• Los medios resaltaron la detención de los alcaldes, pero desestimaron la información cuando liberaron a algunos de ellos
Las primeras noticias sobre el narcotráfico, el 26 de mayo de 2009, las dio Michoacán. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó por la mañana que un día antes había detenido a 11 integrantes del grupo de narcotraficantes conocido como La Familia. Casi al mismo tiempo, el Ejército reveló que aseguró un narcolaboratorio en el municipio de Apatzingán.
Ninguna de las dos notas “sobrevivió” más de una hora porque justo en ese lapso los medios de comunicación se enteraron de que un agente del Ministerio Público Federal había requerido al ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, Mario Bautista Ramírez. Luego, apenas unas horas después, se supo que había tres decenas de funcionarios detenidos por supuestos nexos con el crimen organizado. Y el revuelo mediático creció.
Ocho meses después, todo lo hecho y dicho por esos días (previos a las elecciones) quedó evidenciado como un certero golpe mediático del gobierno federal -otro más- que dañó la reputación de al menos una docena de servidores públicos michoacanos, a quienes al final un juez no les encontró elementos de culpabilidad.
Los medios cubrieron los hechos con amplitud en un principio, pero al pasar los meses, como suele suceder, abandonaron el tema por otras novedades.
Del rumor mediático a la acusación oficial
La primera nota en un medio nacional sobre las detenciones, de acuerdo a un monitoreo realizado en el sistema Medialog, la dio W Radio a las 8:51 horas de ese día (el arresto ocurrió apenas una hora y media antes).
“De manera extraoficial, Carlos (Puig), se confirmó que a Mario Bautista presuntamente se le investiga por nexos con el crimen organizado. Esto no ha sido confirmado por ninguna autoridad local ni federal”, dijo la corresponsal de Televisa Radio, Yazmín Ferreira.
Por su parte, Milenio Televisión, a las 10:30 horas, dio cuenta del cateo realizado en la casa de Citlalli Fernández González, asesora del gobernador Leonel Godoy, y ex directora de la Secretaría de Seguridad Pública local.
Una hora después, Formato 21 informó sobre los requerimientos de Gabriela Mata Chávez, jefa de grupo de la Policía Ministerial, y de Faraón Martínez Molina, primer comandante regional de Zitácuaro. Ambos fueron localizados por la Policía Federal a las 10 de la mañana en la Procuraduría estatal.
“De manera casi simultánea, el presidente municipal de Apatizingán, de la región de la Zona Caliente michoacana, Genaro Guízar Valencia, igual que el presidente municipal de Tepalcatepec, Uriel Farías Álvarez, fueron detenidos por la Policía Estatal Preventiva.
“Están detenidos porque probablemente pudieran tener vínculos con las organizaciones criminales que operan en la región de la Tierra Caliente michoacana”, agregó el corresponsal de Formato 21, Jaime Acuña.
Ésa fue la primera noticia que incluyó nombres de alcaldes en la lista de los detenidos. Al final del día, el número de munícipes arrestados llegaría a 10, más otros 18 funcionarios estatales y municipales de distinto nivel. En el transcurso de esa semana fueron detenidos otros dos servidores públicos, entre ellos el ex procurador estatal, Miguel Ángel García Hurtado, quien se presentó a declarar voluntariamente a la PGR el 27 de mayo, pero ahí mismo lo retuvieron.
“Los detenidos brindaban protección a diversos entes de La Familia, sabemos muchas de las conductas, algunas eran de apoyo táctico, técnico o proporcionando información”, aseguró el vocero de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo Nájera, durante una conferencia de prensa realizada alrededor de las 19:30 horas de ese 26 de mayo.
Los servidores públicos fueron trasladados a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en la Ciudad de México. Posteriormente, un juez otorgó a esa dependencia una orden de arraigo por 40 días para los 30 detenidos. Los dirigentes del PRD, partido que gobierna Michoacán, no tardaron en reaccionar: para ellos, se trató de un golpe mediático con fines electorales.
