En las últimas semanas, ha surgido, una vez más, un debate innecesario y obcecado en relación con el órgano regulador de las telecomunicaciones y de la radio y la televisión; me refiero a la eternamente desgastada Comisión Federal de Telecomunicaciones, conocida comúnmente como Cofetel, y a su condición de órgano autónomo.
La Cofetel fue creada mediante un decreto del Presidente de la República en agosto de 1996, poco después de un año del inicio de aplicación de la entonces vanguardista Ley Federal de Telecomunicaciones. Su creación, incluida en una disposición transitoria de esta ley, obedeció a diversos factores, como la convicción de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la necesidad de contar con un órgano especializado, “autónomo” y colegiado, capaz de regular a una industria dinámica, en la cual se empezaba a desarrollar una competencia entre proveedores de servicios, de forma acorde con lo que sucedía en el ámbito internacional. En otras palabras, en la segunda mitad de la década de los 90 México adoptó, conceptual e institucionalmente, el modelo de competencia como el motor para el desarrollo de este sector prioritario, abandonando la concepción monopólica-estatal que durante décadas prevaleció en la prestación de servicios telefónicos y de comunicación vía satélite, entre otros.
Sin embargo, la transición del discurso y las buenas intenciones, a los hechos concretos, enfrentó, desde la génesis misma del órgano regulador, obstáculos que hasta el día de hoy ni la ley ni las resoluciones del máximo tribunal del país, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, han superado. Resulta increíble, pero el principal obstáculo para el desarrollo de este órgano regulador radica en la visión o más bien falta de visión de los gobernantes en turno y, más grave aún, de algunos de sus integrantes.
La creación de la Cofetel estuvo marcada por dos errores de enorme proporción: la pe manencia orgánica de la subsecretaría de Comunicaciones; aunada la debilidad legal de la Cofetel, al haber sido creada mediante un mero acto reglamentario y no a través de una ley federal como resultaba lógico y deseable, sobre todo si se considera el reto de regular a un mercado complejo caracterizado por la interacción de agentes económicos en extremo poderosos.
A pesar de su debilidad, la recién creada comisión logró importantes avances en sus primeros años de operación, tales como la apertura a la competencia en los mercados de telefonía de larga distancia y local; la licitación de frecuencias para el desarrollo de nuevas redes de telefonía móvil o celular y la introducción del mecanismo conocido como “el que llama paga” que, a lo largo de los años, y no exento de múltiples críticas, es reconocido en México y en el extranjero como la razón que subyace al crecimiento exponencial de la penetración del servicio móvil en nuestro país.
No obstante lo anterior, la debilidad endémica de la Cofetel se manifestó en retrasos importantes en la adopción y aplicación de políticas públicas tendientes al control de los grupos dominantes en el mercado, la verificación y sanción de prácticas indebidas, así como, de manera general, en la introducción oportuna de la regulación necesaria para fomentar una disminución de los precios que pagamos los usuarios en algunos segmentos del mercado en donde la competencia es limitada o francamente nula.
Una década después de su creación, la Cofetel fue fortalecida por el Congreso mediante una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicada en abril del 2006, misma que, producto de los variados intereses que intervienen en este sector, generó una polémica inusitada y que para fácil referencia del público lector se denominó, peyorativamente, Ley Televisa.
La reforma fue incompleta, pero, por lo que respecta al órgano regulador de las telecomunicaciones, estuvo bien orientada. Cofetel fue reconocida, finalmente, al igual que otros órganos homólogos de nuestro sistema de gobierno, como es el caso de las comisiones de competencia, reguladora de energía y bancaria y de valores, entre otras que la precedieron, como una autoridad con rango legal, y no reglamentario. Además, le fueron conferidas, en exclusiva, las facultades de orden técnico para regular a las redes de radio y televisión abierta. Sin embargo, persistió un error de visión, que fue mantener la duplicidad de funciones entre el órgano regulador y la subsecretaría de Comunicaciones.
