La mezquindad de los medios en Veracruz
Contra lo que pudiera pensarse, no es el gobierno el principal responsable de coartar la libertad de expresión en los medios de comunicación en Veracruz. Ni siquiera lo es la delincuencia, organizada o no. Los primeros culpables de la censura, el amordazamiento de los periodistas y la lisonja fácil a quienes temporalmente ostentan el poder son los propios medios, las empresas periodísticas.
No es algo nuevo. El periodismo plural en Veracruz, espacio ganado -citando a Winston Churchill- con “sangre, sudor y lágrimas” a lo largo de muchos años, comenzó su agonía hacia el final del sexenio de Miguel Alemán Velasco, durante la campaña a la gubernatura de 2004.
En ese entonces, los principales medios de comunicación del estado, escritos y electrónicos, se volcaron en favor del abanderado del PRI, Fidel Herrera Beltrán, quien a pesar de tener de su lado a todo el aparato mediático de la entidad, ganó la contienda por una diferencia de apenas 25 mil votos respecto de su principal contrincante, el todavía en aquellos años panista Gerardo Buganza Salmerón.
A pesar de haber demostrado tener poca o de plano nula influencia en el comportamiento electoral de los ciudadanos, los medios “aliados”, sin importar su penetración ni su tiraje real, fueron “premiados” con jugosos contratos de publicidad gubernamental. Y algunos dueños de medios hasta cargos recibieron en el gobierno estatal, en agradecimiento a “los servicios prestados”.
A partir de ese momento, cualquier asomo de crítica al desempeño -y a los excesos- del gobernante, transfigurado en faraón, desapareció de las páginas de los diarios, de los reproductores radiofónicos y de las pantallas televisivas. El “fidelismo” se erigió como religión oficial de los medios de comunicación veracruzanos durante seis años y Fidel Herrera fue reconocido por éstos como su “mesías”. Claro, previa recepción de las respectivas órdenes de inserción en las oficinas de la Coordinación General de Comunicación Social, con factura o, de preferencia, sin mediar ésta.
Información uniformada
Tras un sexenio de “borrachera y vacilón” informativos respecto del quehacer gubernamental, los medios veracruzanos se aprestaron a repetir el esquema con el sucesor de Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa.
Durante la campaña de 2012, se apegaron al guión de seis años atrás. Le dieron toda la “cancha” informativa al candidato del PRI, cerraron todos los espacios a la oposición y atacaron con singular saña a sus candidatos, uno de ellos, Miguel Ángel Yunes Linares, recordado en la entidad como perseguidor de medios y periodistas durante el sexenio de Patricio Chirinos Calero, en el cual fungió como secretario general de Gobierno.
La promesa de otro sexenio de jauja hizo que los dueños de los principales consorcios mediáticos y hasta los “pasquineros” -que aparecieron como plaga durante el “fidelismo”- se relamieran los bigotes con el ascenso de Duarte de Ochoa al poder.
Pero el desastre financiero que dejó la administración de Herrera Beltrán -del cual el propio Duarte no puede sustraerse, pues fue el secretario de Finanzas en ese gobierno- obligó a un replanteamiento de la disposición de la publicidad oficial y del otorgamiento de convenios. De entrada, se dejó de mantener a la infinidad de pasquines surgidos a la vera de Fidel Herrera. El nombramien-to de una periodista de amplia trayectoria y reconocida capacidad como Gina Domínguez Colío al frente de la Coordinación de Comunicación Social del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, creó una expectativa positiva e hizo pensar en que habría una relación sana, cercana y profesional entre el gobierno y los comunicadores.
Muy pronto, la realidad golpearía en la cara al gremio periodístico veracruzano y todo se convertiría en una tremenda decepción. La gestión de Domínguez Colío se regodeó en los mismos vicios del pasado: privilegios y “cortas” para los periodistas y medios “amigos”, marginación y persecución contra los críticos, y la amenaza, velada o directa, de aplicar la suspensión de convenios si no se acallaba o de plano se despedía a un reportero “incómodo” para Gina Domínguez, a quien Javier Duarte le confirió un poder inusitado. No por nada la llamaban la “vicegobernadora”.
Lo más vergonzoso es que, por migajas, la mayoría de los medios se plegaron sin más a la “línea” oficial. Por ejemplo, en Xalapa, la capital de Veracruz, periódicos como Diario AZ -que en su origen fue un medio crítico y profesional, hasta que le llegaron al precio a su dueño, Óscar Rodríguez Hernández- son un lastimero compendio de boletines del Gobierno del Estado, cuya nota principal es, invariablemente, lo que diga o haga el gobernador Javier Duarte. Como éste, hay varios más.
