Alrededor del mediodía del miércoles 4 de febrero se hacen varias llamadas telefónicas desde la Segob. La cita es en Bucareli, a las siete de la noche y tiene carácter de urgente.
El marco es sobrio. El secretario de Gobernación y la subsecretaria de Normatividad de Medios esperan el arribo de los representantes de los partidos en el Congreso, de las dos principales televisoras del país y del artífice de la reforma electoral de 2007. También llegarían Leonardo Valdés y Virgilio Andrade. Estaban tranquilos. Se sabían con el respaldo de varios otros compañeros suyos como Arturo Sánchez, que en cualquier parte decía que las televisoras no los doblarían, y Marco Antonio Baños que, tenaz, aquí y allá aludía a los poderes fácticos que, contra la democracia, operaban por encima de las instituciones.
Hay tensión en el ambiente. Con aquel tipo de impostura diplomática que en realidad es amenaza, Leopoldo Gómez, Javier Tejado y Tristán Canales advierten que Televisa y TV Azteca no son las que explicarán su “conducta atípica” del fin de semana anterior. Según ellos, el IFE es el que debía aceptar que implementó mal el Cofipe en relación con la propaganda electoral. Está con ellos Jorge Alcocer, el mismo ingeniero de la reforma electoral que, cuando la proyectaba y quería ser consejero presidente de ese instituto, decía que si las televisoras incumplían la ley se les retiraran las concesiones; incluso luego afirmó que, por esa postura, éstas lo vetaron para que no fuera nombrado en el cargo.
Alcocer ahora es implacable contra lo que él participó en construir. No da concesiones. Con su característico donaire de erudito sostiene que el IFE es el que administra los tiempos pero que eso no significa que los posea enteramente; enseguida participa de aquel enredo de que los 48 minutos que organiza el IFE en las televisoras -y que él propuso- significan más o menos 13.4 millones de anuncios para el Instituto y algo así como 10 millones para los partidos en televisión. Como si existiera en el país un ojo y un oído concentrador de todos los ojos y todos los oídos de todos los ciudadanos; como si todos los spots fueran vistos y escuchados por todos. Lo mismo los anuncios de Mérida que los de Pátzcuaro o Chapala o Manzanillo. Como si entonces las urnas tuvieran que instalarse en manicomios.
Pero el tartufo alienta a la marabunta y hay las más inverosímiles prevaricaciones en las que se devela el quid del asunto. Esta es la cortinilla de la noche: el amago de las televisoras por alterar los ritmos y el ambiente del proceso electoral (además de que en otros reductos, ya le habían dicho al gobierno federal que no contara con la promoción de los logros contra la inseguridad). Leonardo Valdés y Virgilio Andrade están solos, o casi. La sorpresa está en el giro de 180 grados que da Marco Antonio Baños quien de una abierta confrontación por su convencimiento de que las televisoras habían violado la ley, pasó a proponer que el tema fuera sobreseído.
Aquella reunión del jueves duró dos horas, aproximadamente. Y la sonrisa satisfecha de los concesionarios conformaba el nubarrón de la tormenta que vendría después y que dejaría empapados de temor a los consejeros que levantaron la mano en favor de que la ley fuera violada.
