Uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía, es el de la inseguridad. Estudios de opinión difundidos por medios de comunicación de la ciudad de México no dejan lugar a dudas, para uno de cada cuatro mexicanos, la inseguridad es el principal problema que aqueja al país. Por ello, además de las urgentes reformas que en materia económica y política se discuten en nuestros días en el Congreso de la Unión, la de la procuración de justicia es impostergable.
Una vertiente de análisis, entre tantas otras posibles, es la de ubicar el papel y la responsabilidad de los medios ante el fenómeno de la inseguridad, aunque para ello antes se vuelve necesario hacer un deslinde central: en un contexto democrático, los medios por sí mismos no provocan ni evitan la comisión de delitos ni las conductas violentas, ésa no es una misión que les corresponda ni siquiera es uno de sus alcances. En cambio, sí han demostrado una notable capacidad para incidir en la percepción que la ciudadanía tiene respecto de su seguridad, además de que pueden contribuir significativamente a la instrumentación de acciones para mejorar la prevención de ilícitos y la procuración de justicia.
Para dar una cobertura informativa responsable a la agenda de la seguridad, los medios disponen de diversos mecanismos de autorregulación, tres de ellos resultan fundamentales: el primero se refiere al hecho de no distorsionar, a través del sensacionalismo, la magnitud del problema de la delincuencia. El segundo tiene que ver con no obstruir la acción de la justicia, mediante la difusión de informaciones parciales o no verificadas. Y el tercero previene a no configurar una especie de tribunales mediáticos que juzguen o condenen, por encima de la propia autoridad.
De por sí, el problema de la inseguridad es lo suficientemente grave como para ser visto con los lentes del mercado o de la mera venta de publicidad, que sólo persigue atraer lectores, radioescuchas o televidentes. La ética del periodismo, en cambio, atiende a información y a datos veraces, y naturalmente, según los recursos que esta profesión comprende, a contar historias acerca de lo lacerante que son la delincuencia y la falta de acción expedita de la autoridad. La exageración -sin embargo- genera más incertidumbre y miedo. Un individuo o una sociedad con esos sentimientos se vuelven más vulnerables.
Los medios en su afán periodístico deben precisar la esfera de información que les corresponde, pues en no pocas ocasiones ese afán de informar llega a conducirles -aunque naturalmente ése no sea su propósito- a alertar a los delincuentes respecto de las acciones de la autoridad y, en consecuencia, a vulnerar la efectividad de la procuración de justicia.
El periodismo ayuda a la seguridad cuando se ejerce dando cuenta de las demandas ciudadanas, a la vez que contribuye al fortalecimiento de una cultura de la legalidad, porque la seguridad es imposible sin esta convicción fundamental.
Corresponde al rigor informativo dar cuenta de los ilícitos, al mismo tiempo que la responsabilidad del ciudadano es denunciarlos y el papel de la autoridad atenderlos de modo eficaz. Donde la confianza en la justicia se deteriora, crecen la inseguridad, el miedo y la violencia.
Los medios son protagonistas determinantes en las sociedades modernas, y eso debe conducirlos al imperativo ético de no pretender ejercer funciones que no les competen o sustituir el papel de las instituciones. Del mismo modo en que -en la democracia- los medios deben gozar de plena libertad, y los periodistas requieren condiciones de seguridad y certidumbre para realizar su labor, un periodismo responsable no puede ni debe suplantar la acción de la autoridad a través de rumores o acusaciones sin sustento, para luego pretender deslindar responsabilidades o dictaminar sobre éstas.
No son pocas las historias que se conocen de personas que fueron señaladas y acusadas a través de los medios -o por los propios medios- sin que existiera la fundamentación legal para traducir esas imputaciones en la sanción o la pena respectiva. Eso va en contra de la cultura de la legalidad y fomenta la desconfianza. Eso, hay que admitirlo junto con todas las aportaciones que a la transformación política del país han hecho los medios, lesiona la convivencia democrática. A los medios lo que es de los medios, se puede parafrasear, y a la procuración de justicia lo que es de las instituciones responsables de procurarla.
La función social de los medios, sean éstos públicos o privados, es la de corresponder con las demandas sociales, como es la de vivir en paz y gozar de seguridad. Para ello, deben ser tribuna para demandar a los legisladores la modernización del sistema de procuración de justicia; exigir a la autoridad mayor eficacia y sin duda, convocar a los ciudadanos a respaldar a sus instituciones, a sumarse en las acciones propuestas para una mejor prevención del delito, así como a tener la confianza y la determinación para levantar una denuncia cuando eso sea necesario.
Los medios constituyen el espacio natural en el que puede reflejarse la gravedad del problema y se le puede también situar de acuerdo con sus causas y sus consecuencias, porque obviamente no es lo mismo un robo simple que un secuestro, o una infracción de tránsito que traficar con droga. En una sociedad tan compleja y desigual como la nuestra, las simplificaciones ayudan poco y la cero tolerancia se aleja de la realidad.
En ese terreno, los medios también deben procurar el equilibrio, recogiendo y cuestionando el parecer de la autoridad, indagando en los orígenes del fenómeno y mostrando las diversas perspectivas, sobre la base de fomentar una cultura de la legalidad y también de pleno respeto a los derechos humanos.
Los medios deben ser el foro donde se promuevan la reflexión y el debate que conduzcan a una mejor procuración de justicia, dando voz a los expertos, a las instituciones y convocando, sobre todo, a la participación de la ciudadanía, porque sin esa participación no habrá terreno posible para acabar con la inseguridad.