El colmo es que al observar un puesto de periódicos de cualquier ciudad del estado, es frecuente encontrarse con una hilera de publicaciones de diferentes empresas mediáticas que llevan la misma nota principal, el mismo encabezado y la misma fotografía, ensalzando la figura del mandatario.
¿Cómo logró el gobierno uniformar a los medios? Con una política de comunicación que rayó en el terrorismo. Cada noche, a las redacciones de los principales diarios y agencias informativas, y antes de la emisión de los noticiarios de radiodifusoras y televisoras locales, de la oficina de Comunicación Social del Gobierno de Veracruz llamaban para “sugerir” -lo cual significaba una orden, so pena de perder el convenio- qué nota debía ser la principal, y cuál otra información había que evitar destacar o de plano desaparecer de la edición.
De pena ajena.
Premiar la ineptitud
La obsesión de Gina Domínguez Colío por controlar a todos los medios no le alcanzó para acallar a las redes sociales y a uno que otro periódico que conservó su independencia editorial. Algunos por convicción. Otros, porque les fue cerrada la llave de la publicidad gubernamental.
Pero el desgaste fue cada vez mayor. Se hizo evidente cuando, en una demostración de soez genuflexión, la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos (AME) -a instancias de su representante en Veracruz, el mismo dueño de Diario AZ, Óscar Rodríguez- le otorgó a Javier Duarte un reconocimiento a su “defensa de la libertad de expresión” por crear la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, de cuya inutilidad ya hemos hablado aquí (etcétera, edición 159, págs. 8-9).
La respuesta de los medios nacionales y de las redes sociales fue la ridiculización de Javier Duarte. El “Chayopremio”, como fue conocido el reconocimiento, resultó ofensivo, al ser éste el gobernador del estado donde más periodistas han sido asesinados en todo el país. Duarte fue acribillado mediáticamente y la factura le fue pasada a Gina Domínguez.
La gota que derramó el vaso fue el asesinato, el pasado mes de febrero, del periodista Gregorio Jiménez
de la Cruz en el sur de Veracruz, cuyo caso fue pésimamente manejado por la Coordinación de Comunicación Social, que se dedicó a desinformar y a tratar de desviar la atención sobre los verdaderos móviles del homicidio para intentar imponer su versión de las “causas ajenas a su oficio periodístico”.
Las protestas por la muerte del comunicador escalaron a nivel internacional. La Sociedad Interamericana de Prensa, la Unesco, organizaciones de defensa de periodistas y de la libertad de expresión y medios de todo el planeta condenaron el crimen y demandaron el cese a las agresiones contra los trabajadores de la información en México, y en particular en Veracruz.
Durante dos días de febrero, el hashtag #HastaQueRenuncieDuarte fue trending topic en la red social Twitter.
Mientras, el mandatario veracruzano guardó silencio. Pero ya había tomado una decisión.
Gina Domínguez Colío y el procurador Amadeo Flores Espinosa fueron destituidos de sus cargos tras el escándalo por la muerte de Gregorio Jiménez. Sin embargo, no se vislumbra un cambio notable en la política de comunicación, que ahora está a cargo de Alberto Silva Ramos, un político cuya única virtud para ocupar esa posición es ser amigo personal del gobernador Duarte de Ochoa.
Paupérrimos
El homicidio de Gregorio Jiménez desnudó, además de la ausencia de condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico en Veracruz, otra realidad que lastima a los comunicadores de este estado: la franca indefensión económica a la que son condenados en sus centros de trabajo.
Gregorio Jiménez recibía 20 pesos como pago por cada nota con fotos que publicaba en el periódico Notisur de Coatzacoalcos y aproximadamente unos mil 500 pesos mensuales en El Liberal del Sur. No contaba con seguridad social y realizaba su actividad cotidiana prácticamente sin herramientas proporcionadas por las empresas a las que prestaba sus servicios informativos, trabajo que terminó costándole la vida.
Como Gregorio, la mayoría de los reporteros del estado de Veracruz trabaja en condiciones paupérrimas, con salarios de hambre y sin las prestaciones a que obliga la ley a las empresas.
Pero nada de esto importa a la mayoría de los dueños de los medios de comunicación veracruzanos. Son tan mezquinos, que sin pudor ignoran las críticas por incumplir con su obligación social de brindar información veraz y oportuna a sus lectores y audiencias, que por esa razón, cada vez los consume menos.
El poeta y editor veracruzano José Homero define muy bien esta situación: “en un estado donde la prensa ha perdido drásticamente circulación, el Gobierno de Veracruz es el único cliente que amerita la inversión. A los empresarios periodísticos, la mayoría de ellos improvisados, cuando no pillastres, no les interesa el periodismo sino el dinero fácil. La salida de Gina Domínguez de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Veracruz no implica que se transforme la relación medios-gobierno que ha imperado en este sexenio”.
Lamentablemente, tiene toda la razón.