“Nadie, tampoco el gobierno federal, debe utilizar la necesidad del combate al crimen organizado para obtener ventajas de carácter electoral. El combate al narcotráfico no debe ser selectivo, debe extenderse a todas las entidades de la República y hacerse con imparcialidad y con justicia”, declaró Jesús Ortega, presidente nacional del PRD.
El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, protestó ante la actuación unilateral del gobierno de Felipe Calderón: “consideramos que las autoridades locales, en especial los gobiernos de los estados, debemos estar informados con veracidad una vez que las instancias federales han actuado”.
Para el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, el operativo policial olía “a golpe mediático espectacular en vísperas de las elecciones” que se celebrarían en junio de ese año. (Comicios en los que, por cierto, el PAN perdió las gubernaturas de Querétaro y San Luis Potosí, además de ayuntamientos estratégicos como Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Guadalajara y Zapopan.)
La cobertura
El golpe mediático se concretó: la magnitud del despliegue militar y policial y lo novedoso que representaba una detención masiva de funcionarios públicos, proporcionó las primeras planas y las notas principales a los medios de comunicación. La cobertura -como sucede con cualquier hecho estruendoso- fue amplia.
Solamente el día de las aprehensiones, en los noticiarios de radio y televisión (del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey) hubo un total de 193 notas informativas, de acuerdo a un monitoreo hecho por etcétera a través del sistema Medialog.
Durante todo el día, hasta que la PGR proporcionó la información oficial, los medios especularon sobre el número de funcionarios detenidos, aunque las razones de su traslado a la SIEDO se filtraron desde aproximadamente a las 13:00 horas.
Al siguiente día, la noticia ocupó las ocho columnas de los principales diarios de la Ciudad de México:
- Reforma: “Arrestan ¡a 10 Alcaldes!”.
- El Universal: “Histórico: PGR pega al gobierno en Michoacán”.
- La Jornada: “La irrupción violó la soberanía estatal: Godoy”.
- Excélsior: “Mordidas de $200 mil a cómplices de La Familia”.
- La Crónica de Hoy: “Caerán más ediles; cantan desertores de La Familia”.
Los medios impresos destinaron amplios espacios para dar a conocer los detalles del operativo federal; en promedio, cada periódico dedicó tres planas de interiores. Excélsior, por ejemplo, designó de la página 16 a la 21. Reforma incluyó la noticia entre las páginas 4 y 7 de la sección Nacional. Algunos rotativos incluyeron en sus ediciones las fotografías de todos los funcionarios implicados, acompañadas con datos como el nombre completo, partido político de procedencia y su “influencia” criminal.
La nota y los temas relacionados con la seguridad pública nacional se mantuvieron en la agenda de los medios por alrededor de una semana, pues el 5 de junio, fueron desplazados por un incendio en el que murieron decenas de niños, en Hermosillo, Sonora. Hasta el 4 de junio, los espacios informativos de radio y televisión (del D.F., Guadalajara y Monterrey) difundieron aproximadamente mil 600 notas sobre el caso Michoacán, según el monitoreo realizado por etcétera.
Los errores (federales) no son telegénicos
El 19 de junio, los 20 (para entonces) ex funcionarios estatales y 7 ex presidentes municipales, fueron trasladados al Centro Penitenciario Federal de Occidente Número 4 para ponerlos a disposición del Juzgado Segundo de Distrito con sede en Tepic, Nayarit, donde días más tarde recibieron el auto de formal prisión.
Los ediles Audel Méndez Chávez, José Cortez Ramos y Osvaldo Esquivel Lucatero permanecieron en el Centro Nacional de Arraigos hasta el 29 de junio, fecha en la que el Juez Sexto Federal determinó su libertad bajo reserva porque no encontró elementos que los vincularan con el crimen organizado. Ese día, la liberación no se llevó las ocho columnas y apenas mereció dos notas en radio y televisión. Una de ellas, de 16 segundos, la transmitió Joaquín López-Dóriga en su noticiario nocturno en Canal 2. La otra, la dio Milenio Televisión en 21 segundos. (Por esos días, el tema de “moda” en los medios era el golpe de estado en Honduras.)
