fronteras para llegar a ese lugar etéreo, menores que son expulsados por la violencia, el hambre, el reclutamiento de pandillas, secuestros y, en el caso de las mujeres, las constantes violaciones y abusos sexuales.
ELIZABETH RUIZ / CUARTOSCURO. COM
Como sabemos, México cuenta con una localización privilegiada, y es en sí mismo un país donde convergen cuatro fenómenos migratorios: es lugar de origen, destino, tránsito y retorno. Esto es resultado de la frontera norte con Estados Unidos, la de mayor afluencia, sur con Guatemala, que se convierte en el paso obligado para los migrantes centro y sudamericanos, y a los océanos Atlántico y Pacífico.
El drama humano de los niños que cruzan las fronteras no es nuevo, pero sí se ha recrudecido desde hace unos años, de acuerdo con la UNICEF, en su informe “Sueños rotos. El peligroso viaje de los niños centroamericanos a Estados Unidos”, en los primeros seis meses de 2014, más de 44 mil 500 niños no acompañados fueron detenidos en la frontera norte de México; el número disminuyó a casi 18 mil 500 en 2015 y repuntó a casi 26 mil hasta junio de 2016.
Un año más tarde (junio de 2017) el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, en su intervención dentro de la “Consulta global de expertos. Violencia contra la niñez en movilidad: del continuum de violencia al continuum de protección” (realizada en la Universidad Iberoamericana) señaló que la política migratoria mexicana sigue enfocada en tres “D”: detección, detención y deportación, esto pese a que desde 2014 existe la “Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, diseñada específicamente para su protección. También destacó que los menores que permanecen en las estaciones migratorias, lo hacen en su mayoría en condiciones de hacinamiento y han documentado casos de violencia física y tratos degradantes por parte de las autoridades encargadas.
En tanto, la Secretaría de Gobernación a través de la Unidad de Política Migratoria muestra estadísticas de cómo el fenómeno de los menores migrantes se ha multiplicado de forma alarmante (aunque las cifras difieren de las de UNICEF), según la dependencia en 2010 hubo 4 mil 43 menores de 17 años presentados ante la autoridad migratoria (para eventualmente ser devueltos a sus países de origen) 2011 con 4 mil 160; 2012 tuvo 6 mil 107 casos, el año siguiente fueron 9 mil 630; para 2014 ya eran 23 mil 96 niños detenidos; 2015 trajo 38 mil 514; 2016: 40 mil 114 y hasta las primeras semanas de octubre de 2017 eran 14 mil 678. Estos son los menores detenidos por la autoridad, mientras que los deportados fueron: en 2010 4 mil 850 (807 menores adicionales a los detenidos), 2011 con 4 mil 129 retornos, en 2012 se deportaron a 5 mil 966 niños; 2013: 8 mil 577, en 2014 hubo 18 mil 169 eventos, 2015: 36 mil 921, en 2016 38 mil 555 y hasta mediados de octubre de 2017: 11 mil 234 retornos.
2014 es medular, no sólo por la creación de una legislación de protección, sino que también fue un año clave en el repunte de detenciones y deportaciones, esto debido a que un número sin precedentes de menores intentó llegar a Estados Unidos a través de México (flujo que continúa aumentando) y también fue el año en que el entonces secretario de Seguridad Nacional norteamericano, Jeh Johnson, reconoció el esfuerzo de nuestro país al implementar “medidas importantes para interceptar el flujo de migrantes ilegales procedentes de Centroamérica con destino a Estados Unidos” defendiendo así la política migratoria estadounidense que era cuestionada por el tratamiento que daba a los menores migrantes procedentes en su mayoría del llamado “Triángulo norte” formado por Honduras, Guatemala y El Salvador, países que comparten no sólo fronteras, sino fenómenos de violencia.
ELIZABETH RUIZ / CUARTOSCURO.COM
Y son las propias estadísticas de la Secretaría de Gobernación, las que muestran a los niños y niñas mexicanos detenidos en ese mismo intento casi suicida de alcanzar el sueño americano. En 2010 fueron 20 mil 438 menores deportados, 2011 tuvo 15 mil 524; 17 mil 129 casos para 2012, el año siguiente 16 mil 971, 2014 con 14 mil 352; para 2015: 11 mil 743 y en el 2016 hay un registro de 13 mil 737. Hay que resaltar que quienes más migran son los varones no acompañados, que oscilan entre los 12 y los 17 años de edad, de hecho la incidencia es de hasta seis veces más en comparación con las mujeres.