A partir del inicio de la administración de Felipe Calderón, la Cofetel tuvo que librar una nueva batalla, quizá la más compleja de todas: la oposición frontal a sus acciones por parte de su cabeza de sector, la SCT.
El gobierno federal, a través de la secretaría del ramo, en la forma más agresiva que se recuerde desde la creación del órgano regulador, hizo lo que estuvo en sus manos para obtener su control. Incapaz de modificar la ley por falta de representatividad en el Congreso de la Unión, el poder central utilizó procesos jurisdiccionales como la acción de inconstitucionalidad emprendida por una minoría de senadores y un juicio de amparo, para sustituir a dos de sus cinco miembros. Descalificó la capacidad y compromiso de los integrantes de su Pleno de comisionados con argumentos, no sustentados en prueba alguna, de encontrarse “capturados”por ciertos grupos de carácter económico. Como puntilla, intentó reordenar el sistema de atribuciones y facultades determinado por el Congreso de la Unión, mediante la emisión de un reglamento interior, a todas luces inconstitucional, que convertía al secretario de Comunicaciones y Transportes en una suerte de virrey de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el país.
La afectación a este dinámico sector económico, cuyos ingresos estimados fluctúan entre el 8 y 10% del PIB de la economía nacional, no fue menor, sobre todo si consideramos el costo de oportunidad perdido en cerca de cuatro años de litigios intestinos que, so pretexto de recuperar a un órgano “capturado”, distrajeron recursos que bien hubieran podido ser utilizados para regular efectivamente a los poderosos actores del sector, ampliar la competencia efectiva y, con ello, avanzar en la mejora de las condiciones de acceso de los usuarios a estos servicios básicos en mejores condiciones de calidad, precio y diversidad.
El 27 de junio pasado, el gobierno federal obtuvo finalmente la última pieza del engranaje necesario para “recuperar” la Cofetel. El arquitecto Héctor Osuna Jaime decidió renunciar a su posición como comisionado de la Cofetel, lo que propició el arribo de Mony de Swaan a este órgano, primero en su carácter de comisionado y días después como presidente del órgano regulador de las telecomunicaciones.
Muchas personas han descalificado a priori al nuevo presidente de la Cofetel, por cuestiones de fondo y forma. De fondo, al estimar que no cuenta con la experiencia indispensable para su importante encomienda. De forma, debido al burdo manejo que ha caracterizado el actuar del gobierno federal, a lo largo de tres años y medio, respecto de la “autonomía legal” del regulador de las telecomunicaciones. De Swaan se ha defendido, más de fondo que de forma: afirma tener la capacidad y remite a las pruebas de su gestión.
En mi opinión es válida la defensa del presidente de la Comisión en relación con los juicios a priori que lo descalifican. Sin embargo, creo que la principal descalificación la ha sufrido por voz propia, al señalar que el órgano regulador, que él preside, no es autónomo y que dicha autonomía constituye un “falso debate”.
Al respecto, me permito transcribir una fracción del Considerando Décimo Primero de la sentencia que dictó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recientemente, al momento de invalidar un buen número de disposiciones del ilegal reglamento interior a que se ha hecho referencia:
“…Como puede desprenderse de lo anterior, la Comisión Federal de Telecomunicaciones cuenta con autonomía plena para dictar sus resoluciones, la cual en concordancia con la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y el Reglamento Interno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, puede ser controlada por el Pleno de la citada Comisión, que es la suprema autoridad de decisión en el ámbito de competencia de la Comisión y que por tanto, puede considerarse la autoridad jerárquica superior del órgano especializada que cuenta con la autonomía otorgada por el Congreso de la Unión y que no podría limitarse, vulnerarse o modificarse a través de un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo Federal, en el ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. …”
¿Falso debate o, simplemente, línea clara e indeleble? ¿Usted qué opina?
