Frente a la crisis de Oaxaca, los medios del DF vivieron su propio conflicto. La inestabilidad prolongada, los rezagos y demandas ancestrales, y los intereses que se conjugaron con la revuelta social originada el año pasado, quedaron evidenciados en su manejo informativo. Esto revela que, aun en tiempos donde deberían prevalecer los principios éticos y profesionales, continúan dominando la desinformación, el activismo y las fobias y filias políticas que empañan y tergiversan el trabajo periodístico.
Oaxaca fue el escenario de una revuelta nunca antes vivida. Lo que inicialmente fue una demanda salarial relativamente justa y entendible del magisterio, pronto se transformó en una situación de crisis que rebasó las expectativas políticas de los tres niveles de gobierno, y se agudizó por la aparición de la violencia, el entrelazamiento con los intereses que se vivían en torno a la sucesión presidencial, la manipulación de las causas y los objetivos de la inconformidad, y también por el enorme impacto mediático.
En diversos momentos de la crisis, varios medios pasaron del manejo informativo a la manipulación, a la calificación editorial, incluso al grado de involucrar a sus enviados y corresponsales en cuestiones propias de un activista. Es entendible, mas no justificable, que La Jornada mostrara interés sólo cuando el conflicto entró en su fase violenta. A pesar de que desde mayo de 2006 estaba vigente la inconformidad magisterial, el diario no dedicó su portada sino hasta el 22 de agosto, un día después de que los integrantes de la Sección 22 y la APPO ocuparan todas las señales radiofónicas de la ciudad, decretaran la instalación de barricadas y emprendieran el camino rumbo a la desaparición de poderes.
Entonces, cabeceó: “Balacera y toma de estaciones de radio en Oaxaca”. En su editorial condenaba la agresión al magisterio y la APPO ocurrida la madrugada previa, al tiempo que aseguraba que en la entidad ocurría un auténtico clima de ingobernabilidad, que la violencia social estaba desbordada, que la situación del gobierno estatal era insostenible, y que las inconformidades hacían cada vez menos probable la transición presidencial ordenada y armónica. Pero nunca se refirió a los ilícitos que perpetraron los inconformes al usurpar por más de 14 horas las señales de radio comerciales, tampoco lo hizo en los meses posteriores respecto de los excesos que a diario cometían esos grupos contra de la población.
La Jornada tuvo una participación abiertamenteparcial respecto de las organizaciones que encabezaron la revuelta, y del evidente trasfondo político que había detrás de la crisis, a nivel personal los representantes de diversos medios del DF también tuvieron participación en situaciones cuestionables. Una de ellas, fue la afinidad que hubo entre los enviados de los diversos medios y los inconformes, justo hasta el día en que fue asesinado el camarógrafo Bradley Rolland Will. A decir de los periodistas locales, hasta entonces reporteros y fotógrafos de periódicos servían como informantes de los inconformes.
No obstante, diversos periódicos de la capital del país consignaban en sus reportes diarios que era “el pueblo de Oaxaca” el que instalaba barricadas y vivía noches de terror en Oaxaca, cuando en realidad eran simpatizantes del magisterio y la APPO. En efecto, ese “pueblo” era el mismo que desde hacía meses mantenía cerradas prácticamente todas las oficinas públicas, quemado más de 60 camiones, el que había secuestrado señales de radio y agredido a centenares de personas, pero a quien casi nadie se atrevía a denunciar o criticar, por razones de afinidad política personal, por los intereses de sus empresas periodísticas, o porque simplemente consideraban “políticamente incorrecto” –o peligroso– convertirse en un detractor de la APPO.
El conflicto mostró los polos éticos de la prensa. Frente a los últimos hechos de violencia, nadie –excepto La Jornada– editorializó en favor de los grupos inconformes, e incluso ningún diario del DF dijo que los actos de violencia son consecuencia directa de los rezagos ancestrales.
Aunque tarde, la mayoría de los medios constató que la APPO y la Sección 22 están muy lejos de representar al “pueblo de Oaxaca”, que la violencia jamás encuentra justificación, que el “estallido social” tuvo causas políticas muy definidas, que en medio de la crisis se les extravió la objetividad, y que ellos mismos fueron usados –y lo permitieron– para engrandecer una feroz lucha por el poder.
