Si algo hemos aprendido es que no hay reformas definitivas, que siempre quedan puntos pendientes en la agenda, además de que la realidad mutante impone nuevas necesidades, y no se diga tratándose de un sector tan dinámico y vertiginoso como el que ocupa el interés de estas líneas. La reforma en Telecomunicaciones que ya fue aprobada por ambas Cámaras -al momento de escribir este artículo solo resta que la revisora se allane al leve e inocuo cambio hecho en Diputados a su minuta y, por supuesto, la aprobación de los congresos locales- no es la excepción, pero sí marca un parteaguas en la materia y responde satisfactoriamente a la demanda de competencia, pluralidad y acceso a las tecnologías de la información, así como de mejores servicios a menor costo.
El acuerdo de las principales fuerzas políticas del país en el Pacto por México hizo posible que el Estado empequeñecido ante la fuerza de los gigantes corporativos se planteara recuperar su rectoría y asumir plenamente el hecho de que se trata de bienes de la nación concesionados a particulares, mismos que tienen todo el derecho de participar, invertir y hacer negocios, y con ello generar empleos y cumplir una función social de primera importancia, pero no de establecer las reglas del juego, ni de jugar con cartas marcadas. Seguirán siendo, sin duda, competidores importantes y de gran importancia para el desarrollo del país, y qué bueno que así sea, pero ya no serán casi únicos, lo cual significa, ciertamente, riesgo para sus intereses, pero también un reto y oportunidad para mejorar. La competencia exige y obliga inversión, innovación, creatividad.
La reforma no se hizo para satisfacer la narrativa de que una o dos empresas son enemigas de la nación -que por lo demás es falso- sino para que el Estado pueda arbitrar y ordenar los intereses legítimos de las empresas, considerando sus asimetrías, y de la sociedad, cuyos miembros tienen derecho a la información, a acceder al Internet y a las Tecnología del Conocimiento y la Información (TIC), así como a contar con servicios de calidad a bajo costo en todo el territorio nacional.
La ineficacia que en la materia han tenido COFETEL y COFECO, en parte porque algunos de los reguladores fueron cooptados por los regulados, y en parte porque cuando se decidían a tomar medidas, éstas eran impugnadas en juicios de amparo interminables, llevaron a la creación del Instituto de Telecomunicaciones, dotado de autonomía, que además de sancionar prácticas desleales y promover competencia, incluso desincorporando activos de las empresas dominantes -léase monopolios-, es la encargada de otorgar concesiones, y sus resoluciones, si bien pueden ser impugnadas mediante juicio de amparo, no procederá su suspensión. Si algún retroceso podemos ubicar en las revisiones del Senado es que en caso de multas y desincorporaciones de las demás ramas de la economía que establezca la COFECO, a la que también se le dotó de autonomía, sí habrá suspensión de efectos hasta que se resuelva el juicio, lo cual no sería grave si se le hubiera puesto un plazo de término del juicio para evitar repetir el expediente del proceso eterno. Y es que la reforma en telecomunicaciones establece afectar monopolios y promover la competencia en el conjunto de la economía.
También es lamentable que la figura de concesiones sociales que incluía las radios comunitarias e indígenas, por cumplir el legítimo propósito de que explícitamente estén mencionadas en la Constitución, el Senado les haya puesto una limitante que pudiera ser lastre para su desarrollo. Me refiero al agregado de “sin fines de lucro”, pues como venía originalmente de la Cámara de Diputados no tenían obstáculos para comercializar libremente. Y es que algunas radiodifusoras tienen la idea equivocada de que dichas radios pueden ser su competencia desleal, cuando su audiencia, temática y territorialidad no representa en realidad ninguna amenaza para sus intereses.
A pesar de lo anterior y reconociendo los avances que también hubo en el Senado, como la incorporación explícita de derechos de la audiencia, es notable el avance que significa respecto a la legislación y entramado institucional vigente. Hay un giro copernicano que pasa del control de las corporaciones a la rectoría del Estado y el reconocimiento de que se trata de bienes de interés general que implican derechos que éste debe garantizar para el conjunto de la población.
La televisión abierta tendrá tres nuevas cadenas nacionales, una de ellas pública que no será controlada por el gobierno y que contará con un consejo ciudadano que determinará la línea editorial, garantizando su apertura y pluralidad. Con ello se cumple una demanda emblemática que tiene su importancia, aún sabiendo que el futuro apunta hacia la televisión restringida, el internet libre y su acceso pleno desde la telefonía móvil, en donde también se establecen condiciones de competencia, considerando las asimetrías preexistentes y obligando a las inversiones necesarias para que exista la infraestructura necesaria para llevarla a todos los rincones del país. Y así como el “must carry” y “must offer” obliga a proporcionar y transmitir señales de manera gratuita, Telmex queda obligada a compartir su infraestructura. Se acaban las cartas marcadas.
No estamos en el final del camino sino en el inicio de uno nuevo. Habrá que recorrerlo con entusiasmo, por las enormes oportunidades que se abren tras el movimiento telúrico en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones que representa la reforma, pero también con la cautela de quien sabe que está haciendo camino al andar. Faltan las leyes secundarias que pueden potenciar o limitar lo acordado y el Instituto de Telecomunicaciones concentrará un enorme poder que esperemos sepa utilizar con justicia y buen sentido. Va a ser importante que la sociedad vigile de cerca su actuación.
Lo fundamental es que se dio un gran paso en la dirección correcta en un tema que el mayor de los optimistas no vislumbraba tras el resultado electoral de 2012. Si la política es el arte de lo posible, habrá que celebrar que el Pacto por México haya logrado lo que parecía imposible.