Ese mismo lunes 29 de junio, la PGR anunció la captura del alcalde de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Mariano Ortega Sánchez; del asesor de la Secretaría de Desarrollo Rural de Michoacán, Israel Tentory García, y de Lorenzo Rosales Mendoza, ex agente del Ministerio Público Federal. Contrario a lo que sucedió con la liberación de los tres ediles, en este caso los jefes de información de los medios electrónicos confeccionaron 32 notas informativas. El noticiario estelar de Televisa (conducido por López-Dóriga), dedicó 50 segundos al hecho, 34 más que a la liberación de los tres munícipes.
Tras esos eventos, el proceso legal que enfrentaron los detenidos no mereció la atención de los medios y de los periodistas. En el camino, por ejemplo, quedó minimizada la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno al caso. El 29 de octubre, José Luis Soberanes, entonces presidente de dicho organismo, reveló ante un grupo de senadores que sus investigaciones arrojaron que el gobierno federal violó los “derechos de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y defensa previstos por la Constitución” de los funcionarios michoacanos.
“La CNDH observa que servidores públicos se introdujeron ilegalmente en las instalaciones de diversos edificios públicos del estado de Michoacán, toda vez que dicha situación se llevó a cabo sin cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 67 del Código Federal de Procedimientos Penales”, declaró Soberanes.
De esta conclusión derivaron dos recomendaciones, una para la SSP y otra para la PGR. En su edición del 30 de octubre, El Universal difundió el tema en cuatro párrafos. Reforma lo hizo en una nota de seis párrafos ubicada entre el obituario, las esquelas y notas aclaratorias. En radio y televisión, el 29 de octubre, sólo transmitieron ocho notas informativas; entre los medios que tomaron la nota figuran Radio Educación y el Instituto Mexicano de la Radio.
Tres meses después, a las seis de la mañana del sábado 30 de enero de 2010, fueron liberados 12 de los funcionarios michoacanos. Unas horas antes, el Tribunal Unitario Auxiliar de la Séptima Región con sede en Acapulco había ordenado la libertad absoluta e inmediata de los servidores públicos.
La PGR agregó que el Tribunal confirmó la formal prisión de 10 de los detenidos, entre ellos el ex procurador de estado, Miguel Ángel García Hurtado, y tres alcaldes, por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud y delincuencia organizada.
Ese día, lejos de las primeras 193 notas sobre los arrestos, en los medios electrónicos sólo hubo 24 trabajos periodísticos que dieron cuenta de la liberación. Y hubo sólo cinco notas informativas sobre el comunicado del PRD, en el que exigía una disculpa pública del gobierno federal hacia los funcionarios recientemente liberados.
Un día después, El Universal consignó la información en primera plana, pero la confinó a una llamada en la esquina inferior izquierda que, además, encabezó así: “Cárcel para 10 ex funcionarios de Michoacán”. Para los editores de ese diario lo relevante no fue que una docena de personas fueron acusadas injustamente por el gobierno federal, sino que 10 permanecieran presas. Para esa misma nota, Reforma le encontró un lugar junto a las esquelas. (Por esos días, la atención mediática la acaparaba la agresión contra el futbolista Cabañas.)
“Hoy, con toda energía, reclamamos que se desagravie y reivindique la imagen de los michoacanos que fueron injustamente detenidos”, exigió el gobernador Leonel Godoy al Ejecutivo federal el 1 de febrero.
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont rechazó pedir perdón y contestó un día después de esta manera: “No vamos a precipitar conclusiones, lo que yo entiendo que dice la resolución es que fue por prueba insuficiente no porque se haya determinado su inocencia o culpabilidad”.
Hasta el cierre de esta edición la disculpa para Michoacán no había llegado, como sí llegaron las lluvias y arrasaron con vidas, poblaciones y con lo poco que del tema de los alcaldes quedaba en la agenda de los medios de comunicación.
(El 5 de febrero, en su columna Ventana de El Universal, el periodista José Cárdenas -quien sí dio seguimiento a todo el proceso- escribió que en esta crisis de seguridad pública que vive el país, la estrategia del Presidente será “tratar de ganar en los medios, lo que puede perder en la historia. Apuesta a la desmemoria”.)
