En una emisión reciente del programa de Ciro Gómez Leyva, éste le preguntaba a Ismael Eslava, primer visitador de la CNDH, cuál era la lógica de quienes movieron los cadáveres de algunos de los caídos en el rancho del Sol, en el municipio de Tanhuato, Michoacán. La respuesta del visitador fue que esa pregunta habría que hacérsela a los que los movieron, y a los que estuvieron al mando del operativo policiaco ese viernes 22 de mayo de 2015.
Sin embargo, el análisis de las pruebas y los indicios que encontró la investigación de la CNDH en el caso, sugiere una respuesta: los cadáveres fueron manipulados para ocultar lo que en realidad sucedió en ese lugar. Es decir, para construir la narrativa –como ahora se dice- del operativo en el que murieron 43 personas, 42 de ellas del grupo de la delincuencia organizada que allí se encontraba (CJNG), y un miembro de la Policía Federal.
¿En qué consistió esa narrativa? En que las fuerzas federales llegaron al rancho siguiendo a los ocupantes de un vehículo cuyos ocupantes previamente habían disparado contra los efectivos policiacos, que al llegar fueron recibidos a balazos (como lo probaría el policía fallecido) y que, en legítima defensa, el destacamento de la PF habría hecho uso de la fuera letal, con el resultado conocido.
Sin embargo, desde el principio la narrativa de la Policía Federal (en ese entonces por voz del comisionado Monte Alejandro Rubido) despertó sospechas y suspicacias. La Associated Press advirtió: “La disparidad de resultados es similar al controvertido caso del 30 de junio anterior en el cual el Ejército mexicano dijo que sus tropas se habían enfrentado en un tiroteo con supuestos criminales donde fueron muertos 22 sospechosos y sólo un soldado fue herido”. Evidentemente se refiere a Tlatlaya.
Héctor Aguilar Camín dijo que:
“En Tanhuato hay tres detenidos, pero una inquietante ausencia de heridos, normales en cualquier enfrentamiento, donde la letalidad total, de un bando u otro, es simplemente contraria a la estadística. La letalidad total de un bando sobre otro indica ejecuciones o emboscadas, como en el caso de los 15 policías de Jalisco muertos el 7 de abril pasado en el kilómetro 56 de la carretera Mascota-Puerto Vallarta” (Milenio, 25/05/15).
Carlos Puig apuntó, por su parte, lo siguiente:
“No hay análisis que pasado por el filtro del correcto uso de la fuerza de parte del Estado soporte lo que supimos el viernes pasado…Esos números de muertos de un lado y del otro tienen sentido en un escenario de guerra, en la lógica de la exterminación del enemigo. Hasta donde sabemos, no se ha declarado legalmente en México la guerra a nadie. Ni siquiera se ha declarado un estado de excepción”.
El correcto uso de la fuerza supone, entre otras cosas, que “el uso de la fuerza se realizará con estricto apego a los derechos humanos, independientemente del tipo de agresión, atendiendo a los principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad” (Manual del uso de la fuerza, de aplicación común a las tres fuerzas armadas).
Muchos otros pusieron en duda, en los medios y en las redes, la versión oficial. Posteriormente Carlos Loret de Mola inició una serie de entregas en su columna de El Universal donde presentaba fotos, extractos de documentos periciales y confidencias que parecían confirmar las sospechas de que en Tanhuato, más que un enfrentamiento, se había dado una ejecución masiva. Ciro Gómez Leyva dijo que esas informaciones eran sólo versiones, rumores sin mayor sustento.
La investigación de la CNDH pone de relieve que, en efecto, ocurrió un enfrentamiento cuando la fuerza federal llegó al rancho, pero todo indica que la resistencia fue sofocada con rapidez. ¿Qué pasó después? No está muy claro, pero las evidencias periciales, forenses, balísticas, de mecánica de lesiones, etcétera, dibujan un escenario distinto.
¿De qué pruebas hablamos? Se practicaron 108 intervenciones periciales consistentes en lo siguiente:
8 certificaciones médicas y psicológicas a los detenidos, 43 opiniones en mecánica de lesiones, 43 dictámenes en criminalística, 2 en análisis de videos, una en estudio comparativo de fotografías, uno de análisis de imágenes, una en materia de incendios, 3 médicas especializadas para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato, 3 clínico-psicológicas especializadas para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato, una en planimetría, una en video, uno en fijación fotográfica y una inspección del lugar de los hechos.
Hay casi una veintena de personas que murieron por disparos en la espalda. Otros por disparos de arriba hacia abajo, lo que sugiere ejecución arbitraria o extrajudicial. Muchos de los muertos estaban con el torso desnudo, algunos en ropa interior, sin zapatos, lo que sugiere que estaban dormidos cuando empezó el enfrentamiento. Dos fueron quemados después de muertos, y uno estando todavía vivo. En total, la recomendación de la CNDH habla de 22 personas que presumiblemente fueron víctimas de una ejecución arbitraria, para no hablar de ejecución extrajudicial. ¿Y los demás, cómo murieron? Muy difícil decirlo, precisamente por la manipulación que sufrieron tanto los cadáveres como la escena de los hechos.
Como escribió en su momento Juan Pablo Becerra-Acosta, “a primera vista pareciera que en Tanhuato hay cadáveres y armas en posiciones —digámoslo suavemente— raras”. En las fotos aparecen muertos con un arma en la mano izquierda, por decir algo, y en otra foto el mismo cadáver tiene un arma distinta, en la mano derecha. Es escandaloso.
Se supone que el enfrentamiento terminó alrededor de las 9:30 de la mañana. Pero desde esa hora, hasta las dos de la tarde, la PF no permitió la entrada del ministerio público local bajo el pretexto de que se estaba limpiando y resguardando el área. A la CNDH se le permitió la entrada horas más tarde.
Que quede claro, aquí nadie está hablando de víctimas inocentes de la represión. El cártel Jalisco Nueva Generación tiene entre sus filas “gente despiadada, cruel, desadaptados, monstruos, y es verdad que al documentar sus actos abominables (emboscan, secuestran, extorsionan, mutilan, descuartizan, disuelven gente) en lugares de Jalisco y Michoacán, la furia genera ganas de ejecutarlos, pero el Estado mexicano no puede, no debe hacer eso”, dijo Juan Pablo Becerra Acosta.
¿Por qué el Estado mexicano no puede simplemente exterminar a los malos? Porque se lo prohíbe la Constitución, las leyes del país y los tratados y convenios internacionales de derechos humanos que ha suscrito. Porque el respeto a los derechos humanos no puede ser sólo declarativo. Porque el exterminio juzga, sentencia y ejecuta por adelantado, violando todo el debido proceso de la justicia. Porque dejar estos casos en la impunidad abre el camino a mayores violaciones y a la descomposición institucional y social. Porque nos retrotrae como país al tiempo de la Dirección Federal de Seguridad y la Brigada Blanca.