Estos niños, niñas y adolescentes que escapan de sus países de origen, huyen de la violencia, de la pobreza, pero el trayecto no es mejor, también arriesgan sus vidas, su integridad física, los menores migrantes son presas fáciles de cárteles y traficantes de personas, además deben cuidarse de no ser deportados a sus lugares de origen. Para estos miles de jóvenes, el viaje termina cuando son detenidos por la autoridad migratoria en México. Un reporte de “Human Rights Watch” fechado el 31 de marzo de 2016, realizado entre abril y diciembre de 2015, recopiló 61 testimonios de menores detenidos en distintos centros migratorios tanto en México como en Honduras, y retrata las condiciones carcelarias de los menores en nuestro país pese a que la “Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes” los ampara desde el inicio, los reconoce como sujetos de derechos, ofrece garantías, protección y asistencia social, condiciones que sólo existen en el papel. Las detenciones son comunes, según el informe de Human Rights Watch, en 2015 más de 35 mil niños permanecían en estaciones migratorias mexicanas, de los cuales más de la mitad eran menores no acompañados.
La mencionada ley ofrece una amplia red de protección que involucra a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tanto en el ámbito local como en el federal, sin embargo no es así, la mayoría de estos niños permanecen las 24 horas confinados hasta ser deportados, aún los que son transferidos a refugios del DIF, no asisten a la escuela y no pueden salir libremente, sólo se les autoriza por cuestiones médicas lo que igualmente los mantiene en una especie de reclusión.
En agosto de 2016, Christophe Boulierac, portavoz de UNICEF en Ginebra, señaló: “Nuestra preocupación principal es que estos niños vulnerables, muchos de los cuales viajan sin la compañía de un adulto, necesitan protección a cada paso del camino: en sus países de origen, El Salvador, Guatemala y Honduras, donde se registran algunas de las tasas de homicidio más elevadas del mundo; cuando cruzan México; y cuando llegan a Estados Unidos”. El funcionario también afirmó que las detenciones de menores no pueden ser la base de la política migratoria.
El índice de deportaciones que tiene México es altísimo, en principio porque los menores no son informados de sus derechos al ser detenidos, no saben que pueden pedir protección, que pueden pedir representación legal, o que se les asigne un tutor en caso de ser menores no acompañados, el propio representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, señaló cómo los menores son disuadidos por agentes migratorios para no solicitar el estatus de refugiado, pues se les amenaza con que permanecerán largo tiempo detenidos; los niños desisten y son repatriados sin mayor trámite.
Pero resulta que el Estado mexicano sí está obligado a brindar protección a los menores migrantes, por un lado a través de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA 2014) y el reglamento aplicable (RLGDNNA, 2015), además de la protección internacional que establece la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989), la creación de instituciones como el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), sumado a reformas constitucionales en los artículos 1, 11 y 33, donde se protegen sus derechos y libre tránsito, así como modificaciones en la ley de Amparo, que cobija de manera “especial” a esta población vulnerable de niños, niñas y adolescentes no acompañados. El “Modelo de atención de niñas y niños migrantes no acompañados”, desarrollado por el DIF nacional y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en octubre de 2016, señala que estos menores no pueden permanecer en los centros de detención migratoria, esto para no criminalizar la migración irregular.
RASHIDE FRÍAS / CUARTOSCURO.COM
Entonces la pregunta es obvia, ¿por qué se les detiene y recluye? ¿Desde cuándo huir de la violencia es un crimen que debe pagarse con encierro y peor aún en el caso de niñas, niños y adolescentes? Para la legislación internacional, el término “niño” engloba a todos los menores (hombres y mujeres) de 18 años, mientras que en México el “niño” es sólo el menor de 12 años, quizás sea un dato útil en las deportaciones, pues es esta franja de adolescentes mayores de 12 y hasta 17 años los que más migran. Pero estos miles de menores son eso, personas con historias, que por eventos extraordinarios deben abandonar sus lugares de origen y que encuentran persecución en vez de protección, viajan a través de un país que les presenta casi los mismos riesgos que el lugar del que salieron. Organismos internacionales coinciden en que la ley dirigida a estos menores cumple con todos los requerimientos de protección, pero esto es sólo en el papel, la vulnerabilidad de estos niños migrantes es la realidad, mientras el Estado los deja en plena orfandad, un Estado que se ha comprometido una y otra vez a protegerlos, pero que los detiene, mantiene en un centro migratorio y después los deporta a ese lugar del que huyeron.
